04 Abril 2021
OSVALDO MARTÍN, presidente de la Asociación Apronor.
Los delitos que constituyen los principales flagelos para los productores rurales de otras provincias, fundamentalmente de la región pampeana y del litoral, no registran índices en aumento en Tucumán. Eso se desprende del sondeo que LA GACETA realizó entre 30 rutalistas.
Por ejemplo, seis de los encuestados reconocieron haber sido víctima de roturas de silo bolsas. “Fueron para hacer daño o por culpa de acciones vandálicas que terminaron de la peor manera”, explicó uno de los 30 productores sondeados por LA GACETA.
En su caso, desconocidos le robaron parte de un alambrado y eso permitió que ingresaran animales para alimentarse del grano que estaba almacenado. “Aquí no se debe medir tanto la pérdida. En todo caso, hay que valorar el daño que se generó”, agregó el ruralista que pidió que su nombre se mantuviera en reserva.
Otro productor relató que desconocidos ingresaron a su campo para robarle baldes de soja o maíz para consumo humano o para forraje de sus animales.
Usurpaciones
En el contexto de la polémica nacional por la usurpación de tierras rurales, siete de los productores consultados indicaron que desconocidos quisieron apoderarse de sus campos.
“Estamos atentos, por el momento no hemos tenido problemas. Los que hubo, con un poco de tiempo, terminaron resolviéndose favorablemente”, indicó Pablo Iramain, representante de la Sociedad Rural Argentina en la provincia.
Los productores se mostraron preocupados por otras situaciones que se vienen dando en los últimos tiempos. Un caso que, en particular, se está generando en la zona de Pozo Hondo, en Santiago del Estero, muy cerca del límite con Tucumán. Concretamente, sostienen que el párroco Sergio Raffaelli, que está en contra de los agronegocios y es impulsor de una reforma agraria, inició campañas en contra de los ruralistas de la zona: muchos son tucumanos.
El cura, afirman, es el líder del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), que denuncia permanentemente el despojo de tierra de los habitantes de la zona y la fumigación aérea de los campos.
“Trabajamos cumpliendo con todos los requisitos legales y siguiendo las normativas nacionales e internacionales en lo que se refiere a fumigaciones. Sin embargo, nos cuestiona duramente e incita a los habitantes de la zona para que estén contra nuestra. Es tan grave el problema que hemos pedido la mediación del fiscal general de Termas porque la situación se está saliendo de curso. Puede pasar cualquier cosa”, alertó el referente de Apronor Osvaldo Martín.
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