Por Federico Türpe
30 Abril 2022
“Hay que romper el espejo retrovisor y dejar de mirar atrás”, repite en un spot (¿de campaña?) el gobernador sustituto Osvaldo Jaldo.
Una confesión palmaria acerca del fracaso de la gestión del gobernador sabático Juan Manzur, hoy jefe de Gabinete de un gobierno nacional en puntos suspensivos. Y amotinado.
El titular del Poder Ejecutivo pide borrón y cuenta nueva, barriendo bajo la alfombra el latiguillo kirchnerista que pregona “tengamos memoria”.
Aquí no cabe la ley suprema del progresismo rentado que impone “Memoria, Verdad y Justicia”, pero que rige sólo para los ochos años de la última dictadura de hace medio siglo.
Memoria, verdad y justicia que soslaya atentados antisemitas, ventas de armas ilegales, voladuras de fábricas militares, desvíos de fondos estatales al extranjero, endeudamientos internacionales fraudulentos, asesinatos de periodistas, funcionarios, empresarios y testigos de causas del poder, niños muertos por desnutrición, enriquecimiento ilícito, fraudes y estafas electorales… Y soslaya también, y sobre todo, al propio terrorismo de Estado ejercido antes de la dictadura por el peronismo “anticomunista”.
Borrón y cuenta nueva para el combate de artes marciales mixtas entre Manzur y Jaldo, que tuvo en vilo a la provincia durante meses, en medio de la pandemia y la zozobra del vecino encerrado y angustiado.
Mientras Tucumán multiplicaba sus indigentes y se hundía en el barro de la desinversión, el sustituto y el sabático gastaban millones en pirotecnia electoral, guerra que dejó un tendal de muertos vivos que ahora deambulan y gruñen como zombis y no saben qué disfraz ponerse.
Borrón y cuenta nueva para un Estado que gasta lo que no tiene en lo que no debe. Donde la dirigencia política es casi toda rica, con parte de un empresariado prebendario y oportunista como socio, y donde el lacayismo quedó colgado con las uñas del gomón de un barco que se hunde.
Borrón y cuenta nueva con un flamante Ministerio de Obras y Servicios Públicos que no hace más que confirmar que hasta acá se hizo poco y mal.
De hecho, la primera tarea que se le asignó al jefe de esa cartera, el ex decano de la Facultad Tecnológica, Fabián Soria, fue hacer un relevamiento de todas las obras que están en curso, las programadas, prometidas, anunciadas…
Es la especialidad de Soria, una especie de cinturón negro de las hojas de cálculo Excel. Hacer mapeos, flujos de trabajo, índices de productividad, análisis de costos y beneficios.
El ingeniero en Sistemas, alfonsinista y ex militante de Franja Morada, tardó poco más de dos semanas en entregar el informe de situación al sustituto. Luego viajó a Buenos Aires a llevárselo personalmente a Manzur.
Lapidario. Eso fue lo que trascendió en los pasillos de Casa de Gobierno. Obras paralizadas o demoradas sin justificación, mal ejecutadas, sobrefacturadas o que directamente nunca pasaron de ser más que un anuncio.
Pese a que Obras Públicas representa el 7 % del presupuesto provincial, durante el último año de actividad plena, en 2019, apenas se ejecutó el 35% de la partida. Y durante los dos años siguientes, pandemia mediante, fui incluso menos.
Entonces, borrón y cuenta nueva y a pisar el acelerador con Soria para poder llegar a mostrar “algo” en la campaña de 2023.
El secretismo no cambia
“Hay que romper el espejo retrovisor y dejar de mirar atrás”. ¿Esta cancelación de la memoria también incluiría las promesas incumplidas por el propio Jaldo?
Se entiende que el sustituto pretenda abolir del recuerdo de los tucumanos la prolongada inacción de Manzur. Pero el tranqueño también cuenta en su haber con una larga y sensible lista de deudas con la sociedad.
Como la Ley de Acceso a la Información Pública. Que le avisen a Soria que incluya en su Excel que esta promesa ya tiene ocho años. La fórmula ganadora la anunció en 2016, el año del jubiloso y festivo Bicentenario.
Y ante la presión para que la provincia al menos adhiera a la ley nacional, cada tanto Jaldo reedita este compromiso. “No nos vamos a adherir a la ley nacional, vamos a sacar una ley provincial”, anunció Jaldo en agosto de 2018. Ya se cumplirán cuatro años de este último anuncio.
En agosto del año pasado, la Mesa del Diálogo de Tucumán, que encabeza el arzobispo Carlos Sánchez, le recordó a Manzur y a Jaldo que seguían en deuda con los tucumanos y, de paso, les presentó un proyecto de ley.
“El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma”, expresó la Mesa en 2021.
“La información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado”, puntualizó Sánchez.
Esta herramienta es más importante que un Ministerio de Obras Públicas, ya que permite saber cuánto y en qué se gasta el dinero de los contribuyentes, cuántos empleados tienen los tres poderes del Estado, los municipios, las comunas y las reparticiones públicas, quiénes son y qué hacen.
Otra norma prometida y cajoneada es la Ley General de Transparencia, que es complementaria a la de Información. También rige a nivel nacional (la 27.275) y la provincia sólo tendría que adherirse.
En Tucumán los funcionarios públicos ni siquiera están obligados a presentar declaraciones juradas. Más grave aún, rige la Ley 3.981 que le confiere carácter secreto a los bienes y riquezas de los funcionarios, e incluso está penalizada la divulgación de esa información.
Orgía electoral
Antes de romper el retrovisor, pudimos ver otro amague: la reforma electoral.
Fue una de las promesas que más fuerte gritaron Manzur y Jaldo para calmar los crispados ánimos sociales luego de las escandalosas y violentas elecciones de 2015.
La orgía de acoples, esas verdaderas pymes de la política financiadas en parte con dinero público, continuó su desenfreno en cada uno de los comicios que hubo durante los siguientes siete años.
En la Cámara de Diputados de la Nación se reeditó ahora el debate por la boleta única de papel.
Legisladores de la oposición, entre quienes también hay peronistas, y se sumaron incluso algunos del oficialismo, pretenden que se discuta este tema en la sesión del 5 de mayo próximo.
“Es una buena oportunidad para que quede claro cuál es la vocación de cada uno respecto a este tema. La boleta única de papel es un sistema más ágil, rápido y transparente, que ya se utiliza en provincias como Córdoba y Santa Fe”, indicó a Ámbito Financiero un asesor de Florencio Randazzo.
De aprobarse, los argentinos votarían con boleta única de papel en las próximas elecciones nacionales y los tucumanos, por fin, verían por primera vez un cuarto oscuro lleno de luz.
A nivel provincial, Jaldo no consigue dar señales claras de que quiera terminar con el despilfarro y el oscurantismo.
Pese a un sistema electoral engañoso, al millonario aparato del Estado y a una oposición dividida entre Juntos por el Cambio, Fuerza Republicana y la izquierda, el oficialismo apenas pudo ganar por menos de dos puntos el año pasado.
Jaldo es consciente de que a este gobierno, luego de 23 años en el poder, el crédito se le está acabando y por eso creó un súper ministerio.
Con casi la mitad de gente por debajo de la línea de pobreza (46,2 %), el 7 % en la indigencia (unas 120.000 personas), y con tres de cada 10 tucumanos recibiendo algún plan social, el espejo retrovisor, aún roto, nos obliga a mirar atrás.
De lo contrario, estamos condenados a seguir repitiendo la historia nefasta de esta provincia.
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