Ya son dos los planteos judiciales contra el ajuste

Un amparo busca activar la “cláusula gatillo”.

19 Ene 2020
1

ATE reclama que se pague la cláusula gatillo.

El instrumento legal mediante el cual el gobernador Juan Manzur y sus ministros suspendió el último tramo de la “cláusula gatillo”, con el cual debía incrementarse un 10,5% los sueldos estatales de diciembre, es un “engañoso” decreto acuerdo, cuando en los hechos lo que se ha dictado es un decreto de necesidad y urgencia. Este es el núcleo de la presentación judicial que el sindicalista Gustavo Salas Correa, de una línea disidente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), efectuó ayer ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el patrocinio legal del abogado Gustavo Morales.

A la vez, la presentación solicita, como medida cautelar, que se dicte una medida de no innovar, para evitar que la Casa de Gobierno modifique las condiciones de los acuerdos de paritarias de 2019.

Con esto ya son dos los expedientes judiciales que reclaman la nulidad del decreto acuerdo 1/1, por el cual la Casa de Gobierno “congeló” la indexación por inflación de los salarios de los empleados públicos de la órbita del Poder Ejecutivo. El miércoles pasado, el secretario general de ATE, Ángel Marcelo Sánchez, radicó un amparo, con idéntica presentación, directamente ante la Corte Suprema.

Los argumentos

Salas Correa sostiene que el contenido del instrumento del Poder Ejecutivo es de naturaleza legislativa. Justamente, los decretos de necesidad y urgencia deben ser necesariamente remitidos al Poder Legislativo, cosa que no ocurre con el caso de los decretos acuerdo, como el dictado el pasado lunes 6.

El sindicalista argumenta, además, que el decreto del Gobierno debería ser declarado nulo porque, “siendo desde el punto de vista estrictamente técnico un decreto de necesidad y urgencia”, no invoca ni la necesidad ni la urgencia de apelar a un mecanismo de legislación por vía extraordinaria. “Por el contrario, sólo se invoca la emergencia económica, social y financiera que atraviesa la provincia como consecuencia de las políticas aplicadas por la Nación durante los cuatro años de Cambiemos”, puntualizó el dirigente de ATE.

Denuncia penal

Además del amparo y la cautelar que interpuso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salas Correa presentó una denuncia penal, también con el patrocinio del abogado Morales, por presunto “fraude en perjuicio de la administración pública”, en contra de Manzur y de Sánchez.

El expediente adjunta la resolución 1.348, del 7 de octubre del año pasado, mediante la cual la Secretaría General de la Gobernación entrega al gremio de los trabajadores estatales, “a título de compensación”, $ 1,2 millón.

Salas Correa sostiene que se trata de una supuesta recepción “ilegal de dinero de la administración pública” que viola la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551); y asegura que esta asignación de compensaciones ocurre “desde diciembre de 2015 hasta la actualidad”.

Esta denuncia es referida en el amparo que se interpuso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en la cual se hace hincapié que Sánchez, su esposa, una hija y sus nueras trabajarían en la Legislatura.

Comentarios