Por Gustavo Rodríguez
05 Abril 2021
HASTA LOS ALAMBRES SE LLEVAN. Eso genera que se escape la hacienda o que entren animales y destruyan las silobolsas.
Angustiados, alarmados y resignados. Así los productores rurales hablaron del problema, que para muchos es peor que una plaga o que la tan indeseada sequía: la inseguridad que sufren. “El drama es que vivimos en la ilegalidad permanente”, sentenció Pablo Iramain, miembro del Comité de Seguridad de la Sociedad Rural Argentina.
En un sondeo de opiniones realizado por LA GACETA entre 30 productores, 25 dijeron haber sufrido algún tipo de delito. De ese número, 15 dijeron que habían sufrido hurto en sus campos. Según relataron, desconocidos ingresan a sus tierras y les roban fruta (limones, frutillas y arándanos), maíz (choclo) y plantines. “No se los llevan para comer, sino que hay organizaciones enteras dedicadas a saquear nuestros cultivos para venderlos ilegalmente”, señaló Osvaldo Martín, el titular de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).
Paradójicamente, el Viernes Santo se transformó en el día en que la ilegalidad se volcó a la calle. En distintos puntos de la capital, cada cinco o seis cuadras, se podía observar a camiones o camionetas comercializando 50 choclos a $200 y sábalos frescos a $200. Los productores sostuvieron que no es redituable vender el maíz a esos valores. Los pescados, en cambio, vienen de nuestros ríos y son atrapados clandestinamente. “Este es el país de los pícaros. Algunos delincuentes hacen dinero con lo que no les pertenece y nadie les dice nada”, dijo Juan, un ruralista que probó sus dichos. “En estos días se viralizó un video parodiando la película ‘El Planeta de los Simios’. Uno le decía al otro: ‘vamos a ‘choriar’ choclo’. En esta provincia pareciera que el delito, al menos, causa gracia, pero creo que se está naturalizando”, indicó.
Los productores reconocen que cada bolsa de limón (también de paltas) que se vende en los semáforos puede ser producto de un robo. Pero ese tema no los inquieta tanto. Sí les molestan los hurtos organizados. “Hay gente que se moviliza en camiones o camionetas que llevan un grupo de personas y en cuestión de horas pueden arruinar toda una finca”, dijo Mariano Heredia. “Lo más grave es que ese tipo de ataques crecen cuando se acercan los días de jornadas de ferias o las jornadas de mayor venta en los mercados de concentración”, agregó.
Martín, recogiendo las voces de sus afiliados, se lamentó porque en las rutas y hasta en el mismo Mercofrut no se controla el origen de los productos que ingresan allí. “Para transportar un camión con soja se debe tener una importante cantidad de documentación para circular sin problemas por todo el país. Y si no se cuenta con esos papeles, en el destino directamente no se la reciben y lo más probable que el vehículo que lleve la carga quede demorado. No entiendo por qué aquí no se hace lo mismo con el limón, por ejemplo”, explicó.
Iramain señaló que hace no mucho tiempo, en un procedimiento que realizó la división de Delitos Rurales secuestró la carga de cítricos que llevaba un camión en la puerta del Mercofrut. “Ellos cumplieron con su trabajo, pero la Justicia no profundizó la investigación para dar con el grupo delictivo”, añadió.
¡Alambre!
“Desde hace varios meses que conseguir alambre se transformó en una odisea para los ferreteros. Evidentemente, disminuyó la elaboración de este producto y lo que se fabrica va a parar a los grandes corralones”, explicó Lucía Bedogni, responsable de una ferretería con más de 30 años de experiencia. “No hay y lo que es más grave es que nuestros clientes creen que lo estamos escondiendo porque especulamos con el precio, ya que su valor, por la escasez se fue a las nubes”, agregó Julio Medina, propietario de otro comercio del rubro.
El faltante en los comercios del sector generó una ola de robos de alambres en el campo. “No se trata de un pedazo, sino de miles de metros. Muchos productores decidieron sacarlos para evitar el daño y, por supuesto, una pérdida económica importante”, detalló Iramain.
La sustracción de este elemento genera varios inconvenientes en el campo. Se escapan los animales o ingresan y le destruyen las producciones. En Tucumán se denunciaron varios hechos de la rotura de silobolsas porque vacas y caballos las rompen para alimentarse. “Un alambrado es una manera de cuidar y proteger nuestra propiedad. Si no podemos contar con eso, el panorama se complica mucho más aún: ni siquiera puedo decir que esto es mío”, añadió Iramain.
Acciones
El malestar de los productores por la inseguridad desde hace tiempo viene en aumento. El año pasado, después del homicidio de José “Pepe” Porcel se produjo una de las movilizaciones más importantes exigiendo mayor seguridad. De las marchas, el sector pasó a la acción. Por ejemplo, con el aporte de los productores, se construyó un destacamento policial en la Ramada de Abajo, donde se produjo el crimen.
“No podemos recargar las tintas al área de Seguridad del Poder Ejecutivo. No hay quejas con el accionar de la Policía porque siempre hace lo que puede con lo poco que tiene. Aquí debe haber una política de Estado para proteger al sector productivo y a los otros también en la que intervengan los tres poderes”, sostuvo el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán Sebastián Murga.
En el área de Seguridad prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema. Legisladores oficialistas y opositores, después de mucho tiempo, en algo se pusieron de acuerdo: cuestionaron la política de seguridad y exigieron respuestas para el campo (se informa por separado). En el Poder Judicial tampoco fijaron postura sobre el tema.
“Es imprescindible que el nuevo ministro de Producción, que está al tanto del problema, trabaje a la par del de Seguridad para fijar nuevas políticas, como por ejemplo, que haya mejor conectividad en las zonas más alejadas. Hay que insistir con la digitalización de denuncias y la concientización para que se las haga. La Legislatura debe aportar las leyes que hagan falta y la Justicia, hacerlas cumplir”, agregó Murga.
Entre otros reclamos, Iramain sostiene que es fundamental que el Ministerio Público Fiscal cree una oficina especializada en Delitos Rurales. “Es clave porque habrá una persona que atenderá este tipo de hechos y, al estar más empapado en el tema, la persecución penal será más fácil y efectiva”, opinó.
Martín destacó que el diálogo con las autoridades siempre estuvo abierto. “Las reuniones son muy importantes. Todo el sector está comprometido con la problemática y también queremos ser parte de la solución”, concluyó.
Las medidas que pretenden los productores
- Control a los camiones que trasladan fruta en la ruta y a la llegada en su destino final.
- Mejorar la conectividad en las zonas rurales.
- Reuniones permanentes para realizar un diagnóstico de los problemas y buscar soluciones con representantes del Estados y los productores.
- Concientizar a los ruralistas sobre la importancia de realizar una denuncia.
- Combatir el mercado negro de frutas y plantines.
- Sancionar con leyes más duras a los que cometen delitos rurales.
- Creación de una fiscalía especializada en delitos rurales.
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Sebastián Murga
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