Conflicto en Yerba Buena: denuncian a Campero por malversación de fondos

Los concejales peronistas de Yerba Buena Héctor Aguirre y Alejandro Sangenis (foto) solicitaron una sesión extraordinaria al presidente del Concejo Deliberante, Rodolfo Aranda, porque entienden que el intendente de esa ciudad, Mariano Campero, habría “malversado” $ 155 millones de fondos públicos.

“Es plata que está asignada en el presupuesto y en la ordenanza fiscal anual para diferentes cargos; y la usaron para hacer contratos con fines electorales”, explicó Sangenis sobre el motivo de su denuncia. El escrito presentado al Concejo detalla que, mediante el decreto 994/2022, el jefe municipal de Juntos por el Cambio “decide modificar el presupuesto aprobado para el año 2022 y decide la transferencia entre Cuentas Parciales de las Partidas Principales 52 y 12 de erogaciones del presupuesto municipal”.

Y añade: “y que importa detraer de la Cuenta Obra Pavimento y Bacheo y Servicios de Recolección a la Cuenta de Honorarios y Retribuciones y Programas Sociales por un importe de $ 155.000.000 sin conocimiento y por supuesto sin anuencia del Concejo”. Sangenis y Aguirre aseguraron que se trata de “una conducta reprochable, impropia de una gestión legal y constitucional que, como se verá, se encuentra encuadrada en la violación de los deberes del funcionario público”. Además, Sangenis aseveró: “el señor (por Campero) tiene que hacer todo vía Concejo y por ordenanza, y lo quiere hacer por decreto porque es un patrón de estancia que no respeta el órgano”.

Y determinó que “en caso de no ser escuchado” por el Presidente del Concejo, solicitará la intervención de la Justicia. “El decreto no puede estar por encima de la ordenanza. Lo usaron para hacer contratos en la Municipalidad de Yerba Buena con fines electorales”, repitió el edil.

Además, la documentación con fecha del 24 de abril, asegura que el Concejo “nunca tuvo conocimiento de estas graves irregularidades” y que “el Ejecutivo actuó con fondos públicos como si fuese atribución del mismo, en clara y abierta violación del sistema legal y constitucional vigente en la Provincia”.