20 Julio 2022
Si bien ha hecho camino al andar en la historia de la Humanidad, en la Argentina pareciera haber echado raíces. “Me pregunto en qué clase de sociedad vivimos, qué democracia tenemos donde los corruptos viven en la impunidad, y al hambre de los pueblos se la considera subversiva”, se preguntaba Ernesto Sábato, mientras que el patriota venezolano Francisco de Miranda afirmaba que entre las diversas maneras de matar la libertad, “no hay ninguna más homicida para la república que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud”. Hay crímenes en nuestro país que permanecen sin castigo.
El lunes 18 de julio de 1994, a las 9.53, una trafic blanca, cargada con 400 kilos de un explosivo de nitrato de amonio, TNT y nitroglicerina amonal, se estrelló contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicada en la calle Pasteur 633, de la Capital Federal. Murieron 85 personas y hubo 300 heridos. La explosión produjo también un cráter de seis metros de profundidad y daños materiales por $15 millones, mientras que la onda expansiva dejó sin agua y sin luz a las manzanas vecinas y destruyó decenas de propiedades de la cuadra. Cuando ocurrió la tragedia, los integrantes de la AMIA trabajaban en el cronograma de distintas actividades para celebrar el primer centenario de su creación.
En el nuevo aniversario de este atroz acto terrorista, el titular de la AMIA afirmó que la causa irresuelta es una de las expresiones más vergonzosas de la historia argentina y una de las grandes deudas de nuestra democracia, “una imagen que detestamos mirar porque nos muestra un fracaso humillante”. Se preguntó cómo es posible que a 28 años del atentado no se haya podido atrapar a ninguno de sus responsables. “Los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad, ¿cómo se explica tanta impunidad?”, dijo. Amos Linetzky recordó que en enero pasado, durante el acto de asunción del presidente Daniel Ortega, el embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, compartió espacio con el iraní Mohsen Rezai, acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado. “Como mínimo debería haberle pedido a Nicaragua que cumpliera con la alerta roja de Interpol y dispusiera su arresto. En lugar de eso, guardó silencio, no hizo nada y el acusado pudo volver tranquilamente a su país”, manifestó.
En 28 años, la Justicia argentina no ha podido averiguar quiénes ordenaron, financiaron y ejecutaron el atentado contra la AMIA. Tampoco pudo esclarecer con exactitud quiénes fueron los encubridores y los que enredaron la investigación para que no pudiera llegarse a la verdad. Ello pone en evidencia que el Poder Judicial ha estado en las últimas décadas al servicio del poder político. En contrapartida, a sólo tres días del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, en la estación española de Atocha, ya se conocía a los autores. En otros países, la Justicia es un poder en verdad independiente que está al servicio de la comunidad y no de los gobiernos o intereses de turno.
La llaga continúa abierta. Se trata de no bajar los brazos, y evitar que la Justicia cierre este capítulo funesto que afecta no solo a la colectividad judía, sino que opaca a la democracia argentina.
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