Por Martín Dzienczarski
16 Agosto 2019
Una casilla de chapas rosa montada en plena Plaza de Mayo en Buenos Aires, frente a la Casa Rosada. De esa manera la organización social comunitaria Techo busca reflejar la realidad de las más de 4 millones de personas que viven en el país en barrios populares, definición que reciben las barriadas donde se subsiste en condiciones de vulnerabilidad. “Queremos visibilizar la emergencia que se vive en los barrios populares, como mensaje de las miles de familias que no pueden elegir: estas familias en más de 4.000 barrios del país no eligieron vivir en un lugar sin acceso a servicios básicos, sin luz, agua potable, cloacas, de manera hacinada y padeciendo inundaciones constantes”, expresó David Villarroel, coordinador en el NOA y NEA de la organización.
Según el reporte de la organización, unas 900.000 familias viven en casas con piso de tierra y paredes de cartón o lonas. Si se considera que cada familia tiene en promedio cinco integrantes, se trata de 4,5 millones de personas que viven en estas condiciones. Es tres veces la población de Tucumán (1,5 millón de habitantes).
En meses de campaña electoral, la organización planteó tres propuestas para ser implementadas por la siguiente gestión, para sostener una agenda enfocada en la crisis habitacional de las personas con bajos recursos.
Diagnóstico
Techo define como barrio popular a la barriada donde al menos ocho familias viven de manera continua y que no cuentan con acceso a dos de tres servicios básicos: agua, luz y cloacas. Otro factor es que tampoco cuentan con el título de propiedad. En base al relevamiento realizado de manera conjunta entre el Estado nacional y organizaciones sociales que dio lugar al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), Techo sostiene que hay 4.416 barrios populares en el país, donde viven más de 4 millones de personas.
En el desglose de información, explicó Villarroel, el 70% de los barrios populares no cuentan con acceso formal a energía eléctrica, el 98% no cuenta con acceso formal a la red de agua potable o cloacas. En siete de cada 10 asentamientos las casas están a menos de 10 metros de algún factor de riesgo, como torres de alta tensión, canales, vías del tren o rutas. El 38% no tiene un servicio formal de recolección de residuos, el 41% de los barrios tiene el hospital más cercano a cinco kilómetros. Y en el 77% de los casos, las personas viven en terrenos de dominio privado, por lo que no tienen el título del lote. “Esto muestra de la complejidad del problema”, completó el coordinador.
De corto a largo plazo
Las tres propuestas, explicó Villarroel, son a corto, mediano y largo plazo. “Lo primero que se necesita es abordar la emergencia habitacional. Más de 900.000 familias se encuentran en condiciones vulnerables severas, en casas con piso de tierra, paredes de cartón o lonas y techos que se llueven. Esto necesita de una política específica. Por ello presentamos una propuesta de producción de viviendas de emergencia que se basa en las viviendas que construimos en Techo en base a un modelo que fue analizado por la Universidad Católica Argentina”, expuso Villarroel. El objetivo es construir casi 1 millón de viviendas para solucionar la situación de la población que vive en casillas de precariedad y riesgo sanitario alarmantes.
La segunda propuesta de Techo busca brindar una solución a mediano plazo a los barrios populares con la aplicación efectiva de la Ley de Integración Sociourbana de Barrios Populares -que se aprobó el año pasado en el Congreso-, que tomó el relevamiento de barrios populares realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación junto a organizaciones sociales. “Esta ley no fue reglamentada ni cuenta con presupuesto asignado, por lo que no se ha avanzado en ninguno de sus puntos. Entre otros, ordena que durante cuatro años no haya desalojos en estas barriadas y se articulen acciones para urbanizar estas zonas”, dijo Villarroel.
Por último, la tercera propuesta de Techo es para implementar una planificación territorial. “Una de las grandes problemáticas con el hábitat es el acceso al suelo urbano. Se requiere suelo habitable. Las personas que no cuentan con la capacidad económica para acceder a viviendas aptas de urbanizaciones formales se instalan en zonas que no son seguras. Queremos que haya una planificación delimitando zonas de acceso a suelo urbano, para garantizar condiciones de vida dignas a las nuevas generaciones”, finalizó.
Las propuestas para villas vulnerables
1. Según el relevamiento de la Nación junto a organizaciones sociales (entre ellas, Techo), hay 900.000 familias en el país que viven hacinadas en casas con piso de tierra y paredes de cartón. Proponen construir casi 1 millón de viviendas de emergencia.
2. El Congreso aprobó el año pasado la Ley de Integración Sociourbana de Barrios Populares, para regularizar la situación dominial de los más de 4 millones de personas que viven en villas vulnerables. La Nación no asignó presupuesto para aplicar la ley ni la reglamentó.
3. Techo propone realizar una planificación urbana que garantice el acceso a zonas urbanizadas a la población con bajos recursos que, sin opciones, se instala con sus viviendas en terrenos que no son aptos para vivir. El objetivo es que no se generen más villas.
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