25 Septiembre 2021
EXPOSICION. El ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá defender dos proyectos suyos. ARCHIVO LA GACETA
Los dos proyectos de ley que el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía Martín Guzmán presentaron después de las primarias, el presupuesto 2022 y la nueva ley de hidrocarburos, ahora son motivo de un fuerte debate interno puertas adentro del oficialismo, donde se escuchan voces críticas sobre los parámetros planteados.
Es altamente probable, además, que el debate y eventual aprobación de ambas iniciativas se postergue para después de las elecciones. Si se replica el resultado de las primarias en las elecciones del 14 de noviembre, el Frente de Todos perderá legisladores y verá disminuido su poder en ambas cámaras de Congreso.
La semana próxima el titular de la cartera económica deberá rendir examen ante el bloque que comanda el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, anticipó el diario "La Nación". Defenderá allí las pautas de inflación, tipo de cambio y la proyección de déficit fiscal que prevé para 2022. Pero, sobre todo, deberá dar cuentas de la ejecución presupuestaria de este año y de la política de ajuste fiscal que le reprochó Cristina Kirchner en su carta pública. De antemano, Guzmán tomó el guante y contradijo públicamente a la vicepresidenta. "No es lo mismo una política de ajuste fiscal que una reducción del déficit", le contestó.
Ahora el ministro deberá vérselas con la legión de diputados oficialistas, la mayoría de los cuales responde al kirchnerismo. Con respecto del presupuesto 2022, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, anticipó que el proyecto va a ser modificado. "Es habitual que los ministerios pidan ampliaciones por determinadas cuestiones", le dijo a "La Nación".
Por otra parte, en el Senado, el bloque oficialista descuenta que incluirá cambios en el ambicioso proyecto de hidrocarburos que promociona Guzmán. La iniciativa propone, en líneas generales, un esquema destinado a estimular la producción y las exportaciones de gas y de petróleo en un horizonte a 20 años mediante una serie de beneficios, que incluyen el acceso parcial a divisas y la rebaja de impuestos.
Tanto los legisladores como las propias empresas del rubro reprochan que la ley ofrezca beneficios fiscales a los productores grandes de petróleo pesado, como YPF y Pan American Energy (PAE). Otra crítica va por el lado del que el Poder Ejecutivo asuma el monopolio en la toma de decisiones, en desmedro de las provincias petroleras, como Río Negro, Santa Cruz o Chubut.
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