Habrá una audiencia pública por el trámite de una denuncia contra Bussi por abuso

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción volverá a ser el escenario para la publicidad de una causa penal atinente a un funcionario público provincial. En esta oportunidad, el camarista Enrique Pedicone convocó a las partes involucradas en la dilucidación de un supuesto abuso sexual y de movimientos irregulares de dinero atribuidos al legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). A instancias de un recurso presentado por el denunciado, Pedicone celebrará una audiencia oral, pública y presencial -con las medidas de distanciamiento previstas para impedir la propagación de la covid-19- el martes a las 10 en la sala del quinto piso de la sede judicial de la calle España 431 de esta ciudad. En ese acto, los asistentes discutirán la decisión del juez Raúl Armando Cardozo (N°4) que denegó a la defensa el acceso a las copias del proceso.

En la audiencia han de intervenir Salvador Iovane (h), abogado de la denunciante y querellante; el fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera, o su reemplazante, y el defensor Juan Colombres Garmendia (h). Pedicone también invitó a Bussi, quien, como dispone de fueros (inmunidades constitucionales), puede decidir si concurrirá o no. En cuanto a la joven que dice ser víctima de un delito sexual y que ventiló las presuntas anomalías con una cuenta bancaria, el camarista ofreció la posibilidad de que presencie el debate en un lugar donde puede ver, pero no ser mirada. Esta modalidad de asistencia que preserva la identidad y la intimidad fue usada dos veces en el mismo ámbito por la denunciante del senador José Alperovich.

Además de en el proceso del ex gobernador (nunca asistió), Pedicone aplicó recientemente la oralidad y la presencialidad a un caso del intendente taficeño Javier Noguera (PJ) relacionado con el manejo de fondos públicos municipales.

En la audiencia del martes será discutido el recurso de queja que la defensa de Bussi había presentado directamente ante la Cámara de Apelaciones para acceder a las copias de las actuaciones y lograr la aceptación de un conjunto de pruebas. El 13 de julio, el juez de Instrucción en lo Penal N°4 de esta capital había ratificado su decisión de impedir la extracción de la información. Cardozo también había rechazado un listado de testigos y una medida de inspección ocular en el despacho de Bussi en la Legislatura, pero finalmente esas pruebas fueron admitidas y producidas esta semana, según explicó el defensor Colombres Garmendia (h), y, por ende, la impugnación relativa a estos últimos dos puntos del trámite devendría abstracta.

“No es un capricho”

El letrado de Bussi reclamó ante el estrado de Pedicone que sólo le hayan permitido ir al Juzgado para “ver por pantalla” el expediente durante un lapso de “escasos” 30 minutos. Colombres Garmendia (h) adujo que esta situación afectaba el derecho de defensa del legislador. “Es imposible montar una estrategia defensiva”, reprochó. Y agregó que no entendía por qué si le había permitido tomar contacto a partir de la computadora, le rechazaban la posibilidad de disponer de las actuaciones en formato papel o digital. “Lo resuelto por Cardozo va en detrimento de los nuevos paradigmas de litigación oral de inminente aplicación en toda la provincia (por la generalización del Código Procesal Penal de 2016), donde el proceso ya no es secreto”, observó.

Con cita al procesalista fallecido Julio Maier, la defensa de Bussi recordó que nadie podía defenderse de aquello que desconocía. “No es un planteo caprichoso, sino que está orientado a la remoción del escollo impuesto para acceder libremente a la causa y ejercer en forma plena el derecho de defensa”, manifestó Colombres Garmendia (h).

Cardozo lleva adelante una investigación jurisdiccional (procedimiento especial a cargo de un juez por la existencia de obstáculos constitucionales [fueros]) como consecuencia de un pedido de la fiscala María del Carmen Reuter. En junio, una joven que había colaborado con Fuerza Republicana declaró ante la Justicia que habían abierto una cuenta bancaria a su nombre y depositado más de $ 500.000. La denunciante afirmó que hizo varios reclamos; que fue amenazada y que Bussi la habría citado en su despacho el 11 de mayo, donde habría sucedido el abuso.

El legislador negó la versión. “Mi conciencia está tranquila, y así como demostré que nunca tuve coronavirus y que nunca Fuerza Republicana hizo política a través de dádivas y subsidios, voy a demostrar una vez más mi inocencia. Los embates hacia mi persona se tornan cada vez más frecuentes. No lo voy a permitir”, dijo.