Caso Lebbos: “El Estado no es responsable: no hubo falta de servicio de justicia”

Insistieron con la prescripción.

16 Dic 2021
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Los abogados Luis Albornoz y Augusto Cerezo Bazzi (foto) solicitaron al Poder Judicial que declare prescripta y rechace la demanda civil por $ 11,1 millones entablada contra la Provincia de Tucumán por Leticia Victoria Lebbos, hija ya mayor de edad de Paulina Lebbos, joven asesinada en 2006. “El Estado no es responsable. No hay pruebas contundentes ni científicamente demostrables que así lo indiquen”, expresó Albornoz durante su turno en la ronda de alegatos presentados ayer. Su colega y compañero en la defensa del Gobierno se preguntó si hubo falta de servicio de justicia en el caso “Lebbos”. “No. Si hubiera faltado el servicio de justicia, no se habrían hecho los juicios de los policías de Raco; el de los funcionarios del Poder Ejecutivo ni este contra el ex fiscal (Carlos Albaca), ni se habría abierto las investigaciones contra Sergio Kaleñuk y otros implicados. Ahora bien, el tema del plazo es otro tema para discutir”, reflexionó Cerezo Bazzi ante el tribunal integrado por Fernanda Bähler (presidenta), Wendy Kassar y Raúl Cardozo (asistió en forma remota).

Albornoz tomó la palabra en primer término y fue el encargado de precisar las fechas que dan sustento al planteo de prescripción de la acción civil. Esta posición, que sostiene que venció el tiempo para reclamar una reparación al Estado, ya había sido acogida en 2019 por la ex Sala III de la Cámara Penal de la capital. Ese estrado sí hizo lugar a la acción civil respecto de los ex funcionarios públicos condenados, obligación que, según pudo averiguar este diario, aún no ha sido cumplida aunque la sentencia ya está firme. La abogada querellante Soledad Deza afirmó en su alegato que había habido una serie de hechos interruptivos de la prescripción y citó en apoyo de su pretensión un fallo de 2017 emitido por la Cámara Penal en el ámbito del proceso de Albaca.

“Solicito el rechazo de la demanda en primer lugar por encontrarse prescripta la acción civil y, en segundo término, porque no ha existido en forma certera una prueba que determine la responsabilidad del Estado”, opinó Albornoz. E insistió: “no existen certezas para considerar que el Estado es responsable, o cómplice en el delito de encubrimiento (atribuido a Albaca) o de una investigación penal deficitaria”.

Cerezo Bazzi profundizó el criterio de su par. Manifestó que Lebbos debía probar el hecho generador del daño y que el daño había ocurrido, algo que, según su criterio, no sucedió. “Lo que se pretenden son $ 11,1 millones. En el juicio de 2019 se concedió la misma indemnización a la misma actora (a cargo de los ex funcionarios condenados). El daño alegado, la lesión al derecho a la verdad, a saber lo que pasó con Paulina Lebbos, ya fue reparado o está en vías de ser reparado. No se puede reparar dos veces por el mismo daño”, razonó. E insistió: “los montos y los rubros son iguales tanto en el caso anterior como en este. Hice los cálculos y con los intereses al día de hoy son $ 60 millones (los que los ex funcionarios condenados tienen que pagar a la hija de Lebbos). Hay que evitar la doble indemnización, el enriquecimiento sin causa o el pago indebido”.

El abogado del Estado subrayó que no estaba acreditado que ninguno de los 11 supuestos hechos ilícitos atribuidos a Albaca tengan una relación inmediata y directa con el daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de chance alegados por la víctima. “Tampoco están acreditados los gastos en los que incurrió (su abuelo) Alberto Lebbos”, ejemplificó Cerezo Bazzi. Y citó antecedentes que postulan que cuando esté probado el dolo del funcionario, debe responder directamente este. Pero, a continuación, negó que Albaca pueda perder la jubilación con el beneficio del 82% móvil con el argumento de que la ley preveía que eso sólo podía ocurrir en el supuesto de destitución por juicio político, que no era el caso. Cerezo Bazzi anticipó que si el Estado era condenado, iba a deducir los montos de las partidas correspondientes al Poder Judicial. Por último, dejó este pedido a los jueces: “no se nos escapa la trascendencia social e institucional de esta causa, pero les pedimos que fallen con independencia, incluso con independencia de sí mismos”.

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