12 Mayo 2021
Pozo de Vargas. Foto Archivo La Gaceta
Después de cinco años de parálisis, los gobiernos de la Nación y de la Provincia llegaron a un acuerdo para retomar las excavaciones en Pozo de Vargas, la fosa común más grande que dejó la última dictadura cívico-militar, con unas 148 víctimas.
Son 35 las familias que aún esperan la recuperación e identificación de los restos de las víctimas que fueron arrojados en este pozo de tres metros de diámetros, a 5 kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán. Solo resta que la Justicia termine de brindar la información técnica y la autorización para finalizar el trabajo forense.
El acuerdo se cerró cuando el ministro de Justicias y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, visitó Tucumán para reunirse con el gobernador Juan Manzur. Los fondos que faltan los dispondrá la provincia para completar esta causa federal.
Según los especialistas, los trabajos que restan completar corresponden entre los 4 y 5 metros finales de la excavación, de una profundidad de 40 metros. Esta labor es a un nivel tan subterráneo que demanda equipamiento de oxígeno y colaboración de más expertos, por la presencia de napas de agua.
Si bien aquel viejo pozo de agua se encontraba allí desde el siglo XIX como parte del trazado ferroviario para abastecer a las viejas locomotoras de vapor, la represión le halló un nuevo uso en los '70, para esconder sus crímenes. Recién en 2001, la Justicia llegó a la zona gracias a una serie de testimonios y denuncias que hablaban de un hoyo en la tierra que se tragaba a los desaparecidos. Ese año se iniciaron los trabajos de inspección, pero recién en 2004 –durante la presidencia de Néstor Kirchner- se descubrieron los primeros segmentos óseos humanos.
Pozo de Vargas. Foto Archivo La Gaceta
"Tenemos mucha expectativa de que rápidamente se retomen los trabajos para concluir esta primera etapa", dijo el legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse, cuyo padre, el senador Guillermo Vargas Aignasse, fue detenido y desaparecido por la dictadura en Tucumán.
"No hay ninguna razón para que los trabajos no se completen. Más allá de cualquier cuestión política, se trata de un gesto humanitario", añadió el diputado provincial, quien comunicó el acuerdo entre Provincia y Nación al juez federal Fernando Poviña, quien entiende en la causa.
Una vez finalizado este trabajo, el Gobierno buscará levantar un sitio de la memoria en esta finca.
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