Ya está en la Justicia la denuncia contra la fórmula jubilatoria

Ya son más de 7.000 los jubilados que han adherido al pedido sobre la inconstitucionalidad del cambio en el cálculo jubilatorio que presentó ayer al mediodía el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino. Por la mañana, antes de acudir a la Justicia, Semino reveló que las peticiones han llegado desde más allá de la avenida General Paz. “Del interior de país, desde Córdoba, Rosario, Mendoza y Comodoro Rivadavia, por ejemplo, han mandado adhesiones -transmitió en diálogo con radio Continental-. Apuntamos a tratar de evitar que el Estado genere una enorme industria del juicio, como sucedió en el caso Badaro, donde las largas esperas hasta que salían los fallos judiciales vieron morir a millones de jubilados sin que pudieran gozar de sus derechos”.

En consecuencia, además de la solicitud de inconstitucionalidad, la presentación de Semino contiene un pedido de medida cautelar para que el Gobierno aplique el índice que norma la reforma previsional de 2017. “La idea es volver a la movilidad anterior hasta que se fije otra fórmula. También estamos tratando de ayudar al Gobierno, que se ha expuesto a una nueva ola de litigiosidad”, advirtió Semino, cuyas declaraciones radiales fueron recogidas por la agencia Télam.

El origen del conflicto

El defensor de la Tercera Edad decidió acudir a la Justicia después de que el presidente Alberto Fernández modificara por decreto la fórmula de actualización de las jubilaciones, que había sido suspendida por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Mientras que el esquema aprobado por iniciativa del ex presidente Mauricio Macri consideraba las variaciones del índice de precios al consumidor y de un índice de salarios, el decreto de Fernández dispuso un aumento de 2,3 % más $ 1.500 para todos las jubilaciones.

Basta que un jubilado cobre más de $ 16.198 para que el nuevo aumento esté por debajo de lo que habría percibido si el kirchnerismo hubiera mantenido la indexación anterior, que fue sancionada en diciembre de 2017 después de que el mismo kirchnerismo intentara abortar la sesión y manifestantes arrojaran 17 toneladas de piedras contra los policías que custodiaban el Congreso, de acuerdo con un informe que publicó luego la Jefatura de Gobierno porteña.

Protestas y denuncias en Tucumán

Mientras tanto, los jubilados tucumanos marcharán otra vez a la plaza Independencia el próximo jueves a las 18.30. Luis Arroyo, referente del Movimiento de Jubilados del Este de Tucumán, le anticipó a LA GACETA que el miércoles él y sus compañeros se reunirán con los abogados de dos estudios jurídicos para decidir quién los patrocina ante el Poder Judicial. “Es mentira que hay aumento: solo hay una limosna inconstitucional, porque el decreto viola los derechos adquiridos de los jubilados y los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional”, sentenció Arroyo. El artículo 14 bis manda establecer por ley jubilaciones y pensiones móviles, y el 16 ordena que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley y que la igualdad es la base de las cargas públicas.

Además, Arroyo anticipó que los movimientos de jubilados de todo el país ya planean una “marcha nacional a pata y pulmón” de las personas de la tercera edad hacia el Congreso de la Nación y la plaza de Mayo. “Creemos que el Gobierno puede otorgar 30 % de aumento a las jubilaciones sin discriminación y sin achatamiento de la pirámide salarial. Incluso sabemos de dónde sacar los fondos para hacerlo, pero necesitamos que los miembros del Frente de Todos nos escuchen. Esperábamos un anuncio alentador de esperanza y nos encontramos con todo lo contrario”, protestó el referente.

Sacrificio de derechos

Por otra parte, en un artículo publicado en la página web de su estudio jurídico la abogada especialista en derecho previsional Agostina Bersezio observó que la ley de movilidad estableció un desfasaje temporal importante entre el momento en que se otorgaba el aumento y el período al cual este correspondía. Así, el incremento que las prestaciones previsionales recibieron en diciembre correspondió al trimestre de abril a junio de 2019, circunstancia que se vuelve particularmente relevante desde el momento en que la ley deja de estar vigente.

“Ningún jubilado o pensionado debería percibir en marzo un aumento inferior al 11,56 % imputable al período de julio a septiembre de 2019, ni en junio debería recibir un aumento inferior al 10,9 % correspondiente al trimestre de octubre a diciembre del año pasado. Estos períodos transcurrieron bajo la vigencia de la ley 27.426 y el derecho a percibirlos ya se ha consolidado a su amparo”, argumentó Bersezio. Según ella, admitir lo contrario supone crear un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, porque a un sector de la clase pasiva se le ha quitado algo que ya se encontraba incorporado a su patrimonio.

“Como garantía de institucionalidad en un Estado de derecho, los efectos de la ley de movilidad suspendida debieron perdurar durante el primer semestre de este año. Pero como en definitiva el Gobierno ha decidido desconocer esta realidad, se prevé que exista un incremento de la litigiosidad previsional”, pronosticó la abogada. Y concluyó: “en un país republicano, sin perjuicio de que se reconozca una situación de crisis, los intentos para superarla nunca pueden sacrificar los derechos adquiridos de uno de sus sectores más vulnerables”.