EN LOS TECHOS. Los internos del pensal de Villa Urquiza estuvieron protestando durante más de dos horas. la gaceta / foto de josé nuno
"Cuidar la salud de la población carcelaria no puede ni debe conducir a la Justicia a aplicar medidas que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Las condenas deben cumplirse y el Estado debe garantizar la capacidad de respuesta del sistema penitenciario ante un posible brote de Covid-19". Ese argumento resume el proyecto presentado por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse para prohibir los arrestos domiciliarios.
El parlamentario propone "la prohibición de las prisiones domiciliarias basadas en causal relacionada con la prevención de contagio de covid-19 para los reclusos de las unidades penitenciarias de la provincia".
También sostiene que el Poder Ejecutivo debe "instalar un hospital de campaña en el penal de Villa Urquiza a fin de servir al aislamiento, en caso de ser necesario, de los reclusos que contraigan Covid-19".
Y pide que el Ministerio de Salud de la provincia establezca "todas las medidas de profilaxis necesarias para resguardar la salud de los internos en todo el ámbito penitenciario provincial".
Según Vargas Aignasse, "estableciendo los medios de atención necesarios, el sistema penitenciario estará en condiciones de garantizar la salud de los internos aún ante eventuales casos de Covid-19, volviendo completamente innecesaria cualquier medida judicial que pretendiere implementar prisiones domiciliarias u otras resoluciones que conduzcan a la excarcelación de presos o detenidos peligrosos".
La excarcelación de presos en todo el país, bajo el argumento de prevenir que pudieran contraer coronavirus, causó polémica y provocó el enojo de la sociedad, que cerró la semana pasada con un cacerolazo desde las ventanas y balcones.
