Urge que el Estado controle el abuso en los precios

A los múltiples inconvenientes que ya le genera a la sociedad la cuarentena que rige en el país desde hace 10 días, se le suman otros no menos grave y que podrían evitarse con controles eficientes: los desmedidos sobreprecios en productos de primera necesidad.

En una economía semi paralizada, que castiga sensiblemente a vastos sectores del país, principalmente a comerciantes, autónomos y trabajadores independientes que viven de su recaudación diaria, se le agregan las remarcaciones excesivas de algunos negocios que se aprovechan de la situación.

En algunos rubros puede llegar a tener relativa justificación, como es el caso de las frutas y verduras, ya que las restricciones de producción y circulación han causado cierto desabastecimiento, lo que provoca algún incremento frente a la caída del stock o de la oferta.

Aún así, subas que superan el 200% en menos de dos semanas, tal es el caso de la zanahoria, la banana o el tomate, como informó ayer LA GACETA, no soportan la más mínima explicación.

En otros productos, como bebidas gaseosas o alcohólicas, lácteos, jugos o fiambres, se detectaron subas del 300 y hasta el 500%. Alzas que no pueden justificarse desde ningún punto de vista, salvo la avivada de algunos que se aprovechan de las limitaciones que enfrenta la población para comparar precios, límites de circulación o de tiempo. Son actitudes verdaderamente coercitivas que generan mucha tristeza e impotencia.

Cuando vemos que estos excesos egoístas se extienden al resto de los productos alimenticios, cuya abastecimiento no se ha visto afectado, o a insumos vinculados a la salud y a la higiene, como desinfectantes, alcohol en gel, barbijos o guantes, es evidente que estamos frente a claras prácticas de agio y especulación.

Se ha denunciado, además, que existen sectores mayoristas que han recurrido al acopio de mercaderías esenciales a la espera de mayor demanda y mejores precios. De ser así, es sencillamente deleznable.

Estos abusos usuarios en una economía que parece estar librada al azar, a la buena voluntad de cada empresario o comerciante y, en definitiva, a las oscilaciones del libre mercado, es decir, a los caprichos de la oferta y la demanda, no parecen compatibles en un contexto de extremo intervencionismo estatal, que puso al país en un virtual estado de sitio.

Se han restringido las libertades más básicas, como la de circulación, de recreación, de reunión, entre muchas otras, pero los necesarios controles de precios no parecen estar a la misma altura de las circunstancias.

En algunas provincias se están tomando medidas, aunque a las claras resultan insuficientes.

Con la reciente clausura de nueve supermercados y la sanción a decenas de comercios minoristas, Santiago del Estero es, por ahora, la provincia que encabeza a nivel nacional la lucha contra los abusos y las especulaciones.

En Tucumán, en este sentido, el Estado parece estar absolutamente ausente, como no lo está en otros rubros y acciones frente a la pandemia. Urge que la provincia comience a tomar medidas ejemplificadoras para frenar estos excesos y proteger a una sociedad que se encuentra totalmente desamparada, frente a los aprovechadores que lucran con las necesidades más sensibles, en este o en cualquier momento, que son los rubros de alimentos y de la salud