Falta de cobertura de cargos en la Justicia Federal

A 13 años de la denuncia por las presuntas irregularidades en las obras realizadas en la Universidad Nacional de Tucumán con fondos provenientes de la minería, es incierta la fecha del juicio oral. En este caso se encuentran procesados el ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, y tres de sus ex funcionarios. Además, existe la presunción de que la causa derivada, que se vincula con la acusación por presuntos sobreprecios contra los empresarios que realizaron las obras, quede en la nada debido a que en 2025 prescribiría el caso.

El uso del dinero proveniente de las regalías mineras en el período 2006-2009 está en discusión desde hace muchísimo tiempo. Se trata de fondos que ha recibido la UNT en su condición de socia de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) en Catamarca. Esta entidad surgió en 1958 por ley 14.714, para administrar el yacimiento descubierto por Abel Peirano, que legó sus derechos a la Universidad. A esta le corresponde el 40% de las regalías, que por la ley deben estar destinados a la concreción de la Ciudad Universitaria comenzada a fines de los años 40. YMAD comenzó a repartir grandes utilidades en el tiempo de producción de la Minera Alumbrera. Las regalías fueron copiosas durante la gestión de Cerisola. Él y sus ex funcionarios han sido acusados por irregularidades tanto en el manejo del dinero en colocaciones financieras como por presuntos sobreprecios en varias de las obras encaradas para finalizar, supuestamente, la Ciudad Universitaria. Se trata del manejo de $ 353 millones en esa época, equivalentes a unos 85,5 millones de dólares. La investigación, surgida de dos denuncias contra el ex rector y sus ex empleados, abarcó pericias de Gendarmería, de la Sigen y de la Procelac y para 2016 estaba lista para ser enviada a juicio oral.

Desde 2018 la causa se encuentra prácticamente en la antesala del Tribunal Oral Federal, a la espera de que concluyan medidas solicitadas por las defensas, y con problemas debido a la constitución del tribunal, que se encuentra con un solo juez, debido a que se jubilaron los otros dos integrantes. La sala trabajó precariamente durante la pandemia con magistrados subrogantes, pero se considera que un proceso tan complejo como el de las obras en la UNT requiere equipos bien constituidos en la Justicia. A este caso se agregaría el de los empresarios acusados por las obras, que tendría que ser posterior a la llamada “causa madre”, y que podría quedar en la nada si el esperado juicio oral no se materializa en los próximos tres años.

La falta de cobertura de cargos en la Justicia Federal es histórica y estructural, pero eso no quiere decir que se lo deba aceptar con resignación. Está fuera del sentido común que no se reemplace inmediatamente a una persona que pasa a retiro, algo normal en la vida laboral, y es dramático que no se cubra durante años los cargos de dos personas jubiladas. Los responsables legislativos y ejecutivos de la provincia deberían impulsar con todas sus fuerzas la normalización de esta situación. Lo esperan quienes reclaman justicia, los mismos acusados y la sociedad entera.