Manzur tendrá el Fondo Único de Cuentas Oficiales, pero no como quería

Se marca la cancha para reafirmar los límites en los que se desarrollará un juego determinado. En el “juego” de la política también pasa. Ayer, por ejemplo, sucedió en el recinto de sesiones de la Legislatura.

En lo que podría haber sido el último debate del año, y con la presidencia del vicegobernador Osvaldo Jaldo, el bloque oficialista y la alianza entre alfaristas y radicales dieron los votos para la sanción de una nueva ley de Fondo Único de Cuentas Oficiales (FUCO). Se trata de una herramienta financiera que había solicitado el gobernador, Juan Manzur, con la intención de asegurar el saldo favorable del Tesoro en los sistemas del agente oficial de la Provincia, el Banco Macro. Si bien el jefe del Poder Ejecutivo (PE) podrá disponer de la norma, gozará de menos atributos de lo que había requerido en la propuesta original.

Lo que se mantiene

El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, explicó que el sistema de Fondo Único de Cuentas Oficiales se utiliza hace décadas en la Administración provincial; de hecho, recordó que permanece vigente la ley 4.348, de 1975. Ayer se avanzó con el FUCO diseñado por el equipo económico del gobernador Manzur.

Este mecanismo, detalló Ruiz Olivares, posibilita que todas las cuentas corrientes del Estado provincial (poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios, comunas, órganos de control y otros entes, excepto la Caja Popular de Ahorros) operen como una “gran cuenta virtual” dentro del Banco Macro. La cuestión es que, en un tiempo de escasez de recursos públicos, la Provincia puede quedar con los números en negativo, lo que acarrea costos financieros al erario. “Si los saldos de todas las cuentas superan el monto del descubierto, no pagás intereses”, explicó Ruiz Olivares. Detalló que el FUCO “no es la Cuenta Única o Caja Única”, que ya fue derogada. “Esta herramienta es para que el Poder Ejecutivo pueda acceder a anticipos o a descubierto para pagar sueldos o afrontar temas urgentes, sin que se generen intereses”, indicó el oficialista.

Hasta allí se mantuvo sin cambios el proyecto enviado por Manzur, con la firma del ministro de Economía Eduardo Garvich.

Los ahorros presupuestarios

La controversia central giró en torno a los “Excedentes Financieros” previstos por la ley 6.930, de 1999.

Esta norma habilita a la Legislatura, a la Justicia provincial -en cabeza de la Corte- y al Tribunal de Cuentas a retener los fondos presupuestados y no aplicados durante un ejercicio, para poder utilizarlos en el curso del período siguiente como un “refuerzo extrapresupuestario”. Gracias a estos ahorros, el cuerpo legislativo solventa el Boleto Estudiantil Gratuito para el interior, y tanto la Corte como el ente de control pudieron inaugurar recientemente ampliaciones edilicias. Los legisladores aceptaron que esos remanentes sean incluidos en el FUCO, a fin de darle liquidez al Tesoro. Pero no lo hicieron en los términos solicitados por Manzur, y agregaron un artículo que establece que “en ningún caso (se) impedirá la disposición inmediata de los fondos (en cuestión) por parte de los titulares de los respectivos Poderes del Estado”.

El texto original prohibía que, con los ahorros, las tres instituciones realicen “inversiones y/o colocaciones financieras” con los “excedentes financieros”. “Esto sería un cercenamiento de facultades de parte del Poder Ejecutivo”, dijo el radical José Ricardo Ascárate, en alusión a la amplitud del concepto “inversiones”. En ese sentido, Raúl Pellegrini (PJS) propuso que sólo se consignara la expresión “colocaciones financieras”, de modo que el impedimento alcance sólo a la generación de plazos fijos -sólo la Corte cuenta con ese mecanismo, a través de acordada-. El oficialismo aceptó esos cambios, con lo que sumó los votos de los legisladores de “Vamos Tucumán”. Los ocho miembros de Fuerza Republicana, encabezados por Ricardo Bussi, sostuvieron en cambio su rechazo a la normativa. “Reclamamos austeridad y responsabilidad al gobernador. Estamos en una de las provincias que mayor presión fiscal ejerce sobre sus contribuyentes”, reprochó el republicano. “Basta de despilfarrar de este modo, empiecen a tomar el toro por las astas, sean transparentes en las cuentas, avancemos sobre leyes en ese sentido”, añadió el jefe del bloque de FR.

Defensa al texto original

El vicepresidente 1° de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, apoyó la iniciativa acordada por sus pares en la votación. Pero aclaró en el recinto que, a su criterio, el texto enviado por la Casa de Gobierno no registraba inconvenientes; incluso, consideró que el artículo original estaba “muy bien”. “Lo que propone (el PE) es una compensación global de saldos; hay cuentas ociosas que pueden tener excedentes y otras que pueden tener rojo”, indicó. Y aclaró: “el presidente de este Poder, Osvaldo Francisco Jaldo, no va a perder la potestad sobre los recursos de la Legislatura”.

Javier Morof, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, coincidió con Vargas Aignasse. “En ningún lado del artículo dice que el PE se puede apropiar de los fondos (generados por excedentes financieros)”, indicó el oficialista. Pero se mostró abierto a las modificaciones propuestas por la alianza alfarista-radical. “Lo que abunda no daña”, dijo, respecto al dictamen final.

Al cerrarse el debate, la votación nominal acabó 38 a 8, por lo que la iniciativa quedó sancionada y a la espera de la promulgación por parte de Manzur. “¿No quedó nada del artículo segundo, del original?”, le preguntó Jaldo al secretario, Claudio Pérez, mientras se avanzaba con el tratamiento en particular de cada apartado. En efecto, todo ese párrafo había sido cambiado.