En 2018, tras más de una década de litigio con la Provincia, los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán obtuvieron una sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) respecto de una serie de objeciones a artículos concretos de la Carta Magna modificada en 2006. En el listado de cuestionamientos, los abogados incluyeron el apartado que faculta al vicegobernador, en su carácter de presidente de la Legislatura, a fijar el monto de la dieta legislativa (única remuneración habilitada para los representantes del pueblo). Según Iriarte, lo resuelto por el máximo tribunal provincial debe ser respetado por los representantes del pueblo, por lo que la decisión de “congelar” los haberes, indicó, no debe ser instrumentada a través de una resolución interna, sino por los propios legisladores. “La dieta debe ser fijada en sesión pública”, indicó, en diálogo con LA GACETA.
“Esta sentencia está firme hace dos años”, añadió Iriarte. Destacó que la Provincia recurrió a la Corte de la Nación, en queja extraordinaria, pero mientras tanto lo resuelto por el máximo tribunal tucumano “debe ser cumplido” por la Legislatura.
“Ni el vicegobernador (en este caso, Osvaldo Jaldo) ni quien lo suplanta en la Legislatura (el legislador Regino Amado) tienen potestad para establecer el monto de las dietas, ni tampoco congelarlas. Esas medidas, de adoptarse, serían nulas de nulidad absoluta. Hacen demagogia con este ‘congelamiento’, a sabiendas que están violando un fallo descalificatorio de esa potestad”, añadió el constitucionalista.
Iriarte aclaró que el trámite debe darse en una sesión abierta al público, en la que se deberían ser debatidos los montos de los haberes parlamentarios; el mecanismo de actualización (o, en este caso, durante cuánto tiempo se suspenderán los incrementos); y todo lo relativo a la dieta legislativa. “Tanto el oficialismo como la oposición celebraron el anuncio, pero esto debe ser aclarado. ¿De qué cifra se está hablando, si nunca se dio a conocer el monto de manera oficial?”, planteó el abogado.
Por último, Iriarte señaló que los aumentos otorgados a los legisladores con posterioridad a la sentencia de la Corte de la Provincia dictada en 2018 podrían ser blanco de nuevas objeciones judiciales. “El sistema (previsto en la Constitución) violenta el principio de división de poderes”, aseveró el letrado.
Claves del “congelamiento”
1- ¿Cómo surgió la decisión?
El Congreso de la Nación, en el marco del debate de medidas de “ajuste” y “solidaridad” por la emergencia económica, anunció el congelamiento de las dietas.
2- ¿Qué implica esta medida?
A partir de sendas resoluciones, los senadores y los diputados nacionales no tendrán aumentos en sus dietas durante los próximos seis meses.
3- ¿Cuáles fueron las repercusiones?
En el último día hábil de 2019, Fuerza Republicana elevó un proyecto que proponía la suspensión de los incrementos en las dietas por idéntico período.
4- ¿Cuál fue la reacción del oficialismo?
El vicegobernador Osvaldo Jaldo se comunicó con el legislador Regino Amado -a cargo de la Presidencia- y le indicó que firmara el “congelamiento” de las dietas.
5- ¿Cuánto percibe un legislador por dieta?
Son unos $120.000 mensuales. El monto venía siendo ajustado en línea con la “cláusula gatillo”. En 2017, la dieta rondaba los $70.000 en mano.
6- ¿Los legisladores tienen otros recursos?
La Carta Magna sólo habilita la dieta como haber legislativo. Además, reciben viáticos, si viajan. Pueden gestionar subsidios a fundaciones sin fines de lucro.
