18 Junio 2021
ARCHIVO LA GACETA
Apenas dos meses después de la finalización del Concurso Democrático Diferenciado para el ingreso de personas pertenecientes al colectivo travesti, transexual y transgénero, cuatro de las personas ubicadas en los primeros puestos de ese concurso ingresaron a trabajar en el Poder Judicial de la Provincia.
Con la efectivización de estos ingresos, la Corte Suprema de Justicia Tucumán (CSJY) se convierte no solo en la primera de nuestro país en implementar un programa de este tipo, sino también en la provincia pionera en incorporar personas de estas minorías históricamente relegadas.
El ingreso de estos nuevos cuatro empleadas, que ya se encuentran en funciones en los centros judiciales de Capital y del Este, ha sido posible en el marco de una política pública de la Corte para garantizar la igualdad de oportunidades.
En ese marco, por Acordada N°74/20, la CSJT dispuso aprobar un sistema de ingreso democrático diferenciado, destinado a la inserción laboral para personas trans mayores de 18 años que reúnan condiciones de idoneidad en el cargo.
El sistema establece la incorporación como mínimo de una persona en cada ingreso y como máximo el 1%del total de ingresos anuales de la planta permanente o interina, hayan o no accedido al cambio registral establecido por la ley 26.743 (de identidad de género).
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El concurso
En abril, un total de 62 personas se habían presentado a rendir el concurso para ocupar cargos administrativos en el Poder Judicial. El concurso se realizó cumpliendo todas las normativas y protocolos vigentes y a pesar de la situación sanitaria actual, con el compromiso y el trabajo de las áreas de la Corte involucradas: la Dirección de Recursos Humanos, el Centro de Especialización y Capacitación, la Oficina de Derechos Humanos y Justicia y la Oficina de la Mujer.
De ese total de aspirantes, un 85% resultó aprobado e iniciaron los trámites correspondientes para su futuro ingreso. Hoy, solo dos meses después, se produce el ingreso de los cuatro primeros postulantes.
El proceso
Desde la aprobación de la Acordada N°74/20, la Corte ordenó a la Dirección de Recursos Humanos, a la Oficina de Derechos Humanos y a la Oficina de la Mujer, el diseño y la implementación de un registro de personas travestis, transexuales y transgénero interesadas en ingresar al Poder Judicial.
En esta primera etapa se convocó a alrededor de 20 organizaciones civiles y varios organismos públicos municipales y provinciales a participar de la publicidad y organización del concurso.
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Se realizaron a partir de allí numerosas reuniones a través de Zoom, explicando la mecánica de concursos que desde hace 10 años está llevando a cabo el Poder Judicial. A partir de este proceso, se inscribieron en el registro 288 personas con título secundario y 120 sin título.
Una vez finalizada la inscripción, que se realizó a través de la página web, se pasó a la segunda etapa, de capacitación. Las oficinas a cargo del ingreso diseñaron estrategias de trabajo y capacitaciones para introducir a las personas interesadas en la organización del poder judicial, por lo que se prepararon manuales del sistema informático SAE y un manual de conocimientos teóricos que se subieron en la página de concursos de la Dirección de Recursos Humanos.
Se llevó a cabo el dictado de clases específicas para cada una de las áreas a evaluar (conocimientos teóricos en materia de derecho civil y penal, perspectiva de género y de derechos humanos, y conocimientos informáticos), como así también clases virtuales de consulta, que sirvieran para evacuar dudas y aclarar conceptos a quienes se postularon.
Estos encuentros contaron con una alta tasa de participación, despertando interés en las personas participantes. Varias organizaciones civiles acompañaron este proceso poniendo a disposición equipos informáticos para el acceso a la capacitación online.
La tercera etapa consistió en la evaluación de los postulantes. El examen fue confeccionado con lenguaje inclusivo, persiguiendo el objetivo de respetar la identidad de género. El resultado de los exámenes fue muy bueno, aprobaron el 85% de las personas postulantes y se elaboró un orden de méritos que durara tres años.
Posteriormente al examen hubo una etapa de evaluación de encuestas. Al ser la primera experiencia en este tipo de concurso diferenciado, las oficinas a cargo consideraron oportuno conocer la opinión de las personas participantes respecto de todas las etapas, desde la formación del registro hasta la evaluación, y por ello se invitó a los participantes a llenar encuestas de forma anónimas. El 80% calificó con 10 cada etapa del proceso.
Finalizadas las evaluaciones se pasó a la etapa de evaluación de exámenes preocupacionales, que consistió en exámenes médicos, psicológicos y capacitación de acuerdo con la oficina judicial donde los aspirantes fueran a prestar servicios.
También hubo acompañamiento para una buena inserción de las personas concursantes, quienes realizaron una práctica antes del nombramiento, y para ello, los psicólogos de Recursos Humanos se encargaron de hablar con los jefes de las oficinas donde fueron destinados los ingresantes, a fin de fortalecer ese acompañamiento.
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