18 Diciembre 2020
Manifestación para la justicia en el caso de esterilizaciones forzadas. Foto de Rosa Villafuerte.
A Rute Zúñiga la ataron de pies y manos para que no se pudiera defender. Tres enfermeras y un doctor le ligaron las trompas sin su consentimiento, después de haberla perseguido con chantajes y hostigamiento. Las autoridades locales, en la provincia de Anta, en Cusco, Perú, la amenazaban con no registrar a su hija recién nacida si no iba primero al centro de salud.
La denuncia contra el Estado peruano por las esterilizaciones forzadas, realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, se ha presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La de Rute es la situación de miles de mujeres- la mayoría de ellas campesinas indígenas de comunidades pobres-, que fueron víctimas de las políticas de esterilización forzada que se implementaron durante el régimen de Fujimori, entre 1996 y 2000.
Ahora, y a pesar de las demoras por la pandemia, algunas de las demandas por estos tratamientos han tomado estado judicial, después de 24 años, y pueden llegar a juicio oral en unos meses. El abogado Sigfredo Florián, de la organización Instituto de Defensa Legal, habló con La Gaceta para explicar las claves del caso y qué se espera de su elevación a juicio.
Conducción: Valeria Totongi. Edición: Emiliano Agüero Cortes. Producción: Alejandra Casas Cau.
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