Termina otro año y los saqueos de 2013 continúan impunes

El medio centenar de policías acusados de la sedición que generó el caos en la provincia sigue sin enfrentar un tribunal. La causa no corre peligro de prescripción, según las leyes.

HISTÓRICA IMAGEN. Una cajera de un supermercado observa cómo quedó el lugar luego de los saqueos.   HISTÓRICA IMAGEN. Una cajera de un supermercado observa cómo quedó el lugar luego de los saqueos. LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SANCHEZ NOLI

A ocho años de que el grito “ahí vienen” se convirtiera en una pesadilla, Tucumán sigue siendo una de las pocas provincias del país que sigue sin enjuiciar a los acusados de la sedición policial que dio origen a los saqueos de 2013. Ha pasado otro año y la causa que se encuentra en el régimen conclusional no se resolvió. Es probable, si llegan a darse una serie de condiciones, que el debate oral, que se promete histórico, se realice en 2022.

Todo comenzó el 8 de diciembre en el Monumental de 25 de Mayo y Chile. Esa noche, Atlético había derrotado por 3 a 2 a Sportivo Belgrano, de Córdoba. Sin que hubiera motivo alguno, los efectivos comenzaron a reprimir a los simpatizantes que regresaban a sus hogares. Con el tiempo, se descubriría que el mensaje era para el gobernador José Alperovich, quien, como acostumbraba, había acompañado esa noche al “Decano”. Luego, los cabecillas se trasladaron a la vereda del estadio de All Boys.

La huelga policial había comenzado a gestarse varios días antes. A fines de noviembre, entonces los ministros de Gobierno Edmundo Jiménez, y de Seguridad, Jorge Gassenbauer, y el secretario de Seguridad, Paul Hofer, habían recibido a una comisión policial para discutir un incremento salarial. Pero ese grupo estaba integrado en su mayoría por efectivos que habían sido separados de la fuerza por inconducta. Además de pedir una mejora de ingresos, formularon diferentes planteos que resultaron inaceptables, como la inmediata reincorporación de todos los castigados. “Fue una especie de Mayo Francés azul”, explicó un testigo de ese encuentro.

Lo peor llegó después. Entre el 8 y el 11 de diciembre de 2013, una horda de delincuentes se adueñó de las calles de distintas ciudades. Se apoderaron de los bienes y de la tranquilidad de miles de personas. Todo eso fue posible por la huelga policial. Durante esos tres días, se registraron al menos ocho muertes (nunca se confirmó el número exacto de fallecidos, pero se habla de hasta el triple de esa cifra) y el manto de impunidad terminó cobijando a los autores. La Federación Económica de Tucumán estimó que las pérdidas que sufrió el sector treparon a los 6,5 millones de dólares.

La investigación

En el Ministerio Público Fiscal encaró dos pesquisas. Por un lado, la fiscala Adriana Reinoso Cuello se encargó de investigar a los saqueadores. Y sus pares, la ahora jubilada Adriana Giannoni y Diego López Ávila, se ocuparon de indagar sobre la revuelta policial.

Reinoso Cuello recibió centenares de denuncias, pero la mayoría de los sumarios decían “autores desconocidos”, es decir que no existía la más mínima chance de identificar a los saqueadores. Lo mismo sucedió con los expedientes que se abrieron por los crímenes. Hubo centenares de procesados, pero la mayoría fueron sobreseídos. El caso más llamativo fue el de la conocida causa “Alderetes”: más de 20 personas fueron procesadas por los saqueos, pero en esa ciudad no se habían producido esos sucesos.

Giannoni y López Ávila, que recibieron amenazas por realizar esta tarea, elaboraron una teoría del caso. Un grupo, que se había sido identificado como “Rebelde Azul”, citó en la madrugada del 9 de diciembre a sus compañeros en el estadio de All Boys. Cuando ya habían reunido a unas 200 personas, se dirigieron a la Subjefatura de Policía. La elección de ese punto no fue casual. Allí, se encontraba la base de operaciones del Servicio 911, el sistema de emergencia de la fuerza que era clave para realizar tareas de prevención y dar respuesta inmediata a las denuncias telefónicas. Después de haber bloqueado la entrada y salida de los móviles, se animaron a mucho más.

“Existió cierta connivencia dolosa entre los cabecillas de la huelga y los primeros sujetos que participaron del saqueo generalizado en nuestra provincia. Respondieron posiblemente a una orden común, a un plan, más allá de que con el correr de las horas se hubieren sumado, en forma desmedida, inescrupulosos oportunistas de la ocasión”, expresaron los fiscales. Giannoni y López Ávila también aportaron otro dato que tuvo un importante contenido emocional: los sediciosos aplaudían y vitoreaban a los saqueadores.

A juicio

En febrero de 2014, los fiscales dieron por cerrada la investigación. Debido a la gran cantidad de procesados, dividieron en tres grupos a los acusados.

• El primero está integrado por los que consideraron como los cabecillas del grupo. Ellos son: Diego Herrera, Pablo Pérez, Federico Castro, Eugenio Mamaní, Ángel Chaile, Walter García, Miguel Toledo, Flavia Bedmar, Sergio Hogas, Néstor Salinas, Diego Urquiza y Luis Herrera.

• También esperan ser enjuiciados 34 efectivos y un civil que fueron identificados por haberse sumado a la protesta.

• El ex jefe de Policía Jorge Racedo también fue procesado porque, según los fiscales: “Las situaciones de peligro y el saqueo generalizado y colectivo de personas encapuchadas reteniendo móviles y personal policial, constituían una situación extraordinaria y catastrófica; sin embargo el ex jefe de Policía nada hizo, teniendo al alcance de su mano todas las posibilidades de disponerlo”, concluyeron.

Hace ocho años que el expediente da vueltas por tribunales sin que sea cerrado de una vez. Al menos la causa no prescribirá porque los acusados son integrantes de las fuerzas policiales. Si llegaran a ser declarados culpables, podrían recibir una pena que va de tres a 10 años de prisión.

A nivel nacional: en otras provincias ya hubo condenas

Diciembre de 2013 fue el mes de las huelgas policiales. En 21 de las 23 provincias realizaron protestas entre el 3 y el 13 de diciembre. Los primeros conflictos estallaron en Córdoba y se replicaron en otros lugares. En ese clima de conflicto, el 10 de diciembre, la presidenta Cristina Fernández bailaba en un escenario que se había montado para celebrar los 30 años de democracia. “No creo en las casualidades ni en los hechos que se producen por contagio. Por contagio son las paperas. Cosas que pasan en algunas fechas no son por contagio, son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica”, respondió la actual vicepresidenta en esos días.

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