Inmuebles sin apto ambiental podrán ser regularizados

Un proyecto de ley que apunta a implementar un sistema de auditorías ambientales para edificaciones permitiría regularizar la situación de al menos 16 barrios del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (Ipvydu), según la información obtenida por la Legislatura. La iniciativa, que será tratada en la sesión del martes próximo, les ofrecerá una alternativa a los titulares de los inmuebles que todavía no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, que está a cargo de Alfredo Montalván.

El legislador Raúl Albarracín (UCR), autor del proyecto y presidente de la comisión competente, explicó en los fundamentos que la intención es modificar la Ley de Medio Ambiente, vigente desde 1991, para posibilitar una solución “de modo excepcional a la problemática generada por avances de obras sin haber cumplido los recaudos”. De ese modo, además, se logrará “una composición ambiental a través de la figura de la auditoría ambiental”, afirmó el radical.

La propuesta consiste en modificar el artículo 9 de la normativa actual, donde se consigna que quienes degraden el medio ambiente “serán responsables de los daños y perjuicios causados”. El texto propuesto por Albarracín y otros legisladores señala que, si dentro de ocho días de notificada la multa el infractor reconoce la falta, el monto se reducirá en un 40%.

En cuanto a la auditoría ambiental, su creación fue incorporada como disposición transitoria. El acogimiento a este sistema es para los casos en que la falta consistiera “en haber iniciado la construcción de obras o la realización de actividades, públicas o privadas hasta el 31 de marzo de 2019, sin cumplir previamente con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”. En estos casos, el reconocimiento de la infracción facultará a las autoridades “en forma excepcional y cuando la naturaleza de la obra u actividad lo justificare”, a solicitar al infractor una auditoría ambiental de la obra o actividad iniciada. “En caso de que la auditoría ambiental fuera aprobada por el Consejo Provincial de Economía y Ambiente, o por el organismo que lo reemplace en el futuro, se dará por cumplimentado el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, señala el articulado propuesto.

Según la documentación que recibió la Legislatura de desde el Instituto de la Vivienda, en esta situación se encontrarían unidades sociales de barrios de Trancas, de Aguilares, de Concepción (cuatro), de Las Talitas (cuatro), de Yerba Buena, de Villa Mariano Moreno, de Lomas de Tafí, de San Andrés (dos) y de Carmela. Fuentes del Poder Legislativo explicaron que muchas de esas casas fueron entregadas, pero sus titulares tienen problemas en varios casos para acceder a servicios públicos, como agua y luz. Una vez que se regularice la situación, indicaron desde la Legislatura, este conflicto quedará resuelto. Además, la nueva norma no sólo permitirá el acogimiento de inversiones públicas, sino también de emprendimientos privados de toda la provincia.