Por Roberto Delgado
06 Diciembre 2019
Las oficinas de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) en Buenos Aires fueron allanadas el miércoles por orden de la jueza María Servini de Cubría, en el marco de la causa que se lleva a cabo contra los directivos del ente interestadual por presunta violación a la Ley de Glaciares.
Según informó Mariana Katz, abogada que representa al colectivo de vecinos de Andalgalá e integrantes de la Asamblea El Algarrobo, se trató de dos medidas judiciales en la causa “CPF 7979/19 De Miguel, s/ averiguacion de delito”. Una en las oficinas de YMAD y otra, una orden de presentación (acción previa al allanamiento) en las oficinas de la Secretaría de Minería de la Nación. “Ambas medidas fueron con resultados positivos”, dijeron los integrantes de El Algarrobo en su página de Facebook.
La denuncia había sido presentada el 25 de octubre contra todos los miembros del directorio: Luis de Miguel (presidente), Ángel de Jesús Mercado y Justo Daniel Barros (directores por Catamarca) y Domingo Marchese y Alfredo Grau (directores por la Universidad Nacional de Tucumán).
En reunión de YMAD el 3 de octubre, los tres primeros aprobaron el acuerdo con Minera Alumbrera para la futura explotación minera de Agua Rica en Andalgalá. Los directores por la UNT estuvieron presentes en YMAD pero se abstuvieron de votar porque no habían podido recibir mandato del Consejo Superior de la UNT.
En sesión del 8 de octubre, este organismo universitario debatió sobre las circunstancias que habían llevado al acuerdo minero desde la firma de un memorándum de entendimientro en marzo, sin que en ningún momento se hubiese tratado formalmente en el Consejo Superior.
La comunidad de Anddalgalá expresó en esa reunión sus temores por la posible contaminación del agua que iba a generar el emprendimiento minero -que, según se prevé, comenzará a operar aproximadamente en 2025- y advirtieron que hay un estudio ambiental llevado a cabo en 2008 por la misma Unioversidad Nacional de Tucumán.
En su presentación ante la Justicia, dijeron que tanto el memorándum de entendimiento como las ofertas 1 y 2 recibidas en YMAD por parte de minera Alumbrera y minera Agua Rica violan lo dispuesto por el Art. 6 de la ley de Glaciares y Ambiente Periglaciar. Destaca que, de acuerdo al Servicio Geológico Minero Nacional, en las Sierras del Nevado del Aconquija se ha determinado la existencia de glaciares y ambiente periglaciar.
También piden que se analice el rol de la Secretaría de Minería de la Nación, dado que en el acta del 3 de octubre se señala que hubo “intervención favorable” de esa secretaría con respecto a las ofertas mineras.
La presentación de la comunidad destaca que en 2010 los vecinos pidieron un amparo ambiental que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual en 2016 reconoció que “puede producirse un agravio al medioambiente” y que “tiene prevención absoluta la prevención del daño futuro”. Entonces -señala la presentación- el juez de Garantías de Andalgalá dictó una medida cautelar que ordenaba la prohibición de la explotación de Agua Rica. En forma paralela, el Concejo Deliberante de Andalgalá dictó una ordenanza por la que prohíbe la explotación minera en toda sus formas y el uso de sustancias tóxicas en el cordón montañoso Nevado del Aconquija y en la cuenca del río Andalgalá. Esta ordenanza ha sido objetada judicialmente por la empresa minera y por el Gobierno de Catamarca.
En pocos días se conocerá el resultado de las medidas judiciales, según explicó la abogada Katz. Consultado telefónicamente por este diario, el fiscal Guillermo Marijuán solamente confirmó que “es cierto” que se llevó a cabo la medida.
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