Cuando el mensaje erróneo parte de las autoridades

“Una campaña municipal sobre consumo de drogas llevó confusión a los jóvenes. Es más grave el error cuando lo comete la autoridad.

Acordate de estos consejos: el porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquita para que veas cómo reacciona tu cuerpo”. Estas no son las recomendaciones de un viejo adicto a un joven a punto de debutar en el consumo problemático de sustancias ilegales. Las temerarias sugerencias estaban escritas en un folleto que repartieron autoridades del municipio bonaerense de Morón, encargadas de guiar, justamente, a los sectores jóvenes de esa comunidad.

El día elegido para lanzar la campaña fue el domingo, en una jornada espléndida para disfrutar en familia, mientras se desarrollaba un festival cultural, recreativo y gastronómico en un paseo público de Morón. ¿Qué objetivo comunicacional perseguía la Dirección de Políticas para Juventudes del municipio al intentar dar “consejos” sobre cómo consumir marihuana y cocaína? ¿Qué resultados pretendían conseguir en un país que soporta la sangría de tantos niños y jóvenes atrapados en las adicciones y que ni el propio Estado puede controlar?

“No tenemos que banalizar el consumo. Nadie se va a iniciar en las drogas porque lea un folleto”, intentó justificar y, de paso, bajar el tono de la polémica el secretario de Salud de Morón, Martín Latorraca. En tiempos de debate sobre despenalización del consumo personal de drogas el mensaje no parecía estar dirigido a que los jóvenes no se droguen sino, precisamente, a que lo hagan de determinada manera. Al menos esa es la lectura del contexto de la campaña, que se dio en un parque lleno de puestos de comida y de mensajes de nutrición saludable.

“Cocaína/pastillas: andá de a poco y despacio”. “Porro: mejor flores. Conseguilo de fuentes confiables”, rezaba el folleto que se presentaba como “guías de bolsillo para disfrutar a pleno”. ¿Cuánto dista este mensaje de la prohibición del artículo 209 de Código Penal Argentino, que castiga con penas a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado”? Pero de esto ya se ocupa la Justicia. Hay tres denuncias penales en contra del intendente, Lucas Ghi,: una del abogado Fernando Sarabozo, otra por el representante de Jóvenes Republicanos Ulises Chaparro y la última por del diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff.

Lo que nos interesa destacar en este espacio es la falta de responsabilidad de las autoridades gubernamentales a la hora de enviar un mensaje sensible a la sociedad.

Lejos de rectificarse por el error cometido, el intendente se escuda en   el aval de una ordenanza municipal que promueve “el control de riesgos y daños en consumos problemáticos”. “No se puede negar la realidad”, dice, e insiste en la necesidad de que “si es que alguien que va a consumir, que sepa cómo hacerlo para procurar que tenga los menos efectos posibles”.

Esta respuesta deja a las claras que no se sabe qué es lo que se quiere transmitir. Se termina cayendo en mensajes contradictorios con lo que establecen las propias leyes argentinas, lo que resulta imperdonable tratándose de autoridades del gobierno. Una cosa es debatir públicamente sobre la despenalización de la droga para consumo personal y otra muy distinta es hacer creer que la droga “de a poco y despacio” no daña la salud. No se puede actuar como si no existiese la ley 23.737 que sanciona a toda persona que tenga drogas en su poder, ya sea para uso personal o para la venta. Y no olvidemos la Ley de Narcomenudeo, que nos obliga a mirar muy bien este serio problema social. El mensaje a los jóvenes nunca debió haber sido “mejor elegí flores para fabricar tu porro” sino, llanamente, no te drogues.