La Corte muta de envoltorio

La Justicia ingresó a los boxes de las vacaciones de invierno con la certeza de que empezó la etapa de la Corte de Juan Manzur. Hasta el 9 de junio parecía que el senador José Alperovich conservaba el password del alto tribunal. Después de todo había nombrado a la mayoría de los vocales: Antonio Daniel Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Oscar Posse. Pero el ajusticiamiento en las urnas disparó un procedimiento de “desalperovichización” judicial. Puertas adentro de los Tribunales señalan a Daniel Leiva, ex fiscal de Estado de Manzur y abogado de la máxima confianza del vicegobernador Osvaldo Jaldo, como abanderado del nuevo orden. Si bien llegó a su vocalía magullado por la proximidad con los gobernantes y por su currículum sin brillo -incluido un rendimiento académico sombrío-, Leiva se instaló en cinco meses a fuerza de ir temprano a la oficina y de “estar en todo”. Desde esa posición aspirante controla y anticipa las jugadas, aunque esté excusado: es un influencer en expansión gracias a la victoria oficialista y a la salud endeble, tirando a mala, del vocal decano René Goane.

Una regla no escrita refiere que la Justicia -al menos la argentina- inclina su báscula en función de los resultados de los comicios. La magistratura es permanente mientras que los poderes políticos están sometidos a la regla de la periodicidad de los mandatos para evitar el oprobio de los Tribunales adictos, pero esa profilaxis institucional tropieza una y otra vez contra la práctica. Por eso el triunfo sin atenuantes de Manzur y de Jaldo se proyecta como la clave de lectura de las decisiones judiciales trascendentes, como si las sentencias viniesen envueltas en papeles celofanes de los colores del Partido Justicialista. No es que antes no fuera así, es que ya fue el packaging de Alperovich.

El embalaje de moda apareció con luces de neón, según algunos, en la sentencia del 14 de junio de la Corte que “atrasó” casi dos años el juicio que había iniciado el Colegio de Abogados de la Capital para -¡atención!- que el Gobierno deje de retardar su obligación constitucional de designar jueces, fiscales y defensores oficiales surgidos de concursos públicos. Los vocales Posse, Estofán y Sbdar sencillamente reemplazaron la decisión sobre la competencia que habían emitido y que estaba firme: un príncipe del foro evalúa que el giro rompió la seguridad jurídica. Más allá de que mandó a los letrados a litigar a Magoya, el alto tribunal gestó de manera implícita un proceso lo suficientemente largo como para garantizar a Manzur que no será molestado. El Poder Ejecutivo podrá seguir haciendo lo que quiera en lo que a los nombramientos se refiere: incluso no hacer nada por los siglos de los siglos. Amén.

A la par de los actores preexistentes que querrían congraciarse con los políticos vencedores están los que creen estar ante una gran oportunidad laboral. Eso vio el opositor Eudoro Aráoz detrás del sobreseimiento masivo que acaba de dictar el juez Facundo Maggio en las denuncias de corrupción icónicas de las valijas legislativas. Los correveidiles luego ratificaron esa percepción: varios funcionarios denunciados sugirieron que el propio juez se habría preocupado para que los interesados sepan la novedad. Más allá de que al final nadie investigó las presuntas maniobras con U$S 46 millones en concepto de gastos sociales, la realidad es que la decisión de Maggio llega en el momento justo para anotarlo en la competencia sucesoria de Goane. Los antecedentes ratifican ese posicionamiento. Un dictamen de tenor parecido en el mismo expediente catapultó al ex fiscal Washington Navarro Dávila al Ministerio Público de la Defensa. Maggio fue más lejos que aquel en el blindaje a los poderosos. Además, sus actos llevan el sello característico de su tío político, el jefe de los fiscales Edmundo Jiménez.

Arde la nómina de candidatos a vocal de la Corte en parte porque ese mundillo especula con tres opciones: una vocalía, dos, cuatro, cinco o... seis. La amplitud de la oferta depende de variables que están en el aire. A la más que posible partida de Goane, que acumula 158 días corridos de licencia por enfermedad, se suma la comentada posibilidad de que Estofán tome el mismo rumbo. Ese itinerario se apoya no sólo en la falta de entusiasmo con la función que luce el ex fiscal de Estado alperovichista y en algunos achaques, sino también en señales de que se está preparando para el llano. En el Palacio de Justicia, por ejemplo, aguardan la orden para designar a María Marta Estofán como relatora de su padre en el puesto que liberó Alicia Degano.

Si Manzur recibiese el poder de cubrir dos asientos en la Corte podría preciarse de haber borrado -también allí- la huella de su antecesor. Pero el sueño de una mayoría propia no se agota en ese punto. Algunas espadas de la Legislatura acarician el anhelo de una ampliación del alto tribunal al mejor estilo de la que practicó el radical Gerardo Morales apenas llegó a la más alta dignidad pública de Jujuy. En ese espejo se mirarían los oficialistas que apuestan a coronar 2019 con la reconquista de la Casa Rosada. Un regreso del kirchnerismo habilitaría a “Trucumán” a sincerar el papel del Poder Judicial. Para completar ese programa de dominación sin matices y de destierro del ideal de independencia resultaría indispensable un estrado de siete o nueve miembros.

La expectativa de varias vacantes desató un furor tangible. La lista de candidatos (para cargos aún no disponibles) llega a la Loma del Pila. Hay allí al menos seis mujeres por si al oficialismo se le antoja quedar bien con el discurso de la paridad: las camaristas Marcela Ruiz y Malvina Seguí; la decana Adela Seguí; la relatora de Leiva, Belén Japaze, y la de Goane, Carolina Falú, y la fiscala de Estado y sobrina de Jiménez, Eleonora Rodríguez Campos. En cuanto al sexo opuesto se menciona a Fernando Poviña (padre e hijo); al camarista Ricardo Acosta, que mostró sus agallas al autorizar el adelantamiento de las elecciones; al factótum judicial Marcelo Caponio y a Maggio. Si hubiese Corte con nueve sillones, uno de los lugares quedaría para “la oposición”: sería la manera de adecentar una política considerada repugnante para la república.