Por Gustavo Rodríguez
13 Octubre 2020
INCERTIDUMBRE Y LENTITUD JUDICIAL. Existen casos de presos que, procesados bajo el viejo sistema judicial, llevan años esperando a que la Justicia ponga fecha y de inicio a sus respectivos juicios orales.
El nuevo código procesal penal se transformó en un gigantesco telón que, al comenzar a correrse, dejó al descubierto las fallas en el sistema judicial y en el Estado. En este caso, la lentitud y la desidia tiene apodo: “Chanchón”, quien permanece detenido desde hace casi tres años esperando ser enjuiciado por un crimen que cometió cuando era menor de edad. Ahora se le concedió el arresto domiciliario hasta tanto se realice el debate en su contra que, según dispuso un magistrado, deberá efectuarse en dos meses.
Su caso salió a la luz al entrar en vigencia el nuevo digesto. Como estipulan las normas, todos los causas que se encuentran en el régimen conclusional y en el que está involucrado un menor de edad (entre 16 y 18 años) deben ser resueltos con el nuevo código. Y ahora el joven de 19 años afronta dos expedientes: una por el homicidio doblemente agravado en contra de Diego Ramón Costilla y por tentativa de homicidio en contra de un guardia del Instituto Roca.
En las audiencias, algunos auxiliares fiscales eligen erróneamente o irónicamente la palabra “palmares” para definir cuáles son los antecedentes o las causas penales que tienen abiertas los imputados. Y en el caso de “Chanchón” son cinco hojas A4. El primer hecho en su contra data del día después de la llegada de primavera de 2016. Tenía 15 años y fue investigado por abuso de armas de fuego. En total, son 41 causas. De ese número, cinco fueron abiertas cuando era inimputable, 28 fueron archivadas, cinco están en trámite, en una fue sobreseído y las dos restantes son las por las que será enjuiciado.
Problemas de adicción
El joven, que nació el 30 de noviembre de 2001 está acusado de cometer tres homicidios: el de Adriana del Valle Chávez, ocurrido en octubre de 2016 (no afrontó cargos por ser inimputable), el de Carlos Sebastián Ruesja, registrado en enero de 2017 y el de Costilla, sucedido en agosto de 2017. Las demás causas que se abrieron en su contra fueron por abuso de armas de fuego, robo agravado, lesiones y amenazas, entre otros delitos.
“Era muy conocido en la zona. Era un chico que tenía muchos problemas de adicción. Todos le tenían miedo”, dijo Esther Martínez, vecina del barrio Villa 9 de Julio, donde se crió. “Se puede decir que fue un adelantado de la época. Él fue el primero de una generación que se dedicó a robar desde muy chico. Lo más grave es que no le importaba nada, si tenía que matar, mataba”, agregó la mujer.
“Lo único que sabemos de él fue que está guardado desde hace mucho tiempo. Y es lo mejor que nos puede pasar porque es muy peligroso. Lamentablemente es muy difícil que un chico así se corrija”, agregó Fernando Jiménez.
“Chanchón” también es un ejemplo de las fallas del Estado para tratar de recuperar a los menores en conflicto con la ley. Estuvo internado en el Instituto Roca durante un año y medio, donde se fugó dos veces e intentó matar al celador Bruno González con una faca carcelaria. “El joven refiere que, cansado de los maltratos, golpes y abusos por parte del personal de seguridad del instituto, se enfrentaron, y fue el personal de seguridad al que habían denunciado anteriormente el que comenzó la gresca. Esta situación pondría más aún en evidencia las falencias que existen en el Roca. Todo ese será analizado en el debate”, aseguró su defensor José María Molina.
Luego, al cumplir los 18, fue trasladado al penal de Villa Urquiza, donde también tuvo problemas de disciplina, en su gran mayoría porque nunca dejó de consumir drogas. “Esto es lo que genera mayor preocupación. Saber de qué forma se llevaba a cabo el consumo interno debería ser materia de una investigación suplementaria”, agregó Molina.
Demoras
El viejo código procesal penal establecía que una causa contra menores punibles debía ser investigada por un fiscal, mientras un juez de Menores debía encargarse de dictar medidas tutelares y vigilar su cumplimiento hasta que se resuelva la causa. El adolescente debía ser enjuiciado por un tribunal que determinaría si era culpable o inocente. Si le encontraban responsabilidad penal, el magistrado especialista en adolescentes debía fijar la pena.
Pero con “Chanchón” eso no ocurrió. La causa del crimen de Costilla fue elevada a juicio en 2018, año en el que juez de garantías aceptó el planteo. Pasaron más de dos años y el caso no tuvo ni siquiera fecha. Al quedar en el régimen conclusional saltó a la luz la demora y se ordenó su resolución.
“El tiempo de privación de libertad, sometido a medidas tutelares o las llamadas disposiciones provisorias fue superado con creces y particularmente cuando estamos hablando de un chico que con 16 años pasó 1.058 días detenido sin ser sometido a un juicio justo para el ejercicio de su derecho de defensa como el esclarecimiento de los hechos para la víctima”, explicó Molina.
Una audiencia
El miércoles se desarrolló una audiencia para resolver el caso. El auxiliar fiscal Fernando Isa señaló que “Chanchón” debería ser enjuiciado por homicidio doblemente agravado por el crimen de Costilla y por tentativa de homicidio agravada en contra del celador del Roca. Dijo además que en un plazo de 60 días podrían estar finalizadas todas las medidas para que sea enjuiciado bajo el nuevo código. También consideró que, por el tiempo que estuvo encerrado sin ser enjuiciado (la ley habla de dos años como máximo), se le otorgue arresto domiciliario con una consigna policial las 24 horas del día.
El defensor Molina presentó una serie de pruebas para demostrar que “Chanchón” había dejado de consumir drogas y que había finalizado sus estudios primarios. “Este cambio se produjo porque fue papá hace ocho meses. Los informes de los profesionales del penal de Villa Urquiza han confirmado que la paternidad ha generado un importante cambio en su conducta”, explicó.
“Cumplió con creces la medida de coerción y, basándose en el principio de especialidad de este sistema, todos los operadores tienen que tenerlo en cuenta; en este caso el joven cumplió la medida, se recuperó de las adicciones y se insertó en el sistema educativo”, explicó la defensora de Menores Mónica Romano.
Sin embargo, Romano pidió que no sea un efectivo policial el que se encargue de custodiarlo. “La fuerza está abocada a los controles de pandemia sumado a que la función de la Policía es controlar que no se cometan delitos y hagan controles pertinentes a ellos. Sería más apropiado que el joven sea alojado en ese domicilio con un dispositivo de monitoreo electrónico y que concurra las veces que se considere pertinente a registrar su firma a los fines de un control a la libertad ambulatoria”, indicó.
El juez Federico Moeykens, antes de tomar una decisión, pidió la opinión del celador González quien no se opuso a la medida. La familia de Costilla no estuvo, por lo que no pudo ser escuchada. Luego, el magistrado aceptó la propuesta del arresto domiciliario con algunas condiciones (ver aparte) y pidió al representante del Ministerio Público Fiscal que acelerara la investigación para que el juicio se desarrolle lo más rápido posible. Antes había declarado “Chanchón”: “Cambié cuando nació mi hija. Quiero estar al lado de ellos porque hace tres años que no estoy”, señaló.
Las medidas que debe cumplir el acusado
- La abstención de ingesta de alcohol u otras sustancias tóxicas.
- Vivir en la casa de su hermana junto con su pareja y su hija.
- Utilizar una pulsera electrónica para garantizar el cumplimiento de la medida.
- Seguir con el tratamiento para recuperarse de las adicciones.
- Recibir tratamiento psicológico.
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