Alfaristas critican la “inacción” de la Legislatura con Bussi

Dos funcionarios municipales y un edil exigen que el titular de FR sea apartado de su banca, como pide un legislador.

14 Sep 2020 varios autores
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El concejal Ávila exige la licencia de Bussi.

El alfarismo salió a respaldar la propuesta del legislador Raúl Pellegrini para que la Legislatura resuelva licenciar por tres meses a Ricardo Bussi y a redoblar los cuestionamientos contra el titular de Fuerza Republicana.

Pellegrini planteó que la crisis institucional desatada a partir de la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Daniel Leiva, por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario, tiene a Bussi en el centro de la acusación. Según el ex camarista, el miembro del alto tribunal le pidió que “maneje la intensidad” de la causa por presunto abuso sexual y corrupción contra el republicano. El alfarista sostiene en su proyecto que, a pesar de esta situación, su par de FR sigue desempeñándose como miembro del Jurado de Enjuiciamiento, donde podrían llegar a tratarse planteos de remoción contra Pedicone; e integrará el Tribunal de la Legislatura, dónde podrían llegar a tratarse planteos contra Leiva.

“La oscuridad alrededor de Bussi ya cubrió de sombras a la Justicia y a la Legislatura, y avanza como una metástasis en la vida institucional de Tucumán. Tenemos que decir basta y frenar semejante deterioro institucional”, sentenció Alfredo Toscano, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la capital.

Toscano hizo hincapié en que en los audios publicados por LA GACETA hace dos domingos, en los que según Pedicone está registrada su coversación con Pedicone del 28 de julio pasado, surge que hay una clara invocación por aliviar la situación procesal del titular de FR.

“La denuncia por abuso sexual y malversación de fondos afecta directamente a Bussi, pero la inacción de los legisladores afecta a la Legislatura. Como agravantes, la supuesta mediación de un vocal supremo en favor de este legislador afecta directamente al poder judicial. Hay dos poderes afectados por la inconducta de Bussi”, cuestionó el concejal, actualmente en uso de licencia.

El funcionario avaló el planteo de Pellegrini y sostuvo que habiendo ya tres pedidos de juicio político contra Leiva y cuatro contra Pedicone, las alternativas son que Bussi se aparte de su banca por propia voluntad o que la Legislatura lo licencie. “¿Con qué estatura moral va a resolver (esos expedientes) una Legislatura que no tuvo reacción frente a semejante denuncia contra uno de sus miembros? ¿Tenemos que pasar por todo esto para salvar a una persona, cualquiera sea, para evitar que sea alcanzada por la Justicia?”, inquirió.

Bussi, como publicó ayer LA GACETA, refutó el planteo de Pellegrini. “Su resentimiento indisimulable le nubla las entendederas. Soy víctima de una maniobra judicial que tuvo por objeto perjudicarme: lo dice el propio Pedicone”, argumentó.

“En este escándalo no tengo otra participación que la de ser víctima de un plan orquestado desde el Gobierno de Juan Manzur para tratar de domesticarme porque quieren la reforma de la Constitución. Les aclaro otra vez que eso no va a ocurrir”, reiteró.

“Vale todo”

“Que Bussi esté sentado en la banca de la legislatura que va a decidir sobre un juicio político provocado por la mención de su apellido es una burla para la democracia”, manifestó el concejal Rodolfo Ávila.

“Tenemos que entender que si protegemos a alguien acusado de un delito, nos convertimos automáticamente en cómplices. Y si eso hace un poder del estado, entonces es todo un poder el que se transforma en cómplice. Bussi no puede estar en la banca mientras juzgan a un juez por pedir protección para él. ”, planteó el edil capitalino.

Ávila no sólo criticó al titular de FR. “En Tucumán tenemos que terminar con el ‘vale todo’. La democracia no significa la imposición de los números, ni tampoco consiste en que quien cuenta con los votos hace su voluntad personal. Si no se gobierna mediante el diálogo y el consenso, tenemos que entender que hay consecuencias. Forzar la elección del juez supremo de más bajo promedio académico, va a tener consecuencias institucionales”, aseveró. Cuando el Poder Ejecutivo envió el pliego de Leiva a la Legislatura, el entonces parlamentario Eudoro Aráoz planteó que postulante tuvo en la carrera de Abogacía de la UNT un promedio de 3,76.

“Les pido encarecidamente a quienes deciden sobre esto que nos ahorren a todos los tucumanos esta nueva vergüenza”, concluyó Ávila.

“El Corona-BussI infecta”: según Romero, los poderes pierden el olfato

“El “Corona-Bussi” ha infectado la Institucionalidad de la Legislatura y del Poder Judicial, haciéndoles perder el olfato político y el gusto por la institucionalidad y la república”, ironizó Enrique Romero, subsecretario de Transporte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

“El vicegobernador Osvaldo Jaldo usa a Ricardo Bussi políticamente y al vocal de la Corte Daniel Leiva como ‘puntero judicial’, para violar la garantía constitucional de pesos y contrapesos de poder”, aseveró.

El presidente del partido Perón puntualizó que el Poder Legislativo “parece dar cobertura a Bussi, denunciado de abuso sexual en el ámbito legislativo, sin darle licencia ni quitarle los fueros a pesar de la Ley Micaela, para que sea sometido a la Justicia como cualquier hijo de vecino. De ser cierto como parece, ya que nada hay que desmienta los audios del juez Enrique Pedicone, estamos frente a la carencia de conductas rectilíneas por parte del Vocal de la Corte y la evidencia de la doble moral política y falta de escrúpulos de Bussi”, afirmó Romero.

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