No bajó la pobreza, aumentó la limosna

No bajó la pobreza, aumentó la limosna

Esta no es una columna de economía, ni pretende serlo. Tampoco podríamos estar a la altura de abordar un análisis económico serio y profundo, pese a que en este país todos somos “economistas”.

En todo caso, es una columna de la economía popular, como le gusta segmentar al kirchnerismo, a los movimientos piqueteros y a la izquierda clásica.

Allá está la macroeconomía, la de los ricos, egoísta y codiciosa, alejada de la realidad de la gente de a pie, diferencia el populismo.

En cambio, acá está la sensible y benevolente economía del pueblo, con toda la carga demagógica que se le otorga a la palabra “pueblo”: gente más buena, más trabajadora y más generosa.

No importa que haya decenas de empresarios que no tienen ni la mitad de la fortuna que ostentan muchos dirigentes “populares”.

Es una mirada clasista del bien y del mal, anterior a la posmodernidad y a la globalización, que además de ser falaz, ya no encaja en los sistemas de producción actuales.

O acaso los celulares que usan Juan Grabois, Máximo Kirchner, Milagro Sala o los de muchos piqueteros que vimos en los últimos “acampes”, no fueron fabricados en China o en Estados Unidos.

No hacemos referencia a la mirada -también clasista- de que un dirigente que se dice popular no puede tener el último modelo de Iphone, o de que un pobre no puede usar zapatillas de 10.000 pesos.

Porque también la chicana del “hippie con OSDE” es tan clasista y odiosa como la de que todos los ricos son oligarcas explotadores.

Ambos son planteos tan falsos como sesgados, que sólo buscan desacreditar al adversario, potenciar el resentimiento y dividir a la sociedad, principal herramienta de la política argentina de las últimas décadas para mantener al rebaño alineado.

Nuestra referencia apunta a que los teléfonos que usamos, por citar sólo un ejemplo masivo que nos atraviesa a todos, se construyen en China, Corea del Sur o EEUU. Es decir, hasta en los objetos más básicos de nuestra vida cotidiana la globalización se ha encarnado.

Es por eso que los países que niegan esta realidad y se cierran al mundo, como Argentina, se van momificando poco a poco.

Fotos o películas

Cuando asumió Cristina Fernández, en diciembre de 2007, Argentina tenía poco menos del 8 % de inflación anual, un superávit fiscal equivalente al 7 % del PBI, no había cepo cambiario y existía un único dólar, una sola cotización oficial.

Cristina dejó el gobierno en 2015 con un déficit fiscal de 3,8% (casi 11 puntos menos de lo que recibió) y una inflación del 27%. Además de una parva de restricciones económicas.

Mauricio Macri logró bajar unos puntos el déficit fiscal, sin llegar nunca a tener superávit, pero multiplicó cinco veces la deuda, incrementó la pobreza en 10 puntos (del 30 al 40 %) y dejó el país con una inflación del 53 %.

A la situación actual ya la conocemos, pese a que el gobierno nos muestra una realidad de fantasía, donde la inflación está “autoconstruida en la cabeza de la gente”, según afirmó el presidente Alberto Fernández.

Ahora el Indec informó que bajó la pobreza durante el segundo semestre de 2021, del 40,6 % en el mismo período del 2020 al 37,3 %, y la indigencia del 10,5% al 8,2%.

Es una foto, de un sólo semestre, no la película completa. Si queremos ampliar la imagen, y hacer otro corte, también podemos decir que en los últimos cuatro años cayeron bajo la línea de pobreza 5,8 millones de personas, del 25,7 % en 2017 (la más baja de la última década) al 37,3 % actual, según el mismo Indec.

Esto significa que en la segunda mitad del año pasado había 17,2 millones de argentinos en situación de pobreza, sobre un total de 46 millones de habitantes.

Visto de otro modo, sumamos 120.000 nuevos pobres por mes, o 1,4 millones por año, desde 2017. Un récord que si no es mundial debe estar cerca.

Si ampliamos más la película, vemos que en los últimos 15 años ocurrieron básicamente dos cosas: no dejaron de aumentar el gasto público, la emisión monetaria para sostenerlo y la consecuente inflación. No la autoconstruida, la del almacén.

Se acabó la inyección

Otro dato que no muestra la foto del Indec es que en los últimos dos años el Gobierno inyectó una cantidad descomunal de dinero “extra” al mercado mediante diferentes canales (subsidios a empresas, bonos excepcionales a trabajadores y ayudas sociales, entre otros) para compensar el quebranto de la pandemia, en el contexto de un país con la parálisis de actividades más larga del mundo.

Como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno ya dio señales de que esta escalada indiscriminada de dinero comenzará a frenarse. Porque además ya no hay con qué, aunque La Cámpora o el propio Fernández quisieran seguir gastando a un ritmo irreal.

Argentina está quebrada. No puede pedir prestado, no puede seguir imprimiendo, no puede continuar agregando y aumentando impuestos, no aparecen nuevas inversiones importantes y no se generan nuevos empleos en la cantidad y a la velocidad que demanda el crecimiento demográfico.

Lo único que ha venido evitando que la desocupación se duplique es el empleo público, además ineficiente, improductivo, plagado de nepotismo y corrupción.

Según estiman varios economistas, en Argentina sobran cuatro millones de agentes estatales. ¿Se entiende el tamaño del problema? Es decir, si mañana se despidiera a cuatro millones de empleados públicos el país seguiría funcionando exactamente igual.

Sobre 46 millones de habitantes, sólo seis millones son trabajadores registrados del sector privado. Seis millones aportan para mantenerse así mismos, a sus familias, y a los otros 40 millones.

No es necesario ser economista para entender que la ecuación no cierra, aunque le ponga música Fito Páez.

La encerrona es complicadísima, con perspectivas de gravísima.

El sector más radicalizado del gobierno, que se aferra a un mundo que ya no existe, no que te puede gustar o no, que ya no existe, sostiene que este sistema nacional y popular es el mejor y más justo, y que para sostenerlo hay que seguir gravando a las grandes fortunas, a las PyMEs, a los trabajadores registrados y a la clase media en general.

Supongamos que tuvieran razón y les impusiéramos un 80% de cargas tributarias a las 500 fortunas más grandes del país. En realidad no son 500, pero exageremos.

Al ritmo actual con que crece el empleo público, las personas que reciben planes sociales (ya estamos en $6.000 millones anuales) y el gasto estatal descontrolado, ¿cuánto tiempo tardaríamos en volver a llegar al punto en que el dinero no alcance? ¿Cinco años, diez a lo sumo?

Con el agravante de que todos los índices negativos de la economía se habrían multiplicado exponencialmente. Ese sí sería un escenario de guerra civil.

Hay una salida

Un tucumano paga en promedio 75 impuestos, entre municipales, provinciales y nacionales. Obviamente casi nadie puede cumplir con todos y por eso se siguen creando impuestos compensatorios, y compensatorios de compensatorios.

Una familia tipo con un ingreso único de 150.000 pesos mensuales no ingresa en la línea de pobreza del Indec. Pero el cálculo de la pobreza (Canasta Básica Total) no contempla la totalidad de los gastos que tiene una familia en salud, educación, vestimenta, internet, transporte, etc. Los montos que manejan las mediciones son ficticios (como una tasación fiscal), y ni hablar de una salida al cine, a comer o un viajecito de fin de semana. O tener algún enfermo crónico en casa o un discapacitado costoso.

¿Por qué nadie quiere invertir o emprender en Argentina? En primer lugar, porque los trámites administrativos y burocráticos para montar un negocio o un emprendimiento tardan, en promedio, un año en este país.

En Nueva Zelanda demoran siete días.

En segundo lugar, porque antes de levantar la persiana los impuestos ya te ahogaron. En tercer lugar, porque las leyes laborales son absolutamente desalentadoras para tomar empleados registrados.

En cuarto lugar, por la corrupción que asfixia a cualquier emprendimiento.

Esta semana se viralizó un video que hizo un cordobés que montó, en plena pandemia, una fábrica familiar, en una sala de su casa, de discos de empanadas, sfijas y pascualinas, empaquetados y con una marca propia.

En la filmación, el hombre contó que vendió todo lo que tenía y gastó todos sus ahorros para comprar las máquinas, dos de ellas de 9.000 dólares cada una, otra de 2.000 y una cuarta más económica.

Dijo que apenas abrió y pese a que vendía muy poco por la cuarentena, comenzaron a desfilar por su negocio los inspectores. Que bromatología, que falta el matafuegos, que los azulejos son de otro color, que la luz es demasiado blanca… Visiblemente desesperado, narró que en un momento hasta había una cola de tres inspectores en la puerta de su casa aguardando para exigirle una coima.

Dijo que hasta les suplicó que lo dejaran levantar cabeza hasta que pudiera cumplir con todos.

Terminó cerrando, totalmente endeudado y buscando a quién venderle las máquinas. “Estuve meses pensando este negocio y me jugué todo, pero jamás pensé que me iban a ahogar de esta manera”, concluyó.

Ahora, qué pasaría si mañana el Estado creara un sistema de excepción para emprendedores, en el que se pudieran tramitar los permisos en 15 días, con leyes laborales más flexibles y con uno o dos años de gracia impositiva. Ah, y que se montara un control estricto sobre los agentes estatales corruptos, que piden una moneda en cada papeleo.

Sin dudas, en cada barrio comenzarían a brotar como hongos las PyMEs, los almacenes, las peluquerías, los talleres mecánicos, o las fábricas familiares de discos de empanadas.

Es apenas una idea mediocre de las miles geniales que chocan contra una pared o se acumulan en los escritorios de la burocracia y la corrupción.

No bajó la pobreza, aumentó la limosna. Y a la mala noticia no se la contamos porque usted ya la sabe.

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