29 Mayo 2023
BOLETAS OFICIALIZADAS. Se exhiben las papeletas de sufragio en la sede de la Junta Electoral Provincial. Foto de Archivo LA GACETA / Por Analía Jaramillo
Las elecciones provinciales tienen nueva fecha confirmada, tras la frustrada convocatoria del 14 de mayo. Sin embargo, los planteos judiciales formulados por aliados a Juntos por el Cambio (JxC) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) generan incertidumbre en el ámbito político tucumano. ¿Se votará el 11 de junio? ¿O a finales de agosto? Estos interrogantes tienen impacto directo en el día a día de la campaña.
El clima de preocupación entre candidatos y armadores del oficialismo y de buena parte de la oposición se sustenta en la reciente suspensión de los comicios, en el marco de la demanda por la candidatura -finalmente depuesta- de Juan Manzur a vice del PJ-FdT.
Cuando faltaban sólo cinco días para la votación, el máximo tribunal dictó una medida cautelar que, además de aplazar la contienda, modificó planes y estrategias.
Un experimentado referente de la Capital contó que, si bien se observa un sostenido “movimiento” de estructuras oficialistas y opositoras en los barrios, la mayoría decidió “bajar la guardia” por temor a otro fallo de la Corte nacional con repercusiones institucionales. Así, la idea sería esperar “hasta último momento” para bajar los recursos al territorio. Esta especulación ya genera zozobra entre algunos “punteros”, sobre todo, de aquellos armados que habían apostado fuerte para el 14 de mayo y ahora deben buscar la manera de mantener la presencia en su circuito.
Servicios contratados
La falta de certeza sobre el día de la votación complica a oficialistas y a opositores, aunque quienes cimentan su poder de fuego sobre el aparato estatal -tanto provincial como municipal- tienen algo más de oxígeno.
Uno de los problemas que se presenta pasa por los servicios que se habían contratado con plazo de caducidad (como el alquiler de sedes partidarias, las gigantografías y los distintos formatos de propaganda).
En la mayoría de los casos, se habían acordado estos espacios -y precios- hasta mediados o finales de mayo.
Por eso, los armados más austeros deberán ajustar sus cuentas prescindiendo de algunos de estos servicios. “Si las elecciones se suspenden hasta agosto, habrá que levantar todo”, advirtió un candidato a legislador.
En el oficialismo aseguran además que el golpe de reimprimir todas las boletas fue duro. Es que, tras la decisión de Manzur de bajar su candidatura, las listas del Frente de Todos y los “acoples” afines a la Casa de Gobierno se vieron forzadas a rehacer su modelo de voto con la fórmula Osvaldo Jaldo-Miguel Acevedo. Se estima que se desecharon unas 90 millones de boletas por este motivo.
La resolución de la Junta Electoral Provincial (JEP) que convalidó los votos de la oposición pese a llevar la leyenda “14 de mayo de 2023” representó algo de alivio para el peronismo. Con este antecedente, en caso de un nuevo aplazamiento, las papeletas del oficialismo recién aprobadas por la JEP también deberían resultar válidas, más allá de que consignen la fecha del 11 de junio, opinó un referente justicialista de Capital.
Por otro lado, distintos armadores coincidieron en que no se ajustarán los costos del domingo electoral a la inflación. Así, tal como estaba previsto, un fiscal partidario percibirá unos $10.000 -más viáticos- por esa jornada, y un “movilizador”, entre $15.000 y $20.000. Incluso, está previsto que se sostenga la oferta de $5.000 en reemplazo del viejo “bolsón”. Sin embargo, estos valores sí podrían modificarse en caso de que la Corte ordene suspender los comicios hasta agosto.
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