La Justicia local podrá aplicar la ley contra los dealers, según Jaldo

A más de cinco años del frustrado intento inicial por habilitar la intervención de la Justicia provincial en las causas de venta de droga a baja escala, la Legislatura sancionó ayer una nueva ley de Narcomenudeo.

Con el nuevo sistema, que comenzará a tener vigencia el 1 de enero de 2020, los fiscales y jueces del Poder Judicial de Tucumán podrán investigar, procesar y condenar a los dealers, según expusieron ayer los legisladores.

Tras un debate que se extendió por más de dos horas, la mayoría del cuerpo colegiado -con el rechazo del radical Fernando Valdez- apoyó la iniciativa, que no depende sólo de la promulgación del Poder Ejecutivo para su puesta en funcionamiento.

La anterior experiencia, implementada a partir de la ley 8.664, de 2014, quedó trunca a partir de una acción judicial impulsada por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que derivó en el dictado de una cautelar de la Corte Suprema de Tucumán.

En opinión del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, el nuevo texto “perfecciona” al anterior, que queda derogado, y “elimina los motivos por los cuales se procedió a su judicialización”. “De aquí en más, tanto el Poder Judicial de la Provincia como el Poder Ejecutivo van a tener la palabra en cuanto a la posibilidad del cumplimiento (de la ley de Narcomenudeo). Les damos esta norma y les ponemos todas las alternativas posibles (para que la cumplan)”, expresó el presidente de la Legislatura, en rueda de prensa, ante una consulta de LA GACETA. En ese sentido, enumeró la decisión de reforzar la asignación de recursos humanos (con tres fiscalías y tres juzgados específicos en la materia y la posibilidad de instrumentar subrogancias) y presupuestarios (se habilita a readecuar partidas de fondos), con el objetivo de que, esta vez, la “desfederalización” de los casos de droga sea haga efectiva. “Les damos todas las variantes para que los dos poderes (del Estado provincial) puedan acomodarse, y que la ley sea aplicada lo antes posible”, remarcó el vicegobernador.

“Este es un flagelo que afecta la seguridad y la salud pública de los tucumanos”, dijo Roque Cativa (PJ), titular de la comisión de Legislación General. Y consideró que la adhesión a las leyes nacionales para la “desfederalización” de casos de narcomenudeo aportará “las herramientas necesarias” contra los dealers.

Claudio Viña (Nueva Fuerza), de Lucha contra las Adicciones, apeló “a la buena fe de quienes tienen que aplicar esta ley”. “Tucumán está invadido por estos clanes”, relató el opositor.

Javier Pucharras (PJ), titular de la comisión de Seguridad, afirmó que “se otorgaron los elementos necesarios al Ejecutivo y a la Justicia provincial para que puedan actuar ante este flagelo”. “Ahora, los delincuentes que trafican muerte sí se van a tener que preocupar”, añadió.

Pese al extenso intercambio de argumentos, la mayoría no logró convencer al radical Valdez, quien expuso cuestionamientos al régimen. Recordó que en 2014, cuando se aprobó la primera y fallida experiencia, había rechazado su implementación. “Hay cuestiones de infraestructura que esta norma no logrará subsanar”, alertó. Y si bien destacó el intento por afrontar el desafío, afirmó que se mantendrán los conflictos de competencia.

La peronista Stella Maris Córdoba, autora de uno de los proyectos, sostuvo que la Justicia provincial fue uno de los poderes que “mayor incremento presupuestario” obtuvo en estos años.

Por su parte, Marcelo Caponio (PJ) interpretó que los jueces federales “no dedican su esfuerzo al narcomenudeo, sino al narcotráfico” a gran escala. “En Tucumán es más fácil vender droga que conseguir la habilitación de un quiosco de caramelos”, comparó el legislador justicialista.

El radical Rubén Chebaia le dio la razón en parte a Valdez, pero resumió el debate con una disyuntiva: “o hacemos esto o no hacemos nada”. Sus pares se inclinaron por la primera opción.

En el temario legislativo

Crisis alimentaria, música y estudiantes

El bloque oficialista, con el apoyo del alfarismo, del lavagnismo y de un sector de la UCR, aprobó ayer el proyecto que solicitaba al Congreso el tratamiento del proyecto de emergencia alimentaria a nivel nacional (que precisamente ya comenzó en Diputados). El macrista Alberto Colombres Garmendia votó en contra, y reclamó medidas concretas de la Provincia para combatir el hambre. En cambio, recibió un sinfín de “chicanas” por un error: se refirió a los “comedores” como “comederos”. Además, se le dio sanción a la Ley de la Música, se adhirió a la Provincia a la ley nacional de Centros de Estudiantes y se incorporó el Día Nacional de los Afroargentinos.