14 Marzo 2021
Juan Francisco Pisa. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS
El régimen conclusional se ha transformado en un dolor de cabeza para el Poder Judicial de la provincia. Lo que parecía que se transformaría en un instrumento para resolver las causas, se complica día a día por la escasez de recursos y la enorme cantidad de expedientes que deben resolverse.
Este sistema se utiliza para resolver todas que se iniciaron en 1991 hasta el 31 de agosto pasado. El Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de Justicia designaron al menos cinco fiscales conclusionales para que sigan instruyendo las causas, dos jueces de instrucción (quedó sólo uno al aceptarle la renuncia a Francisco Pisa) y tres cámaras (sólo dos están funcionando con todos sus integrantes).
En principio, según las estimaciones que se manejan, ya que no se aportó una cifra oficial, serían unas 50.000 causas para resolverse en tres años. Para cumplir con ese plazo, en principio se deberían resolver 45 casos por día, sin contar feriados, fines de semana y ferias. El aplazamiento de ese plazo aparece cada vez más cercano.
Por ese motivo, se decidió hacer una estrategia de trabajo. Se acordó por ejemplo que las causas consideradas críticas tendrán prioridad. Ellas son los expedientes abiertos por homicidios, abusos sexuales, robos agravados (especialmente los que fueron cometidos por bandas) y las que tienen detenidos. Según fuentes judiciales, serían unos 15.000 casos.
Las restantes, siempre según el plan original, se analizarían cuáles deberían pasar a archivos y las que están prescriptas. Luego de eliminarlas, se buscarán soluciones alternativas para resolverlas con mayor celeridad a través de juicios abreviados o de probations. Llevar estos casos a juicio figuraba como una última alternativa.
“Están regalando las condenas en los acuerdos con tal de sacarse una causa y también nadie sabe a ciencia cierta si se cumplen con las probations”, explicó un profesional.
Sin embargo, al ponerse en vigencia el nuevo código comenzaron a surgir inconvenientes. Por una acordada de la Corte, los 1.500 casos en los que están acusados menores deben ser resueltos por los tres jueces especialistas que existen en el fuero penal. Los magistrados pidieron sin éxito hasta el momento que al menos no los designen para que realicen turnos, planteo que por el momento no fue aceptado.
Una de las cámaras penales quedó incompleta al contraer covid la jueza Stella Maris Arce. Está de licencia desde hace más de dos semanas porque su cuadro fue grave y no se sabe cuándo se reincorporará. Además, fuentes judiciales confirmaron que Alicia Freindeberg, la otra integrante de esa sala estaría próxima a jubilarse.
En la Corte, para tratar de descomprimir la situación, está pensando en nombrar una cuarta cámara penal para que actúe independientemente y reemplace las bajas que se produjeran en los otros tribunales.
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