13 Marzo 2019
La fiscala de Homicidios, Adriana Giannoni.
Los abogados Salvador del Carril y María Teresa Mockevich, dos de los firmantes de la denuncia penal en contra de los médicos que practicaron la cesárea en el caso “Lucía”, aseguraron ayer que solicitaron diversas medidas a la fiscala de Homicidios, Adriana Giannoni.
En una entrevista con “LA GACETA Central”, el noticiero del mediodía de LG Play, los letrados optaron por no dar demasiadas precisiones al respecto, ya que solicitaron el secreto de sumario.
De todos modos, ratificaron su hipótesis de que, al interrumpir el embarazo y registrarse luego el fallecimiento de la neonata, los médicos José Gijena y Cecilia Ousset habrían incurrido en un delito.
“Hubo un parto, un nacimiento de una beba que tuvo 10 días de vida y luego se produjo su deceso. La causa (de muerte) fue haber colocado a la menor en una situación de prematurez extrema”, señaló del Carril. Y consideró que la gestación debió proseguir hasta su término natural. “No había indicaciones de una cesárea de urgencia, según tenemos entendido”, dijo.
Mockevich afirmó que una junta compuesta por unos 17 profesionales “desaconsejaba la interrupción en esta etapa del embarazo”.
Del Carril advirtió que el fallo “FAL”, dictado por la Corte nacional en 2015, ha sido “malinterpretado en este caso”. “Lo que hace (la sentencia) es regular el aborto no punible previsto en el Código Penal”, sostuvo. Y añadió: “acá no hubo aborto, hubo una cesárea, un parto y un nacimiento”. La denuncia fue firmada también por Viviana Matar, Luciana María Colombres, Jorge Javier Ramacciotti, Constanza del Carril, Raúl Alfredo Lezana, Angella Lorna Vittini y Ricardo Miguel Auad. Requirieron además una investigación contra la defensora de Menores N° 3, Mónica Romano, por los presuntos delitos de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Afirman que omitió representar los derechos de la neonata.
Según Mockevich, “no debió intentar aplicarse un protocolo que no está vigente” en Tucumán. Y agregó que la normativa “está entendiéndose mal”. “El aborto es delito; el Congreso dijo ‘no’ (al proyecto) el 9 de agosto; no es legal. Tenemos que acompañar a las familias y a la embarazada, que pueda llevarlo a término al embarazo, y si no quisiera criarlo, bueno, darlo en adopción. Pero tenemos que ayudar a llegar a los argentinos por venir, no matarlos a través de abortos”, afirmó la abogada.
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