Por Gustavo Rodríguez
20 Diciembre 2020
EL LUGAR DEL HECHO. El crimen de la pequeña de tres años se registró en una humilde casa ubicada en un barrio de Catamarca al 1.200. LA GACETA / FOTO DE JOSé NUNO
Los abuelos de Érika, la niña de tres años que fue asesinada de un golpe en la cabeza, quedaron a un paso de ser enjuiciados por el horrendo crimen ocurrido el 2 de julio. Fátima del Valle Lucena fue considerada como la autora material del hecho, mientras que su pareja, Roque Fabián Aguirre, de lesiones y abandono de personas agravado por el vínculo.
Por el hecho, que fue investigado por la fiscala Adriana Giannoni y el requerimiento a elevación a juicio realizado por su par Carlos Sale, podrían ser investigados los funcionarios y el personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia y Familia (Dinayf) para determinar si no incumplieron en sus deberes de funcionarios públicos al no brindarle asistencia a la víctima.
El comienzo de la pesadilla
Érika vivía con su madre y sus hermanas Samira (5 años) y Victoria (1) en la casa de su abuela materna en un humilde barrio de Banda del Río Salí. Los profesionales de la Dinayf las sacaron de ese hogar al descubrir que prácticamente estaban abandonadas, ya que su progenitora estaba en situación de calle por los graves problemas de adicción que tenía y nada se sabía de su padre.
Fueron internadas en la Sala Cuna, donde los profesionales del lugar la contuvieron psicológicamente y lograron que recuperara peso y curarla de todos los males que sufría. En agosto de 2019, por recomendación de los funcionarios de la oficina estatal, la Justicia decidió otorgarle la guarda legal a Aguirre, abuelo biológico de la niña. El informe de los especialistas señaló que podía hacerse cargo de las niñas, que las pequeñas vivirían en una casa humilde de Catamarca al 1.200 y que la compartiría con la nueva pareja del hombre y los tres hijos de ese matrimonio, todos menores de edad.
“Durante casi un año la niña fue sometida a malos tratos físicos y verbales, consistentes en golpes en todas partes del cuerpo, quemaduras de cigarrillos y agua caliente, fuertes zamarreo, arrancado de cabello y varillazos”, enumeraron los investigadores a la hora de fundamentar la acusación en contra de los abuelos. Y en el escrito agregaron: “la libraron a un estado general de abandono, falta de alimentación, falta de higiene y falta de atención médica ni curaciones por las heridas infligidas, todo lo que en suma le produjo un grave deterioro a su salud integral”.
Un cajón, el arma asesina
La corta y desdichada vida de Érika comenzó a apagarse el 2 de julio. Ese día, por razones que no están claras, en horario sin establecer, según los investigadores, Lucena le propinó un fuerte golpe en la cabeza con un cajón de cerveza. “Con intenciones de quitarle la vida y aprovechándose de su corta edad y su incapacidad para defenderse, la acusada le aplicó ese castigo que le produjo vómitos, desmayos y dolores de cabeza a la niña”, señalaron en la fiscalía.
Según la pesquisa, Aguirre intentó encubrir su accionar no llevándola de manera inmediata a ser atendida por los profesionales. Recién lo hizo en la madrugada del 3 de julio, cuando la llevó al hospital Avellaneda, donde se produjo su fallecimiento. “La abandonó a su suerte sin brindarle atención médica necesaria, siendo que él estaba a su cargo”, indicaron los fiscales.
Un cruel testimonio
Los profesionales del Avellaneda activaron el protocolo al sospechar que Érika podría haber sido víctimas de malos tratos. El médico de Policía coincidió con sus colegas y dio intervención a la Justicia. La fiscala Giannoni envió a sus colaboradores y al personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal que recorrieron la casa y el barrio donde vivía la niña. Con las palabras de varios testigos, comenzaron a despejarse todas las dudas.
OTRA INVESTIGACIÓN. Los fiscales solicitaron que un colega investiguen a los funcionarios de la Dinayf.
Después de enterarse de que la pequeña había fallecido, un importante número de vecinos decidió prestar declaración para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Pero fue María del Carmen Díaz la que aportó la mayor cantidad de indicios sobre el hecho. “Vivo al frente de su casa, todos los días se escuchaban gritos. La chiquita no salía porque ellos les pegaban”, declaró en Tribunales.
La mujer también dio un dramático testimonio de lo que tocó vivir. Un día, al observarle las manos inflamadas y el cráneo deformado por los golpes que recibía, la invitó a comer a su casa. “Primero le doy una banana y después un mate cocido. Se agarraba la cabeza y decía que le dolía. No podía tragar porque le dolía la boca, no podía levantar el pan porque le pasaba lo mismo con las manos”, explicó.
Díaz también dijo que Lucena era la que más castigaba a Érika, pero que Aguirre también lo hacían. “Desde las seis de la mañana que le pegaban a la nena. La castigaban porque simplemente se hacía la pis. La mujer estaba ensañada con ella. Le decía ‘yo voy a estar presa, pero vos muerta”, declaró.
Buscaron salvarla
Todos los menores que estaban a cargo de los imputados asistían al merendero de Nuestra Virgen del Fátima. En sus declaraciones en Tribunales dejaron en claro dos cosas: que ellos también se habían dado cuenta del infierno que vivía la menor y que habían denunciado el caso sin tener respuesta.
“Siempre habíamos notado la diferencia que existían entre las hermanitas. Si bien eran humildes, las hijas biológicas de la pareja siempre iban limpias, bien vestidas y abrigaditas. Érika siempre concurría sucia y con signos de haber sido golpeada”, declaró Alejandra Musse, referente y colaboradora del comedor.
La testigo relató que un día decidieron denunciar a la Policía lo que estaba sucediendo con la niña. Lo hicieron porque descubrieron que tenía marcas de haber sido golpeada con las manos y con una varilla en la cola y un ojo morado. “Fuimos a la seccional 5ª, hicimos la denuncia, se presentó Lucena y se la devolvieron en nuestra cara. Cuando estábamos por realizar el trámite, una de sus hermanas comenzó a rogarle que no dijéramos nada porque le pegarían mucho más”, señaló en su declaración en la Justicia.
No hubo solución
Juan Carlos Tejero, responsable del comedero, no sólo confirmó los dichos, sino que además aportó más datos para fortalecer la acusación en contra de los imputados. “Todos nos dimos cuenta de los golpes que recibía y era muy difícil porque la mandaban de buzo hasta cuando hacía calor para que no quedaran al descubierto”, indicó.
El testigo también se refirió a la denuncia que realizaron a las autoridades. “Las chiquitas dijeron lo que estaban sufriendo. Les contaron que su abuelo y la esposa las hacían dormir en una silla y que ambos les pegaban”, señaló. “Pero a la media hora se presentó Lucena y se las llevó sin que nada quedara asentado oficialmente. Amenazó a todos los del merendero y hasta pretendió golpear a las colaboradoras. Después de ese hecho, las pequeñas nunca más volvieron al lugar”, concluyó.
Giannoni constató que la denuncia realizada en la seccional 5ª ingresó a la fiscalía de Violencia de Género I. Allí, según lo informado, se realizaron algunas medidas para avanzar en el caso, ya que nadie ratificó la demanda. Fuentes judiciales confirmaron que se solicitó en varias oportunidades a la Dinayf informes sobre la situación y qué brinde explicaciones sobre qué medida tomaron. Las respuestas se demoraron y la causa se terminó archivando luego de que Érika fuera asesinada.
La autopsia, determinante
Todos los testimonios recogidos durante la etapa de investigación fueron confirmados con los resultados de la autopsia. “La niña fallece por traumatismos encéfalo craneal (TEC) severo y bronconeumonía bilateral, secundarios a maltrato infantil sostenido, tanto por acción (traumatismo) con por omisión (no recibió la atención médica necesaria”, se puede leer en el informe.
En otro punto del trabajo se destacó: “del estado general del cadáver se evidencia el maltrato sufrido por la niña en vida, el cual fue sostenido por cierto tiempo, ya que las lesiones eran de diferente grado evolutivo y alguna de ellas ya se encontraban cicatrizadas, como las quemaduras que parecerían ser de cigarrillos y de agua caliente”.
Los investigadores llegaron a esta conclusión después de haber tenido acceso a la ficha médica que tenía Érika en el Instituto de Puericultura Alfredo Guzmán y del CAPS Urquiza I, donde fue atendida por última vez el 14 de enero pasado.
Se inculparon entre ellos
La declaración como imputados es la primera arma que tienen los acusados para defenderse de una acusación en su contra. Y en este caso, podría decirse que los señalados se dispararon entre ellos. Lucena, por ejemplo, en una primera oportunidad declaró que Aguirre había sido el autor de la golpiza mortal acusándolo de violento y aclarando que ella había realizado varias denuncias en su contra.
Luego, en otra declaración dio a entender que su hija de 15 años podría haber tenido algo que ver. Si esta última versión hubiera sido cierta, la adolescente nunca sería acusada del hecho porque es inimputable.
Los fiscales descartaron esas versiones. Confirmaron que en Tribunales no existe constancia alguna que haya denunciado su pareja por violencia de género. También tuvieron muy en cuenta la frase que escuchó decir la testigo Díaz: “yo voy a estar presa, pero vos vas a estar muerta”.
Aguirre, en cambio, intentó sostener otra estrategia. En su defensa dijo que él salía a trabajar como albañil a las 4.30 de la mañana y que regresaba a las 16.30, por lo que era imposible que estuviera al tanto de los golpes que sufrió. Los dos fiscales también derrumbaron su coartada.
En primer lugar, porque en la fecha en la que se cometió el crimen de Érika, los trabajos en las obras estaban paralizados por la pandemia. Y en segundo, porque quedó demostrado que las lesiones que presentaba la niña eran de mucho tiempo, por lo que resultaba poco creíble que no se hubiera dado cuenta de ellas.
Investigan a la Dinayf
Los fiscales Giannoni y Sale, por competencia, sólo pudieron pedir que se enjuicie a los acusados únicamente por el homicidio de Érika. Sin embargo, al sumar indicios durante la etapa de instrucción, le solicitaron al juez de la causa que ordenara que se abriera un expediente en contra de los funcionarios y profesionales de la Dinayf que participaron en el caso.
“Es determinante saber si para entregarla en guarda a quienes más adelante le quitaran cruelmente la vida, dicho organismo cumplió acabadamente con los protocolos y leyes aplicables”, razonaron
Pero también tuvieron en cuenta otro punto. El testimonio de Díaz, la vecina de la víctima. “Llamé una semana completa para que vengan a ver el estado de la nena y no vinieron. Tengo las captura de pantalla (están incorporadas al expediente). Nunca vinieron. Si lo hubieran hecho, quizás Érika hubiera seguido estando viva”, declaró.
Sólidos argumentos
Lucena fue imputada de lesiones graves agravadas por el vínculo y homicidio agravado alevosía. “El agravante se configura por la corta edad de la víctima, lo que implica una absoluta situación de indefensión. Matar a un niño de tres años no implica riesgo alguna para el acusado, por lo cual la alevosía es determinante”, se puede leer en el requerimiento a elevación a juicio.
En tanto que Aguirre afronta cargos lesiones graves y abandono de persona agravadas por el vínculo. “Viendo el malestar de la niña y habiendo el origen de sus lesiones, no la llevó a recibir atención médica urgente, poniendo así en grave riesgo la salud y la vida de la niña. Además, si la hubiera llevado a un hospital, quizás le habría salvado la vida. Sin embargo, pese que estaba a su cargo, la dejó agonizar en su casa, hasta que finalmente amaneciera muerta”, concluyeron.
Lo más popular
