Por sobrepoblación, declaran la emergencia penitenciaria

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la “emergencia en materia penitenciaria” por tres años por la sobrepoblación en las cárceles federales. Además, creó una comisión especial para elaborar políticas que puedan resolver el déficit habitacional en las prisiones, mejorar las condiciones de privación de la libertad e implementar medidas alternativas al encarcelamiento. La medida se extiende a todo el país, según informaron ayer fuentes de esa cartera.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, rubricó la resolución, que quedará formalizada con la publicación en el Boletín Oficial hoy.

Facundo Bargallo Benegas, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la Nación, expresó que la declaración de la emergencia en las cárceles federales es una disposición “urgente” para evitar que la situación actual se agrave. “No se puede esperar más”, expresó.

“Esto es un aviso y no queremos que avance, porque el crecimiento de la población penitenciaria va a seguir debido a las políticas exitosas contra el delito”, indicó a la agencia Télam el funcionario.

Según la resolución firmada ayer por el ministro Garavano, en la actualidad, la cantidad de presos es un 12% superior a la de plazas disponibles en la cárceles del sistema federal.

Bargallo Benegas destacó, en esa línea, que hay muchas obras en marcha para construir nuevas unidades y ampliar las ya existencias en distintas provincias, como Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires.

Reproches

Tras la confirmación de la medida, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, enfatizó que la emergencia penitenciaria ha reflejado un problema que sobrepasa la frontera provincial, con referencia a la crisis carcelaria local que afrontan las comisarías y el penal de Villa Urquiza.

“No hay dudas de que tenemos nuestras dificultades, que son de público conocimiento. Pero lo que hoy declara el Gobierno nacional muestra que es un problema que va más allá de nuestra jurisdicción. Esta situación se debió a la falta de políticas claras por parte de la Nación en materia carcelaria. Después de tres años y medio establece la emergencia”, enfatizó.

El presidente de la Legislatura responsabilizó a la Casa Rosada por la actual situación en el sistema penitenciario y reprochó que no haya concretado la instalación en Tucumán de una cárcel federal. “El Gobierno nacional tenía previsto construir 10 cárceles federales en el país y había dispuesto el financiamiento para esas obras. Una de esos penales iba a ser para Tucumán y, para ello, la única condición había sido la adhesión al Decreto de Emergencia en Seguridad. Nos adherimos a través de la Legislatura, pero no pusieron un ladrillo en la provincia”, apuntó Jaldo.

Por su lado, el ministerio de Seguridad local celebró la emergencia federal. “La provincia viene trabajando en este aspecto hace más de tres años. Observamos que han comprendido la crisis actual que se viene acrecentando día tras día por la falta de asignación en recursos del Estado nacional”, señaló a través de un documento.

Recordó que desde hace más de tres años viene gestionando ante el Ministerio de Seguridad y el de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación la construcción de alcaldías y de nuevos servicios penitenciarios para palear el déficit carcelario.

“Solicitamos la construcción de una alcaldía federal, teniendo en cuenta que el servicio penitenciario provincial atiende a la Justicia ordinaria y Federal, como así también recepciona a todas las personas privadas de la libertar producto de operativos de las fuerzas nacionales con asiento en la provincia”, comentó. “Se destaca el intenso trabajo operativo para la neutralización del delito y acertadas tareas investigativas que han propiciado el incremento de la población , tal es así que el servicio penitenciario aloja actualmente 1.181 personas, condenadas y procesadas. En tanto, en las comisarías se mantiene una población permanente superior a los 900 detenidos”, se reconoció en la nota.

Por otra parte, el último informe del Servicio Penitenciario Federal incluía a mediados de febrero a 13.529 internos, unos 1.400 por encima de la capacidad de las prisiones. Además, las cifras oficiales mostraban que la cantidad de población presa se había incrementado en un 30% desde 2015.

Días atrás, se dispuso el traslado de Gustavo “El Gordo” González, entre otros detenidos por causas federales, a otros penales del país, como el de Resistencia, Chaco, por falta de lugar en Villa Urquiza.