Viene Alberto. La frase retumbó ayer en el despacho del gobernador. Fue escuchada anoche, durante la convocatoria que hizo el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, a sus colaboradores. La idea había sido lanzada el viernes pasado en oportunidad de la visita a Tucumán del jefe de Gabinete de la Nación y gobernador en uso de licencia Juan Manzur. El presidente Alberto Fernández desembarcará en el aeropuerto Benjamín Matienzo el próximo martes, en una visita matutina que tendrá como epicentro Monteros. Frente a ese hecho, el propio Jaldo ordenó ayer mismo que se comience a trabajar en los preparativos para que el jefe de Estado nacional tenga una cálida estadía por la zona oeste de la provincia.

Monteros es una de las 24 ciudades del país que se han constituido, por ley sancionada en el Congreso en noviembre del año pasado, en “capitales alternas”, con el fin de realizar allí reuniones con parte del Gabinete nacional, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. “Es un paso más en la construcción de una Argentina más federal”, había dicho en aquella oportunidad el propio mandatario nacional. Según pudo establecerse, la inauguración de la última etapa del Centro Judicial de ese municipio estará en la agenda de actividades. Pero la central será las deliberaciones de los gabinetes nacional y provincial en ese territorio, tal como lo marca la norma nacional.

La visita presidencial se dará en un momento de definiciones políticas y económicas en el país. Un día antes, el lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, irá a Diputados para presentar el proyecto de Presupuesto 2022, una iniciativa muy observada por el Fondo Monetario Internacional, con el fin de establecer cuáles serán las prioridades que tendrá la Casa Rosada de cara a un acuerdo con el organismo, al que este mes deberá pagarle unos U$S 1.800 millones. La idea oficial es que ese proyecto sea convertido en ley antes de cerrar la semana que viene, como una manera de mostrar voluntad de arreglo al FMI y, por sobre todo, consenso político para encaminar el rumbo económico y financiero del país. La situación inquieta al sector privado que, a la vez, considera que el Gobierno se ha excedido en la emisión monetaria para financiarse. La Encuesta de Expectativas de Ejecutivos realizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), encargada a la consultora D’Alessio Irol, identifica al déficit fiscal como el principal escollo de la Argentina, lo que deriva en el cuestionamiento al marco impositivo, con la creación de más tributos, que llevan a la friolera de 170 gravámenes. El escepticismo sigue siendo la marca del futuro argentino en materia económica, según la percepción de los principales empresarios del país.

Las restricciones cambiarias, el paupérrimo estado de las reservas netas del Banco Central, la falta de un plan directriz que soluciones, de fondo, los verdaderos problemas argentinos aún reinan por su ausencia, mientras el deterioro social es creciente. Un 43,8% de los argentinos se encontraba bajo la línea de la pobreza hacia octubre último, mientras que el 65% de los chicos permanecía en esa condición, de acuerdo con el relevamiento presentado ayer por el Observatorio de la Deuda Social elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA). La inflación sigue siendo el combustible que motoriza aquella pobreza, con reajustes que se están despertando al cierre del año, independientemente de la fijación de precios que no ha tenido el efecto proyectado para el Gobierno para frenar la suba del valor de la canasta de productos familiares. El Gobierno ha reaccionado con más planes y asistencialismo para intentar comprar tiempo.

Sin esos planes sociales, la pobreza subiría del 43,8% a 48,9%, de acuerdo con el estudio realizado por la UCA. Según el director del Observatorio, Agustín Salvia, esos programas sociales son “fundamentales para evitar que se dispare la indigencia”, y sostuvo que sin estas ayudas, ese índice subiría del 8,8% al 18%.

Los expertos de la UCA alertaron que la franja etaria de los más jóvenes es la única en la que la pobreza volvió a subir, al presentar los nuevos datos del barómetro de la deuda social. El desempleo permanecerá en los dos dígitos a juzgar por el comportamiento de los indicadores socioeconómicos. El empleo genuino no crece; sí lo hace el informal, que reconoce una remuneración equivalente al 60% de lo que sería un ingreso formal. Tanto en 2020 como este año, impactó fuerte el “efecto desaliento”, de desocupados que abandonaron la búsqueda de empleo al ver que disminuían las chances de conseguir trabajo. La UCA estima que sin ese fenómeno la desocupación se habría incrementado a niveles cercanos al 28,5% en 2020, y al 12,5% en 2021.

En 2021 sólo el 42,1% de la población económicamente activa tenía un empleo pleno de derechos, mientras el 29,6% tenía uno precario, el 19,2% un subempleo inestable y el 9,1% estaba desocupado.

Esta situación, unida al efecto de la inflación, hizo que entre 2019 y 2021 el poder adquisitivo del total de los ocupados disminuyera 7,4%. En 2021, la media de los ingresos mensuales del total de los ocupados fue de $ 50.534, una cifra por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT), es decir, aquella que incluye alimentos y gastos mínimos en servicios para una familia tipo.

Alberto Fernández llegaría a Tucumán con este difícil cuadro socioeconómico, a buscar algo de paz en las tierras de su jefe de Gabinete.

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