La Corte de Estados Unidos avanza sobre los derechos de las minorías

La Corte Suprema de Estados Unidos volvió esta semana a dar un golpe a la agenda de derechos de las minorías, cuando todavía no se ha calmado el debate acerca de temas clave en el país.

La (en los hechos) autorización para discriminar a parejas del mismo sexo o personas LGBT+, el fin de la protección legal para el acceso al aborto o la condonación de los préstamos a los estudiantes universitarios son algunos de esos golpes.

En dos fallos, uno de 6-3 en el caso de la Universidad de Carolina del Norte y otro de 6-2 en el caso de Harvard, el tribunal puso fin a la discriminación positiva en la educación superior, que obligaba a tomar en cuenta la raza, el sexo, la etnia, la situación socioeconómica, la ubicación geográfica y los antecedentes de quienes solicitan ingreso a la universidad, para garantizar la diversidad y representación en su estudiantado. La decisión afectará a toda la educación superior en Estados Unidos, que puede ver una caída estrepitosa de la matrícula de personas de color.

Los republicanos aliados al ex presidente Donald Trump celebraron y llamaron “histórico”. Para las comunidades de color, la decisión es un golpe porque desconoce las condiciones adversas y desiguales que enfrentan negros y latinos, en un país donde el racismo es sistémico, como puede verse en los recientes y repetidos hechos de violencia policial contra afrodescendientes.

“El fallo del máximo tribunal refleja el brutal retroceso en materia de derechos humanos que experimenta Estados Unidos desde que Trump llegó a la Casa Blanca, involución que se ha recrudecido pese al fin de su mandato debido a la sólida mayoría derechista que instaló en la Suprema Corte”, escribió el periodista Mirko Trudeau, en un análisis para “Question Digital”.

Esta Corte es un diseño de Trump, que desequilibró la composición entre conservadores y liberales al nombrar a una jueza conocida por sus posiciones ultraconservadoras, tras la muerte de Ruth Bader Guinzburg,

Lo que piensan los jueces supremos es una cuestión fundamental porque integran una institución con peso político, que tiene su propia agenda, explica el politólogo tucumano Luis Karamaneff: “Históricamente, la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo mucha trascendencia. Políticas como la habilitación del aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo no salieron, como en Argentina, por normativas del Congreso, sino por fallos de este tribunal”.

Ahora, esta institución política está “corrida a la derecha” con la incorporación de jueces que simpatizan con el ala más radicalizada del Partido Republicano y que responden a los intereses del “trumpismo”, dice Karamaneff.

Estos últimos fallos (para impedir que se perdonen los préstamos universitarios, una derrota para el presidente Joe Biden, el fin de la “acción afirmativa” o el que eliminó protecciones sl aborto) no son los únicos que muestran la avanzada de la agenda conservadora en manos de estos jueces. “Hubo también limitaciones al alcance a las regulaciones ambientales y se reconocieron derechos a los propietarios de armas, un tema controversial en Estados Unidos desde siempre”, apuntó.

Los supremos, al igual que en Argentina, son vitalicios. “Como esta institución establece medidas que no son aprobadas por el Congreso, también es probable que haya nuevos fallos en este sentido. Esta composición va a seguir hasta que se produzca una jubilación o muerte que de lugar a un nuevo ingreso y que el Congreso tenga mayoría demócrata”, opina Karamaneff.

Además, marca como cuestión clave quer el conflicto también es entre la Corte y el gobierno federal, hoy en manos de los demócratas. “Es probable que veamos que esta avanzada quiera limitar al gobierno federal. Estas oleadas conservadoras buscan devolver facultades a los gobiernos estaduales por encima de las facultades del gobierno federal, como una forma de garantizar medidas conservadoras”, dice.

Por lo pronto, la sentencia dictada con los seis votos a favor de los jueces conservadores y tres en contra de las juezas de tendencia liberal llevará a que todos los aspirantes sean tratados como si se encontraran en igualdad de oportunidades, pese a las incontrovertibles evidencias de que los individuos racializados enfrentan condiciones adversas desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida personal y académica, que los colocan en seria desventaja frente a quienes provienen de estratos privilegiados

“Que esta caída en la barbarie sea comandada por el Poder Judicial constituye una advertencia de los peligros de colocar a los jueces por encima de la democracia y de crear poderes inmunes a la voluntad popular”.

La jueza Sonia Sotomayor, la única integrante de origen latinoamericano del alto tribunal, escribió que su propia vida es un ejemplo de cómo pueden funcionar los programas de acción afirmativa. En su disidencia de 69 páginas, escribió: “La igualdad de oportunidades educativas es un requisito previo para lograr la igualdad racial en nuestra nación”.

“Hoy, este Tribunal se interpone en el camino y hace retroceder décadas de precedentes y avances trascendentales. Sostiene que la raza ya no se puede usar de manera limitada en las admisiones universitarias para lograr beneficios tan críticos”, dijo Sotomayor, quien habló largamente desde el estrado, una táctica que usan los jueces para marcar su profundo desacuerdo con una decisión.