Por causas de los cuadernos, Bonadio procesa a Cristina y Servini sobresee a Máximo Kirchner

En el caso de la senadora es por la cartelización de la obra pública, mientras su hijo aparecía vinculado a supuestos delitos electorales. El juez federal incluyó a numerosos acusados, entre dirigentes políticos y empresarios. Servini decidió archivar la causa.

31 Dic 2019
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ÉL SÍ, ELLA NO. Distinta fortuna judicial tuvieron Máximo y Cristina en causas conectadas con los cuadernos de la corrupción, del remisero Centeno. reuters

Por la causa de los cuadernos de la corrupción, ayer se conocieron dos decisiones judiciales que alcanzan a integrantes de la familia Kirchner. En ese marco, por un lado, el juez federal Claudio Bonadio envió a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que su par federal María Servini sobreseyó al diputado nacional e hijo de la senadora, Máximo Kirchner.

Bonadio, además, envió a juicio oral a ex funcionarios como los detenidos Julio De Vido y José López y a empresarios en una investigación derivada del caso cuadernos, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública. El magistrado dio por cerrada la pesquisa y la remitió a sorteo de un Tribunal Oral con un total de 52 acusados, informaron fuentes judiciales.

Entre los procesados están la ex presidenta y actual vicepresidenta, el ex titular de Planificación Federal Julio De Vido y el de Obra Pública José López. También empresarios de la construcción como Juan Chediack, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Angel Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero y Gerardo Ferreyra. Además serán juzgados en esta parte del caso Cristóbal López, Fabián De Sousa y su hermano Osvaldo.

Los mencionados fueron procesados luego de que Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, fuera aceptado como imputado colaborador y aludiera a un sistema que habría funcionado durante la gestión kirchnerista para la adjudicación irregular de obra pública mediante el pago de “sobornos”.

“Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados”, sostuvo el fiscal del caso Carlos Stornelli al pedir el envío a juicio de la causa el mes pasado.

La causa principal por los cuadernos del remisero Oscar Centeno ya fue elevada a juicio oral, y quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 7.

Mientras tanto, Servini sobreseyó a Máximo Kirchner y a otros referentes de La Cámpora como Eduardo “Wado” De Pedro, José Ottavis y Andrés Larroque en una investigación por supuestos delitos electorales derivada del caso de los denominados “cuadernos de la corrupción”. La magistrada archivó la causa y sobreseyó a todos los imputados, según el fallo al que accedió Télam.

“La falta de requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal conlleva indefectiblemente al archivo de las presentes actuaciones por no poder proceder”, concluyó Servini.

La decisión se tomó sobre Máximo, De Pedro, Ottavis, Larroque, Julián Alvarez, el empresario de medios Sergio Szpolski y los ex intendentes de Vicente López Enrique García y de San Martín Ricardo Ivoskus.

Servini hizo “expresa mención de que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado los imputados”.

La magistrada resolvió así a raíz de un planteo hecho por el fiscal del caso, Jorge Di Lello, quien el mes pasado dictaminó por sobreseer a todos los imputados en esta causa que se abrió como una derivación de los cuadernos del remisero Centeno vinculada al financiamiento electoral.

Servini intervino como jueza federal con competencia electoral y concluyó que ante la falta de acusación fiscal no puede avanzar en la investigación.

En su dictamen el fiscal cuestionó la validez de las declaraciones de los arrepentidos del caso central que lleva el juez federal Bonadio porque no fueron filmadas y criticó la validez probatoria de los escritos del también imputado colaborador Centeno.

“En un Estado de derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino que tiene que desarrollarse de conformidad con las reglas procesales vigentes”, sostuvo Di Lello en ese dictamen.

Esta parte del caso se abrió por dichos del arrepentido ex secretario de Obra Pública José López, quien aludió a presuntas entregas de dinero para campañas electorales y nombró a los ahora sobreseídos. Para la fiscalía esta declaración no fue válida porque “no quedó registrada en ningún medio idóneo”.

En el caso de los supuestos delitos electorales denunciados, “el hecho y las pruebas imputados resultan imprecisos y vagos, contraponiéndose con el derecho de defensa en juicio”, sostuvo el fiscal. (Télam)

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