Prisión preventiva para cuatro acusados por el caso Porcel

Prisión preventiva para cuatro acusados por el caso Porcel

El juez de instrucción rechazó el planteo de la defensa y la cautelar será por 12 meses. El magistrado analizó que hay elementos de prueba que vincularían a los detenidos con el crimen.

VIVIENDA. José Porcel fue asesinado de un disparo en el pecho en su finca. Además, los asesinos le habrían robado a uno de sus empleados. la gaceta / foto de analía jaramillo VIVIENDA. José Porcel fue asesinado de un disparo en el pecho en su finca. Además, los asesinos le habrían robado a uno de sus empleados. la gaceta / foto de analía jaramillo
05 Agosto 2020

El juez de instrucción Alejandro Javier Tomás proveyó la solicitud de la fiscal de Homicidios, Adriana Giannoni, quien pedía una cautelar de 12 meses de prisión preventiva contra los imputados José Ramón Rojas (26 años) y Antonio Ismael Sánchez (24), a quienes considera coautores del homicidio en ocasión de robo del productor rural José Porcel, y a quienes además los imputa por robo agravado en perjuicio de Iván Guillermo Luna, un empleado de la finca.

Según la fiscalía, la recolección de pruebas durante la instrucción de la causa vinculan a los acusados con el crimen del productor rural. En el escrito, la investigadora sostiene que: “el 26 de junio de 2020, a las 18 horas aproximadamente, Juan Alfredo Acosta, junto con Marcelo Bernardo Alderete, Antonio Ismael Sánchez y José Ramón Rojas, llegaron a bordo de una motocicleta y de un automóvil hasta el domicilio de José Porcel, conocido como ‘Finca La Arisca’, ubicado en La Ramada de Abajo - Burruyacu”.

A los acusados se les atribuyó los siguientes hechos: Acosta y Rojas habrían ingresado por la parte trasera de la finca en una moto Rouser color roja, allí habrían desarrollado un trabajo de inteligencia para conocer los movimientos de la vivienda y ganarse la confianza de los propietarios. Como excusa, le pidieron a Porcel llevarse un cachorro, a lo cual la víctima accedió y los acusados se retiraron. Minutos después, Rojas regresó en la moto acompañado por Sánchez; esta vez le pidieron al propietario una manguera para reparar el vehículo, por lo cual Luna se dirigió a un galpón que estaba a 30 metros en busca de esa herramienta; en ese trayecto, Rojas habría amenazado con un arma al empleado para robarle su celular y luego lo habría atado en el depósito. Simultáneamente, Sánchez se había quedado con el productor agropecuario en la galería de la finca, allí, con la intención de sustraer sus bienes, lo habría reducido y luego, “ante la resistencia del mismo, con la intención de quitarle la vida, le disparó en el pecho, perdiendo así la víctima su vida”, se puede leer en el documento.

“PEPE”. José Porcel era productor rural de La Ramada de Abajo.  “PEPE”. José Porcel era productor rural de La Ramada de Abajo.

En la acusación consta que los atacantes huyeron con sus armas en los vehículos, pero el Volkswagen Gol en el que iban Acosta y Alderete volcó en la ruta, lo cual posibilitó su temprana detención.

La Justicia determinó que las pruebas presentadas avalan la hipótesis fiscal y dio lugar al requerimiento. Además coincidió con la investigadora en la posibilidad de un riesgo de fuga, argumentando que Sánchez y Rojas fueron capturados más de una semana después de que se cometiera el hecho y tras 20 medidas de allanamiento ordenadas.

El 29 de julio, el mismo magistrado había descartado el argumento de la defensa de Acosta y Alderete, que pedía que se ordene la libertad de ambos sospechosos por entender que se trataba de una situación de falta de mérito. Sin embargo, el juez Tomás avaló el planteo del Ministerio Público Fiscal que se sustentó con las medidas de rueda de reconocimiento y a través de una mochila secuestrada, que sería un elemento de prueba clave para determinar la presencia de Acosta y Alderete en la finca de Porcel, el día en el cual el productor agropecuario fue asesinado.

Otros elementos que se subrayaron en los escritos fueron algunas incongruencias al momento de recopilar los datos personales de los imputados. En el caso de dos de ellos, no se confirmó su residencia en el domicilio que habían declarado, mientras que un tercero no contaba con documento de identidad; motivos por los cuales la fiscalía advirtió sobre un posible riesgo de que se entorpeciera la investigación.

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