17 Diciembre 2020
Jorge Enrique Prado, ex intendente de Aguaray. ARCHIVO
El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dispuso hoy el cese de la prisión preventiva del ex intendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, uno de los 11 imputados en la causa por el robo de caños del Gasoducto GNEA, pero deberá cumplir medidas restrictivas, entre ellas no acercarse a la Municipalidad.
Fuentes judiciales informaron que Montoya dispuso el cese de la preventiva debido al vencimiento del plazo correspondiente.
En reemplazo, y ante las medidas probatorias llevadas adelante en Aguaray, el fiscal general Eduardo Villalba, que está al frente del caso, solicitó que se impongan otras medidas de coerción en contra de Prado para garantizar el cumplimiento de las testimoniales que restan recibirse.
Prado, que es uno de los 11 imputados que tiene la investigación penal iniciada en febrero pasado, por el robo de caños del Gasoducto GNEA, fue detenido el 17 de noviembre pasado, en la capital salteña.
Villalba cumplió así con el compromiso tomado sobre el plazo de la prisión preventiva del ex intendente, la cual se había dispuesto primero hasta el 6 de diciembre. Por nuevos elementos probatorios reunidos al comenzar a la toma de testimoniales en ese municipio el fiscal solicitó una extensión, que fue fijada por el juez hasta el 18 de diciembre.
Los voceros precisaron que, pese a planteos interpuestos por la defensa de Prado para que se revoque la preventiva y se pase a un arresto domiciliario, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó los recursos.
En víspera del cumplimiento del plazo, y como las testimoniales revelaron otros aspectos que fundamentan la hipótesis criminal, el fiscal solicitó una medida de prohibición de acercamiento para que Prado no pueda presentarse en la Municipalidad de Aguaray, dijeron las fuentes.
A ellas se sumaron otras como el compromiso de colaboración con la justicia y evitar actos que entorpezcan la investigación, la prohibición de salir del país y comunicarse cada 15 días con la fiscalía. El juez accedió al pedido.
En este marco se solicitaron otras medidas, como el secuestro de documentación y de computadoras.
La imputación a Prado es por robo calificado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado. Por esta causa se intervino el municipio. Además, tiene otra causa en la justicia provincial por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. (Télam)
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