Facilitando la violencia armada en EEUU

César Chelala

Columnista invitado

El 29 de julio, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la legislación (217-213) sobre la prohibición de venta de armas semiautomáticas. Aunque importante, aún enfrenta una ardua batalla en el Senado, que sigue haciendo oídos sordos al clamor de la mayoría de la población, ansiosa de medidas más efectivas para frenar la violencia armada en el país. El análisis de este fenómeno es importante porque la violencia por las armas de fuego está aumentando en varios países del continente como consecuencia en parte del tráfico de drogas.

Las altas tasas de violencia armada en los EE. UU. son el resultado de varios factores concurrentes, incluidas las decisiones de la Corte Suprema que combinan la dependencia histórica de las milicias estatales con el “derecho constitucional” ilimitado a portar armas; la renuencia del Congreso a aprobar una legislación efectiva para el control de armas; la fácil disponibilidad de armas y la promoción comercial de armas de alto calibre por parte de los fabricantes y el comportamiento indulgente de los padres con respecto a la posesión de armas por parte de sus hijos.

La violencia armada es la principal causa de muerte de niños y adultos jóvenes en los Estados Unidos. Según investigadores de la Universidad de Michigan, las muertes relacionadas con el uso de armas de fuego aumentaron un 30 % entre 2019 y 2020, superando a los accidentes automovilísticos como la principal causa de muerte entre ellos. El país es ahora, virtualmente, una zona de guerra.

El problema está empeorando. Según los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención –Centers for Disease Control and Prevention (CDC)–, 45.222 personas de todas las edades murieron a causa de lesiones relacionadas con armas de fuego en 2020. Eso representa un aumento del 14 % con respecto al año anterior, un aumento del 25 % con respecto a cinco años antes y un aumento del 43 % sobre la década anterior.

Las decisiones de la Corte Suprema no han ayudado a mitigar este desastre social. La cantidad de casos relacionados con leyes de armas considerados por la Corte es menor, pero la hostilidad hacia las regulaciones de armas por parte de la mayoría en el tribunal ha jugado un papel importante en la conformación del comportamiento de los legisladores.

La jurisprudencia de la Corte sobre el control de armas se basa en una interpretación sesgada de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Así, en el caso District of Columbia vs. Heller (2008), la Corte Suprema dictaminó que la Segunda Enmienda protege el derecho de una persona a poseer un arma de fuego que no esté relacionada con el servicio en una milicia y a usar esa arma para fines tradicionalmente lícitos, como la autodefensa dentro de una casa. Esta interpretación fue fuertemente criticada por la difunta Jueza Adjunta de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, quien concluyó, durante una entrevista radial: “Entonces, la Segunda Enmienda está desactualizada en el sentido de que su función se ha vuelto obsoleta”.

La Corte Suprema de los EE. UU. recientemente sentó otro precedente peligroso en Nueva York. Se refería a la constitucionalidad de la Ley Sullivan, una ley de Nueva York aprobada hace más de un siglo que exige que quienes soliciten una licencia sin restricciones para portar una pistola oculta demuestren una “causa justificada”, es decir, una necesidad especial distinguible de la necesidad del público en general. En una decisión de 6-3, la Corte Suprema sostuvo que la ley es inconstitucional y dictaminó en efecto, que la posesión de armas de mano en público era un derecho constitucional protegido por la Segunda Enmienda.

Calificando la filosofía legal que subyace a la interpretación de la Corte de la Segunda Enmienda como “imprudente” y “reprensible”, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que el reconocimiento irrestricto de la Corte de este “derecho a portar armas” elimina el “derecho del estado a proteger a sus ciudadanos”.

El líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, apoyó la interpretación de la Corte diciendo que “garantiza legítimamente el derecho de todos los estadounidenses respetuosos de la ley a defenderse sin interferencia innecesaria del gobierno”. Su opinión fue compartida por el representante Andrew Clyde, republicano por Georgia, quien dijo: “Un Estados Unidos armado es un Estados Unidos seguro y libre”. Lo que estos legisladores no advierten es que, casi 400 oficiales fuertemente armados no pudieron proteger las vidas de 19 niños y dos adultos en una escuela primaria de Uvalde, Texas, durante la reciente masacre escolar.

El 25 de junio, el presidente Joe Biden promulgó la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras. La ley amplía el requisito de verificación de antecedentes para los compradores de armas menores de 21 años; proporciona un período de espera de 10 días para procesar las verificaciones de antecedentes y aumenta los fondos para las intervenciones en salud mental. Estas son medidas que valen la pena, pero no abordan los problemas básicos que subyacen a la complejidad de la violencia armada.

Mientras tanto, los fabricantes de armas continúan con la producción y promoción de armas de calibre militar, totalmente protegidas por la ley. Un estudio publicado en Annals of Internal Medicine encontró que en 2020 se vio un aumento en la compra general de armas. 16,6 millones de adultos compraron un arma de fuego frente a 13,8 millones en 2019. Es necesario aprobar una legislación más integral sobre venta y promoción de armas, leyes que deben ser fielmente ejecutadas.

Algunos padres ven como algo normal la posesión de armas letales por parte de sus hijos, entregándoselas sin reparos y sin preocuparse por la amenaza que representan para la vida de las personas. Se debe aprobar una legislación firme para hacer que esos padres rindan cuentas por los delitos de sus hijos. Los maestros también deben estar mejor capacitados para reconocer señales de peligro, principalmente problemas de salud mental entre sus alumnos. Estos indicios a menudo presagian una intención criminal.

Se debe promulgar una nueva normativa que facilite la tarea de los trabajadores escolares y psicólogos, así como promover una mejor interacción de estos profesionales con los padres de los niños. Asimismo, se deben crear programas de trabajo dirigidos específicamente a la juventud, algunos de los cuales ya existen en partes del país. La violencia armada es un problema multicausal que necesita respuestas multifacéticas destinadas a eliminar sus factores favorecedores. Si se toman las medidas adecuadas, se pueden salvar las vidas de miles de adultos y niños.