24 Noviembre 2022
Hay una legislación, la ley de suelo de 2020, en el Estado conocen de los padecimientos de las poblaciones del sur; sin embargo, la gente sigue sufriendo los efectos de los desbordes de los ríos. Si están las herramientas, si se sabe que los desmontes y las talas indiscriminadas son parte del problema, entonces ¿por qué los habitantes de las localidades de Los Pizarros, San José de La Cocha, Domingo Millán, El Sacrificio, La Florida, Alto El Puesto (Graneros), Santa Ana, Río Chico, La Madrid y Finca Cornet tienen que seguir sufriendo las lluvias y las inundaciones?
¿Acaso a las autoridades no les interesa la situación que deben atravesar las familias de esta zonas? ¿El Estado no puede hacer más de lo que hace por mejorar las condiciones de vida de estos pobladores y atenuar los efectos de la naturaleza? Cada año se repite la misma historia: crecientes, desbordes, socavones gigantescos, caminos y canales destruidos, poblados aislados que exigen la asistencia social y viviendas debajo del agua. Las mismas consecuentes denuncias de falta de atención médica y de necesidad de víveres, medicamentos y ropa; y el mismo desinterés aparente por disponer de medidas que resuelvan definitivamente estos recurrentes problemas.
Resulta sorprendente que los vecinos, ante la proximidad de los tiempos de lluvias, digan que no les queda otra cosa que rezar para tratar de no sufrir los embates de las tormentas; lo que es una muestra de que no esperan otro tipo de auxilio.
¿Acaso no esperan ya nada del Estado o bien es que ya no les sorprende no obtener soluciones de quien debe protegerlos y brindarles bienestar a sus dramas cotidianos?
Las imágenes que se publicaron en la edición de ayer son tremendas, son elocuentes e impactan, y obligan a prestar atención a estos tucumanos que la pasan de lo peor. Las grietas y socavones de 10 metros de profundidad y de 200 metros de extensión son un peligro, ya se han devorado casas y escuelas en esas localidades en su paso destructor. Como se debería señalar a esta altura de la historia y de las circunstancias: algo hay que hacer para poder fin al desastre. ¿Quién y qué?
El comisionado rural de El Sacrificio-La Invernada admite que urge brindar seguridad a estos pobladores ante la proximidad del verano; y advierte: después puede ser tarde. Si es el representante del pueblo ante sus superiores, el Gobierno provincial, su voz debería ser escuchada. No sería correcto que no se lo atienda en el Ejecutivo, tanto como que el delegado comunal no se haga escuchar con fuerza en el seno del poder porque casualmente, debe ser la voz institucionalizada de los vecinos que sufren las lluvias. De cualquier forma, desde la Provincia apuntan que se confía en que los desbordes de los ríos van a ir siendo contenidos o mitigados en la medida en que se aplique, y se respete, la ley de suelo. Se trata de una norma aprobada hace dos años, la 9.374.
En ese marco, funcionarios de la secretaría de Desarrollo Productivo revelan que muy pocos se adecuaron a la letra de la legislación provincial. La norma compromete al sector productivo a realizar acciones tendientes a disminuir el escurrimiento generado en los campos de cultivo, con lo cual, colateralmente, implicaría atenuar los daños generales.
Lo real, al fin de cuentas, es que faltan obras hídricas para mitigar el ingreso de agua a los hogares de los de habitantes de las localidades más afectadas y al mismo tiempo para frenar los daños en los caminos de la red terciaria, que acusan el deterioro y se vuelven imposibles de transitar, aislando a familias enteras.
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