Tucumán: la obligación de decir basta

Ignacio Colombres Garmendia

Doctor en Derecho

No hay dudas de que el estado de ánimo de los argentinos es altamente preocupante. Nos envuelve una mezcla de angustia, temor y desazón, y la total incertidumbre sobre el futuro. El haber usado la pandemia como excusa para la concesión de poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo pone de manifiesto una tendencia de querer alejarse de las limitaciones y controles. Todo ello con consecuencias nefastas para las instituciones, y los vapuleados y desjerarquizados derechos individuales. Lamentablemente es verdad lo que dijo un prestigioso empresario tucumano: la Argentina es un país que siempre duele. Esto debe cambiar en forma perentoria e imperiosa.

A los males que aquejan al país, los tucumanos debemos agregar la ya anunciada llegada del peligroso dengue que tanto daño hizo a la población el verano pasado. También tenemos que sumar que la inseguridad supera la media nacional. Basta con ver la crónica de lo acontecido en los últimos días para colmar nuestro espíritu de una profunda tristeza, pena y de una sensación de cadena de calamidades sin soluciones. Pareciera que Tucumán ha decidido tomar la iniciativa de generar problemas propios, tan serios como los mencionados anteriormente, que no hacen sino enrarecer y agravar más el ambiente de desesperanza. Nos referimos a los graves y trascendentales conflictos institucionales que tienen como génesis una denuncia de un camarista penal a un vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. En este tema todo nació mal, continuó mal y podría ser que termine aún peor.

Los hechos han sido cubiertos con precisión, claridad, sin omisiones y -por qué no decirlo- con coraje por LA GACETA, que, además, tuvo la virtud de mantener el tema en la picota, y de esta manera evitar que entre en la sombra del olvido, de manera que nunca se llegue a la verdad objetiva.

La circunstancia de que un magistrado se entreviste con un vocal en un bar para tratar un tema institucional es ya poco feliz e indudablemente improlija. Que el camarista decida grabar la conversación con el integrante de la Corte es algo inaudito, y fuera de todos los cánones y estándares de conducta. La decisión implica que el camarista tenía una seria presunción sobre el tema de la entrevista y sus consecuencias legales. Si se escuchan los audios y el trato que se dispensan los involucrados podemos formarnos una clara idea e imagen del escenario.

Producida la denuncia y su difusión, se da inicio a una batalla, por un lado, política y, por el otro, judicial. El titular del Poder Ejecutivo provincial, que muchas veces actúa como el rey Luis XIV de Francia que decía L’Etat c’est moi, se olvidó de su jerarquía e importancia. A pesar de que el camarista denunciante dijo que el vocal de la Corte le informó que lo contactaba a instancias tanto del gobernador como del vicegobernador, siguiendo el ejemplo de Poncio Pilatos, el primero manifestó, lacónicamente, que la cuestión planteada es un problema del Poder Judicial. El Ejecutivo no tiene nada que ver.

El Poder Legislativo, por el contrario, decidió jugar fuerte y hacer valer –como lo hace siempre- la mayoría absoluta del partido político gobernante. Tomó una decisión que significó inclinar la balanza en forma tajante a favor del vocal de la Corte, a quien liberó de cualquier imputación. Por el contrario, decidió dar trámite a las acusaciones incoadas contra el camarista. Debate y tema cerrado. Como los Césares en el Circo Romano, el vicegobernador baja y sube el pulgar a su imperial gana y antojo.

Los poderes políticos no pueden desentenderse de una cuestión institucional que pone en peligro el sistema republicano de gobierno y la administración de justicia. El artículo 5 de la Constitución Nacional tiene un claro mandato y mensaje en este sentido que estos no pueden eludir y deben acatar.

En forma concomitante a la batalla política, se inició la lucha legal. El camarista denunciante ofrece como prueba los audios y pide que se aplique el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia. Además, solicita ser tenido como querellante. El vocal denunciado y su defensor niegan la idoneidad de las grabaciones como medio probatorio. Piden que se aplique el viejo Código Procesal Penal y sostienen que no corresponde otorgar al denunciante el rol de querellante. Hacen saber sus opiniones, entre otros, los colegios de abogados, ONG relacionadas con el foro, académicos y colegas a título personal.

Con la rapidez a la que nos tiene acostumbrados cuando se trata de proteger al poder político, el Ministerio Público Fiscal toma riendas en el asunto y se inclina, decididamente y sin tapujos, a favor de la posición del vocal de la Corte. El desprestigiado juez penal interviniente, también con una llamativa rapidez, decide dar la razón en todo al vocal de la Corte. Rechaza “in limine” los audios como prueba; no acepta al denunciante como querellante y decide aplicar el viejo Código.

Por su parte, los abogados del camarista denunciante plantean un “per saltum” ante la Corte e invitan a tres vocales de esta, entre los cuales está el denunciado, a apartarse de la causa. Estos se excusan de intervenir y dan cada uno su razón. Ello obliga a integrar la Corte con un camarista sorteado a tales efectos. Integrado el máximo tribunal, se resuelve aceptar las excusaciones. Por su lado, el Ministerio Público Fiscal se pronuncia por el rechazo del “per saltum in limine” y niega trascendencia institucional a la cuestión debatida. Además, pretende que se sancione al camarista denunciante y a sus letrados. El vocal de la Corte denunciado, increíblemente, recusa a sus pares que aún integraban el tribunal a los efectos de tratar el recurso.

Aun cuando la lectura de las implicancias procesales y legales puede resultar tediosa, he preferido detallarlas sin abarcar todas las vicisitudes posibles. Ello se debe a que quiero señalar lo que considero un aspecto importante e incorrecto. Es sabido, y aceptado que en cualquier conflicto judicial, las partes, debidamente asesoradas por sus letrados, buscan los argumentos legales que consideran pertinentes para la defensa e incluso recurren a artilugios, a veces tocando la frontera de la chicana. Si bien esto puede ser cuestionado, podría ser aceptado cuando el conflicto, y sus efectos caen bajo la esfera privada de los involucrados. No hay dudas de que no es el caso que nos ocupa. Todo lo contrario. Estamos ante un conflicto de naturaleza institucional o, al menos, con claros efectos institucionales. Las partes involucradas, magistrados del máximo rango ambos, no pueden comportarse como si fuesen simples ciudadanos. Aquí vemos que un camarista penal acusa a un vocal de la Corte de haberlo presionado para que actúe, en una causa en trámite, de una forma determinada mediante la invocación de los nombres de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estos habrían buscado ayudar a un legislador de la oposición, que podría llegar a apoyarlos en ciertas posiciones políticas.

Está muy claro que en el conflicto está comprometido el decoro, la buena conducta y el correcto actuar de los magistrados en cuestión. La decisión que recaiga –a no dudarlo- tendrá efectos directos e inmediatos en el Poder Judicial, en cuanto a su prestigio y respeto por parte de la comunidad. Por ende, obviamente, tanto el camarista como el vocal están obligados a cuidar su proceder y a mantener, en todo momento, un comportamiento impecable e intachable desde todo punto de vista. En algún momento el abogado que defiende al vocal e, incluso, una colega, han manifestado que aun cuando sean ciertos los hechos descriptos por el camarista denunciante, no se habría tipificado una figura del Código Penal. Puede ser que no se llegue a la configuración del delito penal, pero -reiteramos- que se puede estar ante una conducta incorrecta o un actuar indecoroso e incompatible con el comportamiento que debe observar todo magistrado.

La memoria, entre tantos otros, de Paulina Lebbos, Abigail Riquel, Ana Dominé, y la trágica y penosa muerte de la joven profesora Paola Tacacho, que ocurre por una falta de servicio del Estado, nos conmueve en lo más íntimo, incluso hasta las lágrimas. Estos casos, como tantos otros, constituyen un serio llamado de atención y claman justicia.

Por último, no se me escapa que los miembros de la Corte no pueden emitir opiniones que pudiesen comprometer su imparcialidad e, incluso, descalificarlos para dirimir jurisdiccionalmente el conflicto. Lo que sí puede y debe hacer la Corte es enviar un mensaje claro a la comunidad donde manifieste su preocupación, y que actuará con determinación, transparencia y sin demora en el esclarecimiento. Además de la jurisdicción para resolver los conflictos, la Corte posee la irrenunciable facultad de superintendencia para controlar y hacer efectiva la eficaz administración de justicia. Otorgarle al camarista denunciante la licencia especial solicitada hubiese sido atinado: para ello bastaba solo imaginación jurídica. Tal vez hubiese sido prudente que la Corte insinuara al vocal denunciado que debía tomar una licencia hasta que los hechos se clarifiquen.

Ya bastante sufrimos los tucumanos por las calamidades sanitarias, falta de seguridad y penurias económicas como para tener que sufrir también por la falta de acción, y reacción de los tres poderes para mantener el Estado de derecho, la legalidad y el imperio de la ley. Hoy, más que nunca, los ciudadanos tenemos que poder confiar en las instituciones que nos rigen, y en una correcta, rápida y eficaz administración de justicia.

En estas líneas no se ha usado el nombre de los involucrados, sino solo sus funciones. De esta manera se ha querido recalcar que lo que realmente está en juego no son las personas, sino las instituciones. Por el contrario, he nombrado a las víctimas de las injusticias como verdaderos mártires de un gran drama. Tanto los jueces probos e idóneos que trabajan diariamente buscando justicia como los abogados que luchan por el derecho de sus clientes y el sufrido pueblo de Tucumán agobiado por las necesidades económicas necesitan imperiosamente, y merecen, una rápida respuesta.

Ante tantas dificultades y malas noticias, aparece sí una luz de esperanza. Me refiero a la reacción ciudadana que exige a los gobernantes un cambio de rumbo; la vigencia de los principios republicanos, y la garantía y defensa de los derechos individuales. Esta pacífica reacción es altamente positiva, y esperemos que implique un antes y un después en el devenir de la república. Los poderes públicos no deben ignorar esta auténtica y sincera posición ciudadana. Hacerlo puede significar que gran parte de los argentinos en general y de los tucumanos en particular se vean obligados a convertirse en un Emile Zola gritando J´accuse..!