CRUENTO FINAL. A Rafael Berardi lo asesinaron de un disparo en la nuca.
La imagen del cuerpo de Rafael Berardi, encadenado de manos, no fue sólo el trágico final de un secuestro extorsivo, sino la prueba categórica de que Tucumán se había transformado en un terreno fértil para las bandas que cometían este tipo de delito. Hechos que se repetían una y otra vez en diferentes puntos del país. Un resabio de una de las partes más oscuras de nuestra historia.
El edificio de Muñecas y Corrientes, donde fue secuestrado el empresario el 6 de febrero de 1987, sigue prácticamente igual. A lo largo de estos 35 años han cambiado los habitantes y esa es una de las razones por las que fue imposible encontrar un testigo directo en el lugar donde comenzó el caso. “Fue un hecho tremendo, de alto impacto en toda la provincia. Nunca nadie pensó que en Barrio Norte sucedería lo que pasaba en Buenos Aires. Las versiones que comenzaron a circular sobre que había sucedido fueron muy graves. Pero después se supo la verdad y la gente se aterrorizó más”, explicó Mario Bulacio al recordar lo que sucedió después de que encontraran su cuerpo.
El paso del tiempo no aplacó el temor de las personas que vivieron aterrorizadas durante los años de la dictadura. Por ese motivo, muchos dijeron lo justo y necesario. “No puedo dar mayores detalles, sino relatar que el caso generó un importante golpe en la sociedad. Nadie esperaba que se produjera algo así. Estábamos espantados con lo que pasó. Varios empresarios decidieron protegerse y contrataron personas para que cumplieran con ese trabajo. Normalmente era ex empleados de las fuerzas de seguridad o del ejército que estaban retirados. Lo más chistoso es que después se dieron casos de que esas personas eran las que estaban involucradas en los secuestros. Fueron tiempos muy difíciles. ¿Para qué quiere LA GACETA recordar todo esto?”, se preguntó Luisa de Hernández, una vecina de Barrio Norte.
Llamado de atención
El fuerte impacto que causó el trágico final del secuestro del empresario motivó la publicación de un editorial en LA GACETA. Ex funcionarios e investigadores y abogados penalistas señalaron que no recuerdan haber leído una postura tan dura y real como la que se publicó bajo el título “Sin alternativas”. “El delito y la impunidad se están afincando sin mayores dificultades en nuestra provincia. Lo hemos venido advirtiendo desde hace tiempo no solamente a través de las informaciones diarias, sino también en los sucesivos comentarios editoriales que sobre el tema hemos desarrollado últimamente. Si un ejemplo capital faltaba, ya está dado, lamentablemente con el asesinato del empresario secuestrado en los primeros días del mes y que fuera encontrado muerto en un paraje rural. Ya no se trata de delitos menores, de despojos, de agresiones o asaltos aislados, sino la acción de bandas de delincuentes organizados que han sentado sus bases de acción en Tucumán ante el convencimiento generalizado de que están resentidas las medidas de seguridad policiales y en consecuencia la población se encuentra en un estado cercano a la indefensión”, se pudo leer dos días después de que fueran hallados los restos de Berardi.
Hace 35 años, este diario reflejaba en esa nota lo que sintió la sociedad tucumana al enterarse del trágico final del empresario. Sensaciones que aún mantienen a flor de piel las personas que recuerdan el hecho. “El secuestro extorsivo de la máxima criminalidad que acaba de perpetrarse, ya sea obra de malvivientes locales o de sujetos provenientes de centros urbanos de mayor corrupción, es un hecho conmovedor y de profunda alarma social. Ha sido seguido con angustia y temor compartido por la población que comprende con toda razonabilidad que nadie está a salvo de estas maquinaciones provenientes de mentalidades criminógenas anormales, para las cuales la simple posesión de algunos bienes es suficiente para la consumación de atentados que no reconocen límite alguno”, escribió el editorialista.
Pedido de seguridad
Pese a que el caso se registró hace 35 años, el pedido a las autoridades no cambió demasiado. “Lo que la sociedad viene reclamando de las autoridades, estas deben proporcionar inexcusablemente: seguridad, tranquilidad para las personas y los bienes de todos sin distinciones de ninguna naturaleza. No cabe admitir excepciones ni disculpas públicas o de media voz oficial. La alarma y la preocupación colectiva se ven exteriorizadas suficientemente como para que las autoridades resuelvan de una vez por todas admitir sin reservas la existencia de una situación incontrolable y de descomposición en este orden”, agregaba la publicación.
“Está garantizada la tranquilidad pública y no hay caos en Tucumán”, explicó el ministro de Gobierno Miguel Ángel Torres. El clima que se vivía en la provincia en esos días estaba enrarecido. El crimen del empresario había golpeado a toda la sociedad. Los hombres de negocios y los empresarios más importantes de la provincia comenzaron a tener dudas sobre su seguridad. Muchos de ellos comenzaron a tomar medidas extra para protegerse ellos y a toda su familia. A la clase media y baja también los unía el espanto. Si ese delito lo sufriera una persona de poder adquisitivo alto y vinculado al poder, qué le quedaba para el ciudadano común.
Torres consideró que el secuestro y el posterior asesinato del empresario fue un hecho grave. “Puede o no ser obra de delincuentes comunes, de extorsión o de infiltración guerrillera. Sin embargo, no se puede descartar ninguna posibilidad. Son hipótesis de trabajo que no podemos descartar”, explicó en un reportaje. “La justicia federal (competente en la cuestión) dirá cuál es el móvil. ¿Quién puede decirnos que no sea cualquiera de ellas? Lo cierto es que hay muchos elementos sueltos (personas con antecedentes) desde mitad de año. Esto tiene que preocuparnos”, agregó.
El ministro Torres y el secretario Dermidio Juez Pérez reconocieron que la edición de LA GACETA donde se daba cuenta del hallazgo del cuerpo de Berardi y las complicaciones que tuvo la policía para realizar su trabajo y el editorial publicado al día siguiente habían generado preocupación en el gobernador Fernando Riera. “Nuestro ánimo no es criticar al diario, porque nos ayuda a poner en claro que no tenemos hombres ni elementos suficientes en la fuerza”, indicaron.
Los funcionarios realizaron un discurso muy similar a los de la actualidad, al hablar de “sensación de inseguridad”. “La importancia desmesurada que le ha dado LA GACETA al caso Berardi. La foto que ha publicado es igual a la de (Pedro Eugenio) Aramburu (ex presidente de facto que fue asesinado por un comando de Montoneros). Comparto por supuesto la preocupación del diario. En definitiva, reflejan aspectos que hacen a la seguridad y tranquilidad pública. De ninguna manera, está de más exagerar en estos aspectos. La muerte de Berardi es un llamado de atención”, indicó Torres.
Pero hubo más leña para las llamas de la polémica. Juez Pérez volvió a cuestionar a la Cámara de Industriales Metalúrgicos que habría criticado al gobierno de Riera. “Está usando políticamente este caso para obtener rédito sectorial. No es verdad que Tucumán es el Far West. ¿En qué medida están cumpliendo los compromisos impositivos con el Estado, quienes exigen al Gobierno la prestación de ciertos servicios?”, se preguntó . Luego reconoció: “es evidente que hay un auge delictivo, lamentable, por cierto. Pero también existe un alto grado de evasión impositiva. Si los impuestos se pagaran al día, habría para reequipar a la policía”.
Del juez
Pero más allá de todas las polémicas, había gente que trataba de esclarecer el caso. “Las investigaciones se van a intensificar hasta dar con los delincuentes autores de este criminal hecho”, aseguró el juez federal Jorge Raúl Parache que estuvo al frente de la investigación. En una entrevista con el diario, el magistrado dio algunos detalles después de que el cuerpo fuera sometido a una serie de pericias. Primero, confirmó que Berardi fue ultimado, cuando se encontraba arrodillado, de un disparo en la nuca, efectuado a corta distancia. El arma utilizada era de calibre 38 y su muerte se habría producido entre 72 y 96 horas antes de haberse producido el hallazgo de su cuerpo. También señaló que el plomo recuperado del cráneo del empresario había quedado muy dañado y era posible que no se pudiese utilizar en una futura comparación.
Confirmó que esperaban los resultados de los estudios que se le practicaron al cuerpo de la víctima; no tenía signos de haber recibido torturas. Dijo que aún se seguía estudiando si había estado permanentemente con sus manos encadenadas y con una venda en sus ojos, aunque los informes preliminares confirmaban esas posibilidades. También explicó que se realizaron rastrillajes en la escena del crimen, pero no detalló si encontraron alguna prueba de importancia.
La carta destruida
Parache fue interrogado por un periodista de nuestro diario sobre el descubrimiento y posterior destrucción de la misiva dejada por los secuestradores en la estación de servicios de San Andrés, a orillas de la ruta 9. “Como hipótesis que se maneja, pensamos que el hecho de que esa carta no llegara a destino pudo haber precipitado el desenlace de este desgraciado episodio. Después de la carta -agregó en la entrevista- hubo una comunicación telefónica con la familia y, en esa oportunidad, la esposa del empresario explicó a los delincuentes que la carta no había llegado a sus manos. Esto los puede haber alarmado e influido para que tomen la decisión de eliminarlo”, agregó el magistrado.
El juez también salió en defensa de las fuerzas de seguridad. “Tanto la Policía Federal como la Policía provincial realizaron su tarea con prontitud, ahínco y esfuerzo”. “Al preguntarle el porqué de un resultado negativo, afirmó que ‘son delitos de características muy difíciles, ya que las personas que actúan son muy profesionales. Por suerte, en la provincia hubo pocos casos”, se publicó en nuestro diario el 24 de febrero de 1987.
Parache aportó más indicios en el reportaje. Por ejemplo, dijo que era absolutamente difícil determinar cuál era el origen de la banda. “Se estima que alguna comunicación vino de otra provincia limítrofe sin que eso signifique que al empresario lo hayan tenido en otro estado. Lo que sí observamos es que es muy difícil mantener un secuestro tantos días por lo cual presumimos que contaban con medios para hacerlo”, explicó.
El magistrado también fue el responsable de hablar sobre el rescate. “Podría afirmar que la familia de Berardi no hizo ningún desembolso de dinero. En cuanto a las versiones que circularon en torno de la disminución de las pretensiones del rescate, que inicialmente era de U$S 2 millones, realmente habían rebajado a entre U$S 300.000 y U$S 400.000”, detalló. Faltaba poco tiempo para que comenzara a cerrarse el caso.
