Panorama Tucumano: la justicia de la Legislatura

La admisión de los siete pedidos de destitución articulados contra el magistrado Enrique Pedicone comporta múltiples mensajes y proyecciones para la independencia judicial en “Trucumán”. Lejos de la seriedad esperable para un acto administrativo tan delicado, la resolución de la comisión de Juicio Político de la Legislatura es una pieza protagonizada por un rufián zafio culpable hasta de su sombra; diez acusadores oficialistas aferrados al guión de cuestionamientos anticipado por el vocal Daniel Leiva y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, y dos opositores que impotentemente aseguran que el procedimiento tira por la borda el Estado de derecho y establece un antecedente deletéreo. Un príncipe del foro dictaminó que hacía rato que no leía algo tan chistoso. Otro pragmático dijo que los cargos desarrollados en 55 carillas cabían en un renglón: “Pedicone será ‘decapitado’ por haber denunciado a Leiva y violado la ‘omertà’”.

Sería un desperdicio agotar en una línea el análisis de una decisión que se presta para varios tomos. Una de las objeciones más impactantes consta en la página 43, cuando a Pedicone le achacan la transgresión del artículo 123 de la Constitución de Tucumán que prohíbe a los funcionarios judiciales “intervenir activamente en política… ni ejecutar acto alguno que comprometa su imparcialidad”. El príncipe divertido hizo, al respecto, dos conjeturas. Interpretó que Pedicone estaba siendo acusado de lo mismo que él había acusado el 1 de septiembre a Leiva en referencia a su pedido para “manejar las intensidades” de la causa que atañe al legislador Ricardo Bussi con la invocación de los nombres del gobernador Juan Manzur y de Jaldo, recriminación que la mayoría que ahora pretende una destitución el 5 de octubre había descartado al rechazar las seis impugnaciones contra el vocal. La otra observación es que, si el artículo 123 se aplicara a rajatabla, caerían autoridades tribunalicias a mansalva, posibilidad improbable puesto que la comisión de Juicio Político se ha consolidado como el máximo escudo protector de los jueces criticados por su cercanía a los gobernantes, como Juan Francisco Pisa. El príncipe pragmático reparó en otro aspecto de la falta endosada a Pedicone: la defensa del Código Iberoamericano de Ética Judicial.

La Justicia argentina en general y la tucumana en particular son refractarias a precisar cuáles son las conductas prohibidas para sus integrantes y a estipular sanciones en el supuesto de incumplimiento. Todos los intentos orientados a llenar ese vacío han fracasado, incluso una propuesta del ex legislador justicialista y funcionario nacional, Marcelo Caponio. De allí deriva la trascendencia de lo que la comisión de Juicio Político, en su afán de ajusticiar a Pedicone, acaba de hacer: notificó la “pertinencia” -o “vigencia” en la provincia- del modelo elaborado por la Cumbre Judicial Iberoamericana. Un recorrido “random” por ese catálogo arroja que a los jueces “se les exige éticamente que sean independientes y que no interfieran en la independencia de otros colegas” (artículo 7) y que aquellos están obligados “a denunciar ante quien corresponda los incumplimientos graves en los que puedan incurrir sus pares” (artículo 45), disposición citada por los propios legisladores oficialistas. Especialmente precioso es el artículo 56: “la transparencia de las actuaciones del juez es una garantía de la justicia de sus decisiones”. Que la mayoría de Juicio Político haya otorgado legitimidad a semejante corpus es una novedad de primera magnitud en la medida en la que, por hipótesis, podría ser promovida la destitución de cualquier integrante de la magistratura que haya incurrido en nepotismo puesto que tienen vedada la obtención de beneficios “al margen de los que por Derecho correspondan” (artículo 80).

Un rasgo llamativo es que, cuando parece que los diez acusadores del partido del Gobierno van a decir cuál es “la intervención activa en política” que asignan a Pedicone, terminan por imputarle que haya “controvertido al poder político en su conjunto”. Según esa narrativa, la prueba de “la operación” proviene de la mediatización de “la denuncia tardía contra Leiva” y de los comentarios periodísticos del denunciante. El príncipe del foro divertido apunta que, para acreditar el agravio proferido por el juez, los legisladores peronistas debieron agraviarse a sí mismos y hasta revictimizarse porque, a continuación, copiaron citas textuales del acusado como “es un salvajismo jurídico lo que hace la Legislatura” y “o gano yo o gana la mafia”. El príncipe pragmático considera que esos párrafos explicitan que el oficialismo entero se sintió ofendido por lo que inicialmente era una incriminación dirigida a un integrante de la Corte que en teoría tiene vedado ejercer actividades políticas por imperio del artículo 123 de la Constitución y del Código Iberoamericano de Ética Judicial.

En la línea de dar cosas por sentadas los peronistas que controlan Juicio Político resolvieron que Pedicone cometió una ilegalidad al grabar a Leiva; que coaccionó al secretario Fernando Valladares; que actuó sin competencia en la causa de los billares y en el expediente “Bravo”; que violó “sistemáticamente” los derechos de las víctimas de delitos y que es cierta la denuncia penal por “desconocimiento del derecho” que en 2018 articuló el ministro público fiscal Edmundo Jiménez. Son afirmaciones temerarias si se considera, por ejemplo, que Alejandro Noguera, reemplazante de Jiménez, afronta dos pedidos de destitución por haber consentido la intervención de Pedicone en “Bravo” y la liberación del imputado. Como la coherencia ha muerto en Tucumán, eso quizá no importe tanto como la observación del opositor Raúl Pellegrini, quien advirtió que la acusación se fundaba en asuntos que atenían a la Justicia y que, en algunos casos, las decisiones de esa institución aún no estaban firmes. El legislador alfarista añadió que esos avances indebidos habían sido penalizados por la propia Corte de la Nación cuando declaró mal destituida a la jueza Alicia Freidenberg. Esta reconvención llamó la atención del príncipe del foro divertido y del príncipe del foro pragmático, para quienes el tratamiento del caso “Pedicone” procura, justamente, dar un escarmiento que evite que cualquier otro juez se atreva a incomodar a los dueños del Poder Judicial.