Los concursos van al matadero

Si un giro de la historia no corrige la trayectoria, la preselección de jueces, fiscales y defensores oficiales por concurso público de antecedentes y de oposición se despeñará en las catacumbas del acomodo. Esa es la coyuntura del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), organismo instalado hace una década exacta justamente para reducir la discrecionalidad del poder político y la partidización del Poder Judicial de Tucumán. Este triunfo institucional recibió un disparo en “la nuca” el 13 de septiembre, cuando el Poder Ejecutivo publicó la ley que en pocas palabras vuelve a entronizar la especulación. Esa norma jubila las ternas de aspirantes a la judicatura formadas con parámetros objetivos estrictos. El gobernador Juan Manzur podrá hacer subir a los candidatos de su confianza -y neutralizar a los antipáticos- sólo con demorar o adelantar las designaciones.

La experiencia enseña que en “Trucumán” gobierna quien controla la Justicia, en especial la cúpula, y los fueros penales y en lo contencioso administrativo. El poder indiviso no sabe de límites. Ello explica por qué, salvo excepciones muy excepcionales -valga el pleonasmo-, las denuncias de corrupción suelen caer en la nada y el secretismo, y ya nadie un esclarecimiento rápido y transparente. Pasó con la causa abierta en 2015 por el supuesto uso del avión sanitario para los fines particulares de la familia del ex gobernador José Alperovich. Hacia abril de 2016, ocho jueces se habían desprendido de ese proceso: Juan Francisco Pisa, Víctor Pérez, Mirta Lenis, Alejandro Tomas, Eudoro Albo, Liliana Vitar, Alfonso Zóttoli y Alicia Freidenberg. Tras ese tour infausto por la Justicia penal de la capital, el caso volvió al despacho de Pisa. De poco sirvió: transcurrieron tres años, y, según dicen, la pesquisa aún no reunió la información oficial sobre despegues, aterrizajes y pasajeros. En ese mismo lapso, Pérez, Lenis de Vera, Vitar y Zóttoli accedieron al paraíso judicial de la jubilación con el beneficio del 82% móvil.

La falta de independencia y de medios para investigar a los poderosos llega hasta el punto de que los Tribunales provinciales nunca juzgaron un caso de presunto enriquecimiento ilícito cometido en ejercicio de la función pública. El fuero federal saca pecho con un antecedente: la condena -todavía en discusión- del ex juez federal Nº2, Felipe Terán. Parecía que la Justicia ordinaria iba a perder “la virginidad” con el expediente del intendente tafinisto saliente y legislador electo mediante una alianza con el oficialismo, Jorge Yapura Astorga, pero los príncipes del foro vaticinan que aquel recibirá un alivio procesal, aunque no tan contundente como el que Pisa, el juez fiel, brindó al gobernador en la época de las elecciones del 9 de junio. El sobreseimiento por el presunto enriquecimiento ilícito correspondiente al paso de Manzur por el Ministerio de Salud local y la vicegobernación de Alperovich trascendió gracias a que un aspirante a magistrado, que participó en la confección del fallo de Pisa, lo divulgó en las redes para congraciarse con su designador.

Algunos concursantes se lanzaron a sobreactuar su cercanía con el poder político. Está corrido -vaya a saber hacia dónde- el límite del decoro y de la apariencia de imparcialidad. Este retorno a la pauta del amiguismo se reactivó cuando el oficialismo empezó a mellar la esencia originaria del CAM, que consistía en privilegiar la idoneidad, los méritos y el profesionalismo. El primer golpe fue la reintroducción en 2017 de un esquema de jueces precarios, que carecen de la estabilidad que garantiza la independencia. Luego vino la habilitación para que los ministros públicos Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila designen en forma discrecional y sin publicidad auxiliares que el Colegio de Abogados de la Capital considera fiscales y defensores oficiales encubiertos e inconstitucionales. Este año, por último, el Gobierno se reservó el derecho de manipular las ternas.

Las reformas del primer período de Manzur tienen potencial para convertir al Consejo en una anécdota. La política debilitó a la institución que ya se había traicionado a sí misma al caer en el nepotismo, y la designación dedocrática de la mayoría de los empleados y funcionarios. A la casa de los concursos le cuesta un Perú hacer concursos internos: para corroborarlo basta con auscultar las derivas endogámicas existentes en el plantel de educadores de la Escuela Judicial. Ese escenario se completa con una billetera cada vez más gorda. El CAM empezó a funcionar en octubre de 2009 con una proyección de gastos de U$S 75.000 anuales: el presupuesto para 2020 asciende a U$S 1,4 millones. Es casi la misma previsión que para 2019 ($ 86 millones), con el detalle de que un poco más del tercio de esa cifra ($ 30 millones) estaba destinada a la obra pública. La mesa de consejeros se ampara en la inflación, pero lo cierto es que la burocracia expansiva siempre demanda más recursos. La cuestión de los gastos empieza a ser incómoda en un organismo donde sus autoridades trabajan ad honorem. Esa flaqueza ya habría sido observada hasta por el miope Tribunal de Cuentas.

Aunque los consejeros que se están yendo presuman de una productividad récord en términos de procesos sustanciados y de ternas para la cobertura de vacantes judiciales remitidas al Poder Ejecutivo, el entusiasmo exterior no logra disipar la angustia que generan las nubes negras posadas sobre el horizonte. La política presiona para bloquear los concursos al tiempo que la sociedad clama por justicia. El combo augura más interferencia de los gobernantes en la configuración de los Tribunales y eso que la que hay es mucha. Esa tensión es el telón de fondo de la renovación inminente de los consejeros de la abogacía, la magistratura, la Legislatura y la Corte. No son comicios marginales. Lo que suceda en el período 2019-2021 puede ser decisivo para unos concursos conseguidos con sudor y judicialización, que hoy van hacia el matadero.