14 Octubre 2021
En sus Perspectivas Sociales y del Empleo 2021, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había advertido acerca de las consecuencias que la pandemia de la Covid-19 iba a dejar en el mercado laboral global. Se mencionó una mayor desigualdad geográfica y demográfica, más pobreza y menos trabajos dignos. “Sin un esfuerzo deliberado para acelerar la creación de empleo decente y ayudar a los miembros más vulnerables de la sociedad, y a la recuperación de los sectores de la economía más afectados, los efectos de la pandemia podrían prolongarse durante años en forma de pérdida de potencial humano y económico, y de mayor pobreza y desigualdad”, afirmó Guy Ryder, director General de la OIT.
La Argentina no escapa a este fenómeno mundial. Por el contrario, la persistente recesión que se arrastra desde hace años, sumada a la crisis sanitaria, no han hecho otra cosa que ahondar el problema y a apelar, progresivamente, a un incremento de la asistencia social ante la falta de empleos y de ingresos necesarios para escalar en la pirámide socioeconómica. La inflación, a su vez, ha constituido en un disparador de consecuencias profundas para un país que tardará en reacomodarse.
Con un 40% de su población urbana en situación de pobreza (unos 11,7 millones de habitantes) y con un 9,6% de su Población Económicamente Activa desocupada (cerca de 1,3 millón de personas), la Argentina no encuentra aún la receta para cambiarle la perspectiva a su mercado de trabajo, sin inversión y si confianza en los mercados. El Gobierno está intentando reconvertir los planes sociales a trabajo efectivo, un proceso que demandará tiempo, en función de la cantidad de asistencia social distribuida en todo el territorio nacional.
El sector privado, a su vez, ha dado a conocer una propuesta que puede marcar un punto de partida en la coordinación de acciones con el Estado para apuntalar el empleo. Durante el Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que se está realizando en Buenos Aires, los empresarios presentaron un plan de acción que consta de tres medidas centrales:
• La creación de un régimen laboral de emergencia que impulse rápidamente la creación de nuevos puestos e incentive la formalización, con bonificaciones temporales en cargas patronales privilegiando al empleo joven, un esquema temporal para desvinculaciones que preserve las indemnizaciones y de certidumbre al costo del cese de la relación laboral.
• Avanzar hacia la federalización del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, la reforma del régimen de multas laborales que desincentive la industria del juicio y la modernización de los convenios colectivos de trabajo en pos de la productividad.
• Adaptación a las nuevas demandas del mercado laboral que faciliten la inserción, la mejora del empleo independiente mediante una reformulación del monotributo y la creación de una nueva figura laboral que otorguen mayores derechos al trabajador; y, la formalización de los trabajadores de la economía popular mediante el reconocimiento de sus actividades.
La Argentina necesita consensos entre el Estado y el sector privado que privilegien el bien común y el bienestar de todos sus habitantes. Las crisis pueden ser agudas, pero dejan enseñanzas en la medida que las partes denoten resiliencia para mirar al futuro con mejores perspectivas. La construcción del nuevo escenario debe darse en un contexto de reglas de juego clara, en el que la reconstitución de la confianza sea el norte del Estado para que el sector privado pueda invertir y, así, generar más empleos.
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