Interna y justicia

El confinamiento estricto por la covid-19 puso un parate a la interna en el oficialismo provincial. Las pujas en el peronismo tucumano siguieron por debajo de la superficie entre los espacios que encabezan el gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. En pocos días se cumplirán tres meses de la fractura oficial de la relación - la elección del Defensor del Pueblo- y no sólo no hubo acercamientos sino que probablemente la distancia se profundizará. La puja por el poder y por posicionarse para las elecciones de 2023 viene marcando el pulso de la política local y lo seguirá haciendo en los próximos días. La Legislatura será una vez más el centro de la disputa entre el manzurismo y el jaldismo. El lunes habrá reunión de labor parlamentaria y se espera que se convoque a una sesión para el jueves.    

En la Casa de Gobierno, los dirigentes cercanos al primer mandatario afirman que él está completamente abocado a la gestión y que esto tiene que ver no sólo con la crítica situación sanitaria sino con una decisión política. En el entorno afirman que Manzur habría definido no confrontar públicamente más con su ex compañero de fórmula. Notan que habría dado vuelta la página del enojo y que está asimilando la idea de que terminará su segundo mandato sin la colaboración de su vice.

Afirman que como el fuerte de Manzur es su agenda gubernamental, seguirá apoyándose en ella y mostrándose en los próximos días en acciones relacionadas con la gestión de la pandemia y las obras públicas en el interior.  

En el Ejecutivo siguieron con atención la polémica en el municipio de La Banda del Río Salí, territorio jaldista, por la habilitación que dio el Concejo local para que los comercios abran sus puertas y la causa que inició la Justicia por el presunto incumplimiento de las restricciones nacionales. Desecharon que los controles en esa jurisdicción hayan estado relacionados con la cercanía del intendente Darío Monteros (de licencia por covid) con Jaldo. Se mostraron preocupados por las declaraciones del presidente de la Cámara en defensa de los concejales y consideraron que son una “amenaza” para el fiscal Marcelo Leguizamón. Jaldo había considerado que al citar a declarar a los ediles “incurrió en un gravísimo exceso de atribuciones”.

Mientras, el bloque Lealtad Peronista prepara su estrategia para la sesión del jueves. Están convencidos de que sólo entrarán en el temario asuntos propuestos por el jaldismo y la oposición. Dan por descontado de que se tratará el informe que dio en el recinto el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer. Consideran que podría haber tensión en ese punto.

Los parlamentarios no dejarían pasar la oportunidad de enrostrar a Jaldo que no cuentan con personal para desempeñar su trabajo, tras la baja del millar de contratos. En las últimas horas enviaron una carta documento a Jaldo. La intimación es para que responda la nota que habían presentado el 13 de mayo. En esa misiva, los manzuristas requerían la restitución de los empleados vinculados con las 14 bancas del bloque. Plantearon que la reestructuración del personal fue ,en realidad, un “recorte” y que no condice con lo que dispone el reglamento de la Cámara. Reclamaron el mismo trato que otros grupos de trabajo y “razonabilidad” en vez de “arbitrariedad” en la distribución de los puestos. Deslizaron que si no obtienen una respuesta podrían tomar acciones legales.

Retomar la acción

En la Legislatura se aprestan para la sesión y para retomar la agenda política. Los allegados al vicegobernador aseguran que el tranqueño no ve en el horizonte un acercamiento con Manzur y que planea seguir enfocado en las actividades de la Cámara y en la construcción política. Si bien la disputa había bajado un poco los decibeles, volvieron a subir abruptamente por la controversia bandeña. El jaldismo da por descontado que Monteros está pagando las consecuencias de la interna y expresan que no permitirán más avances.

Después de la citación de los ediles que avalaron la apertura de los negocios, los concejales de esa ciudad impulsarán el lunes por la mañana un pedido de juicio político contra el fiscal Leguizamón. El legislador Gonzalo Monteros, hijo del intendente, presentó en paralelo un pedido de informes en la Unidad Fiscal para saber los motivos de los procedimientos efectuados y de la declaración de los representantes en Tribunales. Tras conocerse el entuerto, los ediles Antonio Radin (en ejercicio de la intendencia), Julio Rocha, Jorge Flores, Miryan Soraire, Miguel Diosquez y Mario Aguirre presentaron una ordenanza para crear un fondo de asistencia para trabajadores de rubros no esenciales que se sustentaría con los sueldos cedidos por los propios ediles.  

En el espacio subrayan que siguen sufriendo los embates del manzurismo. Recalcan que lo que está sucediendo con los contratos políticos de las comunas es “canallesco”. Afirman que la intimación a los empleados de comunas relacionados con referentes jaldistas es una “persecución política”. Entre los más afectados, sostienen, estarían los representantes del Este como Monteros y su par de Alderetes, Aldo Salomón y el legislador Daniel Herrera. Estiman que habría alcanzado a unos 300 nombrados en distintas comunas, pero afectados para trabajar en otras dependencias mediante el sistema de adscripciones. También aseguran que se desplazó a los coordinadores del Ministerio del Interior de esa sección electoral.

En el bloque “Justicialista de Todos” ya se preparan para la sesión. El plato fuerte político será el tratamiento del informe de Lichtmajer. Trascendió que aún no se tomó la decisión política de si se dará el visto bueno o no a la presentación. Entre los cuestionamientos estarían que la  mayoría de la documentación presentada no sería pertinente a los asuntos tratados y que la cantidad tampoco sería la anunciada.    

En el temario entrarían además una selección de temas que tienen que ver con la coyuntura y con fuertes mensajes a la Casa de Gobierno. Entre ellos estaría la autorización para que el Ejecutivo adquiera vacunas contra la covid-19; la posible titularización de profesionales que refuerzan el sistema de Salud ante los picos de casos y el impedimento de que EDET corte el servicio a comercios, bares o gimnasios que se hayan endeudado en pandemia.

Respecto de las vacunas, la idea sería “apurar” al Gobierno para que tome una definición. El argumento es que otras administraciones provinciales están tomando contacto con laboratorios y avanzando en acuerdos para la compra de dosis.

El “Patria”

El kirchnerismo tucumano quedó naturalmente en el medio de la disputa entre Manzur y Jaldo, porque hay dirigentes y agrupaciones alineados con uno y otro. Una curiosidad dentro de la interna es que varias líneas venían trabajando en la posibilidad de abrir una “Casa Patria” en la provincia, nombre que toman las sedes del Instituto Patria. La organización, que es una asociación civil, es la representación del cristinismo más puro: la vicepresidenta lo fundó en 2016 y es la presidenta honoraria. El titular, en tanto, es el senador Oscar Parrilli. El “Patria” tiene como objetivo la discusión y la generación de políticas públicas con el sello “k” y se instrumenta mediante comisiones temáticas.

La iniciativa más avanzada era la que encabezaba el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, uno de los hombres de mayor confianza de Manzur y quien viene sentando las posturas más críticas sobre el jaldismo. Incluso sonó como su posible compañero de fórmula en 2023. La propuesta del presidente de la Federación de Municipios marchaba sobre ruedas y ya se habían conformado las comisiones de locales y hasta se había concretado una charla con el ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollán. Por el avance de la interna,sin embargo, en Buenos Aires consideraron pertinente posponer la presentación hasta después de las elecciones y pedir a la dirigencia local que aúne los criterios y los esfuerzos para que no haya desencuentros ni mucho menos, dos o más filiales. El mensaje nacional es que la prioridad es la unidad del peronismo, tal como vienen expresando los referentes del Gobierno nacional.Los militantes que ya constituyeron las distintas comisiones seguirán, por lo tanto, en un espacio llamado “Espacio Patria”.

Entre los precursores por el lado del jaldismo estaba el legislador Raúl Ferrazzano, otro dirigente de trayectoria kirchnerista. Había anunciado en sus redes la intención y, de hecho, acompañó a Jaldo cuando se reunió en el Instituto con Parrilli. El referente habría mermado la velocidad al observar que otras agrupaciones estaban en la misma empresa.

El funcionario de la Anses, Jesús Salim, y la diputada nacional Mabel Carrizo también venían trabajando en la posibilidad. Sucede que en las diferentes provincias varias diputadas kirchneristas son las que llevaron las instituciones en sus provincias. A Carrizo se le habría encomendado la misión de sentar en una mesa de acuerdo político a las líneas impulsoras.  

Otros de los interesados en traerlo eran la ex ministra de Educación Silvia Rojkés, que integra una comisión en el nacional, y el ex diputado y representante del Frente Grande, José Vitar. Por ahora, la conformación quedó en suspenso.