Clan Toro: un crecimiento cargado de sospechas

Villa 9 de Julio se transformó en un terreno fértil para que el clan Toro pudiera crecer en el narcomenudeo. Pero no lo hizo solo. Siempre se sospechó que habían contado con algún tipo de apoyo o, al menos, con la indiferencia de los distintos poderes del Estado. “A esta gente, cuando asoma la cabeza, se la debe aplastar. Porque si se los deja crecer es muy difícil frenarla”, explicó un ex investigador especializado en temas drogas. En los últimos años, las diferentes versiones y varios secretos, se transformaron en indicios concretos.

En el vecindario contaron que hace poco más de 10 años, en la siesta de un domingo cualquiera, se vivió una tensa situación en el barrio Obispo Piedrabuena. Un equipo de la ex Brigada de Investigaciones hacía recorridos de rutina por esas calles. Mientras realizaba su tarea, observó que el conductor de una camioneta intentaba escapar al ser ubicado. Los policías lo persiguieron y lo detuvieron a pocas cuadras.

“Observé que los policías se fijaban lo que había en la caja. Me di cuenta que llevaba algo malo porque, después de comprobar lo que había, sacaron sus armas y apuntándolo lo obligaron a tirarse al piso”, dijo Marcos F., testigo del procedimiento. “El conductor, a los gritos les decía que lo dejaran ir, que él ya se había comunicado con alguien importante y que tendrían problemas”, recordó.

El vecino, con voz temblorosa, agregó: “a los pocos minutos llegaron en otra camioneta al menos cuatro hombres bien vestidos, gritándoles a los policías qué estaban haciendo. Después, llegó otro patrullero con al menos dos comisarios. Hubo una discusión, y el detenido se marchó riéndose. Era obvio que lo habían salvado y a los días se rumoreó que llevaba droga, unos 30 kilos de cocaína”, detalló Marcos F.

Luego de ese incidente, el jefe de ese equipo fue destinado a varias unidades de menor importancia durante el gobierno de José Jorge Alperovich. El caso nunca fue judicializado, ni investigado administrativamente en la fuerza de seguridad.

Planes y algo más

Tampoco se investigó cómo al menos un miembro del grupo, tuvo la chance de acceder a un plan social. En enero de 2009, cuando se realizó el megaoperativo en Villa de 9 de Julio que volteó a los Toro, los policías habían encontrado en un allanamiento un certificado de pobreza expedido a nombre de la propietaria de la casa. Estaba en una caja donde se ocultaban unos $ 34.600. En ese tiempo se podía adquirir un poco más de U$S 9.000 -hoy, serían unos $ 600.000, según la cotización oficial-). Con esa documentación la denunciada pretendía acceder a un beneficio.

El poder de los integrantes de la familia llegó hasta el interior del penal de Villa Urquiza. En octubre de 2009 se produjo un insólito hallazgo. En un barrote de celda, a la vista de todos, encontraron colgado un preservativo que tenía cocaína en su interior. Uno de los ocupantes del calabozo era Walter Sandoval, sobrino de Margarita Toro, que había sido detenido nueve meses antes en el operativo que había realizado la policía en contra de la organización y que luego fue condenado por comercialización de estupefacientes.

Roberto Guyot, entonces director del Servicio Penitenciario, había anunciado el inicio de una investigación para determinar si el reo había recibido ayuda de guardiacárceles para vender drogas. El ex funcionario y actual juez de Ejecución y Sentencia, fue mencionado en los casos donde se investiga el crimen y la tortura que recibieron otros reclusos por negarse a vender drogas que les entregaban los guardias.

Más casos

“Siempre estuvieron protegidos. Evidentemente los policías eran uno de ellos”, dijo Julio Soria, habitante de la barriada. Y sus palabras se sustentan con dos hechos puntuales. En septiembre de 2006, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas allanó la casa de Manuel “Maño” Toro donde se secuestró sustancias ilegales. La Justicia Federal pidió su captura, pero lo atraparon en la misma vivienda en enero de 2009 en el allanamiento en el que se golpeó al clan. “Le juro que andaba en la calle como si nada”, dijo el vecino.

El último antecedente es más cercano. El fiscal Pedro Gallo le inició una causa a un oficial de apellido Herrera por haberle extendido una constancia de extravío de documento a Maximiliano “Maxi Toro” Martínez. El problema radicaba que lo hizo cuando el sobrino de “La Jefa” tenía pedido de captura nacional e internacional por tentativa de homicidio y se mantenía prófugo de la Justicia desde hace varios meses.