En Tucumán se debatieron políticas para todo el país contra la violencia de género

El cerro de San Javier, en Tucumán, fue donde hoy se concretó la primera reunión del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios de la región noroeste. El encuentro estuvo presidido por el gobernador Juan Manzur, las ministras nacionales, Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad) y Sabina Frederic (Seguridad); también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Claudia Sbdar.

Del cónclave para coordinar políticas contra la violencia de género, fueron partícipes los responsables afines de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero y miembros de los poderes judiciales y legislativos de las provincias mencionadas, autoridades eclesiales e invitados especiales.

“Este encuentro tiene la característica que se hace en el Norte de un país federal, en el interior, donde hace 200 nació la Argentina. Hoy, en este lugar tan emblemático como lo es Tucumán nos reunimos para avanzar de nuevo en un tema central, que tiene y debe ser una política de Estado”, comenzó diciendo Manzur en su discurso.

En este sentido, el gobernador bregó por el trabajo conjunto y aseguró que “los gobernadores hace muy poco tiempo firmamos este compromiso con la Nación, de poner todo lo que esté a nuestro alcance para combatir y erradicar esta tragedia para la sociedad como lo son los femicidios, travesticidios y  transfemicidios, todas estas cosas tan horrendas. Tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto sea así y por lo tanto deben intervenir todas las áreas del estado”.

Además, el primer mandatario destacó y celebró la presencia de los tres ministros nacionales. “En plena pandemia están aquí, avanzando y fijando lineamientos de una política de estado para evitar esta tragedia que hoy nos enluta“, dijo.

Ante el auditorio, Frederic aseguró que “desde el ministerio de Seguridad de la Nación tenemos una doble responsabilidad, en principio porque de él dependen las fuerzas federales de seguridad, que sabemos que es un personal con una tradición de integrantes varones y donde la masculinidad ha sido predominante, eso se ha modificado con el tiempo, no del todo. Y tenemos también esa responsabilidad con los Ministerios de Seguridad de las provincias a los que tratamos de trasmitir cuales son las herramientas y a su vez tomar prácticas y políticas de estos para mejorar las nuestras”.

En este sentido, la ministra de Seguridad de la Nación explicó que “esa es una línea central para nosotros, trabajar hacia adentro con el personal federal y en relación con las provincias. La otra gran responsabilidad es contar con herramientas que contribuyan a prevenir la violencia por motivos de género y esto tiene un impacto sobre el personal de las fuerzas  federales”.

“La época compleja en la que vivimos tiene una paradoja, un movimiento sobre todo en la Argentina de ampliación de los derechos de género muy significativo, y al mismo tiempo asistimos a este sostenimiento de la violencia por motivos de género; la cual nos lleva a pensar muy bien cuales son la herramientas a desarrollar para que la ampliación de los derechos por motivos de genero no convivan con la violencia por motivos de género”, amplió Frederic.

Por su parte, Gómez Alcorta destacó que “desde el 2015 el movimiento “Ni una menos” se movilizó pidiendo terminar con la violencia hacia las mujeres. En muchos municipios se viene trabajando en políticas contra la violencia de género, pero no es suficiente, ya que los femicidios ocurren todos los días. Debemos hacernos responsables. Es un tema que nos atraviesa hace siglos”.

A su vez, recalcó que: “Somos conscientes que  las violencias están vinculadas a estereotipos de género, a desigualdades, déficit en las respuestas estatales. El año pasado el Ministerio de Justicia junto al de Seguridad y al de Mujeres, entendimos que para abordar estas violencias es fundamental el trabajo articulado con estas tres áreas y así lo hicimos mediante un programa”.

Parte del diagnóstico que generó este programa fue que hay un déficit de articulación de respuestas estatales, de parte de las agencias de justicias, policiales con respuestas fragmentadas.  Y en esto, Gómez Alcorta dijo: “Carecemos de información, lo cual es un problema para cualquiera de nuestras áreas cuando deben intervenir. Esto complica la toma de decisiones. Tampoco se hace un trabajo articulado con las delegaciones locales”.

“El sistema de salud también tiene muchas dificultades de incorporar, pero no tiene circuitos para dar respuestas eficaces. Como parte de este diagnóstico, el presidente tomó la decisión de crear este Consejo Federal que coordina las áreas de las 24 provincias, con la posibilidad de invitar a los demás poderes del Estado, con el objeto que sea una genuina agenda de trabajo. Se trata de un ambicioso desafío para terminar con las violencias extremas por motivos de género”, detalló la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Luego, el flamante ministro de Justicia de la Nación aseguró que “nuestro presidente desde el primer día dijo que la única manera de abordar integralmente  las cuestiones de diversidad de género es desde la transversalidad.  Por eso tenemos esta ley que creó este Consejo para nuclear a los distintos estamentos del estado provincial y nacional.  Esa transversalidad tiene que ver también con darle respuestas rápidas a nuestro pueblo”.

En esta línea, Soria hizo referencia al “Techo de cristal” y detalló que “El 82 por ciento de los fiscales generales en la Argentina son varones”, asegurando que “eso es lo que no es una transversalidad de una Política de Estado y no podemos seguir permitiéndolo“.

El funcionario dio más precisiones y dijo que “desde diciembre de 2019 a abril de 2021 entregaron más de 1.650 dispositivos pulseras duales, que es la manera más efectiva que tenemos hoy de prevenir las violencias extremas. Está demostrado que permite que el agresor no pueda acercarse a la víctima”, y agregó que “en Tucumán, de las 105 que recibió en este año, llevan colocadas 70. Lamentablemente, hay provincias que recibieron el mismo número y colocaron menos de 20. Cada pulsera que se le pide al gobierno nacional y un  juez o un fiscal no la coloca es, posiblemente, una víctima más”.