Se judicializa la situación de la docente que denunció el mal estado de escuelas - LA GACETA Tucumán

Se judicializa la situación de la docente que denunció el mal estado de escuelas

Dictan una orden de protección a la víctima en favor de la supervisora Miguel.

05 May 2021
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El conflicto entre la supervisora de educación Andrea Margarita Miguel, que denunció el mal estado de los edificios escolares, y el Ministerio de Educación que ha decidido su separación del cargo, se ha judicializado. La Unidad Fiscal de Decisión Temprana dictó una orden de protección a la víctima en favor de Miguel y para resguardarla de sus ex compañeros de trabajo de la oficina de Educación Artística, de Maipú 1081, hacia donde había sido trasladada la docente mientras durara la investigación administrativa que se le inició. Miguel denunció que en esa dirección fue encerrada en un balcón para obligarla a firmar un acta, lo que fue desmentido por el personal de esa repartición.

Sin embargo, tras la denuncia de Miguel, el 30 de abril, el Ministerio Público Fiscal, con la firma del doctor Gerardo J. Arch, auxiliar de fiscal de la UFDT, libró una medida de protección para la docente y su grupo familiar. También decidió notificar a la Secretaría de Educación “para que tanto la denunciada como los denunciados presten servicio en ámbitos separados y distintos, a los efectos de evitar cualquier situación de amedrentamiento”.

Ocurre que las últimas denuncias de Miguel se referían al nombramiento de cargos para el Ministerio de Educación, “ad referéndum” del Poder Ejecutivo, por fuera del Estatuto del Docente y salteando las juntas de clasificación. “No puedo estar en el mismo ámbito de trabajo junto con las personas que están denunciadas por las designaciones ilegales, no corresponde”, señaló la docente.

Politización del sistema

“El ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer ha puesto de luto al Estatuto del Docente al no cumplirlo de ninguna manera, con las designaciones que ha realizado ad referéndum del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de designación de junta y sin instrumento legal que establezca el pago. Por estas resoluciones que llevan las firmas de cuatro integrantes de su gabinete se otorgan cargos por fuera de la carrera docente con sueldos de alrededor de $ 78.000 por mes cuando una maestra que recién se inicia cobra $ 31.000”, denuncia Miguel.

“Lichtmjer dice que se ha politizado la educación pero él es el único que lo ha hecho por no haber mantenido los edificios como corresponde durante 2020, ¿cómo piensa que con $ 8.000 anuales se puede mantener una estructura edilicia? La desinversión en los edificios hace imposible dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad por la carencia absoluta del personal auxiliar que tiene la provincia para las escuelas”, remarca.

“Llevo 37 días separadas de mi cargo, he realizado todas las presentaciones administrativas necesaria y todavía no tengo respuesta. Eso genera un gran desgaste y un costo para el sistema público”, afirma. Miguel denuncia a tres personas de la Modalidad de Artística de “privación ilegal de la libertad”, quienes fueron notificadas por la comisaría 5 aunque firmaron la orden dejando expresado que no reconocían los hechos expuestos.

Según Miguel esas tres personas, que son sus nuevos compañeros de trabajo, son también -según sus dichos- parte del listado de nombramientos que realizó el Ministerio de Educación ad referéndum del Poder Ejecutivo.

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