La seguridad se convierte en el tema excluyente

Se acercan las elecciones y los políticos se preparan para la campaña. Las alianzas se definen, los actos políticos toman el escenario público y se esbozan las propuestas partidarias. De cara a las urnas de 2019, la seguridad es el tema central.

Durante 2017 casi el 20% de los habitantes de la Nación fueron víctimas de un delito contra la persona, según indica la Encuesta de Victimización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En Tucumán, los números son aún más alarmantes. El 26% de los adultos ha sido víctima de un delito como robos con violencia, estafa o fraude, agresión física, amenaza, abuso sexual o pedido de coimas por parte de agentes estatales.

El fenómeno de la inseguridad en la Argentina no es una cuestión aislada. América latina es la región más desigual y violenta del mundo. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), denominado “Seguridad Ciudadana con un Rostro Humano”, muestra en Latinoamérica una gran paradoja: un aumento en las tasas de homicidios cuando en otras regiones se observa una disminución.

En la Casa Rosada ya hay una iniciativa para resolver la problemática con el nuevo protocolo para uso de armas de fuego presentado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El protocolo autoriza a las fuerzas de seguridad federales a hacer uso de sus armas de fuego cuando en situación de “peligro inminente” propio o para un tercero. La noción de peligro inminente incluye la “presunción de que el sospechoso pueda poseer un arma letal”.

Los gobiernos provinciales no se quedan atrás. El viernes se aprobó en Tucumán el “protocolo Maley”. El proyecto busca regular el accionar de la policía provincial reafirmando las disposiciones vigentes de la Ley Orgánica de la Policía (ley n° 3.656). El texto establece que la policía sólo podrá disparar en situaciones donde “resulten insuficientes otras medidas menos extremas y su uso sea necesario por actuar en defensa propia o de otras personas” siempre y cuando no haya riesgo de lesiones para terceros.

El protocolo provincial autoriza el uso de la fuerza con los objetivos de hacer cumplir la ley, evitar la violación de los derechos, salvaguardar el orden y la paz públicos, evitar el destrozo de la propiedad pública o privada, prevenir la comisión de conductas ilícitas y contrarrestar la resistencia de las personas para lograr su detención. Cuando el cumplimiento de esos objetivos se vea amenazado, el personal policial deberá iniciar un uso gradual de la fuerza. Son cinco los niveles previos al uso de la fuerza letal. El primero y el segundo son la Presencia y la Verbalización, en ellos se utiliza contacto verbal para inducir al agresor a que desista su actividad. En el tercer u cuarto nivel, control de contacto y reducción física de Movimientos, implican la utilización de técnicas de control físico por parte del policía para inmovilizar al agresor. El penúltimo nivel previo a la fuerza letal es la implementación de armas intermedias, que no causen daño físico severo, como el bastón policial o el gas aerosol. Una vez agotados los cinco niveles previos, el empleado podrá emplear armas letales para neutralizar la amenaza.

El plan tipifica en el articulo 11 conductas en las cuales se considera indebido el uso de la fuerza. Incluye actos de venganza, de tortura y disparar a personas que solamente se encuentran causando daños a objetos materiales o a sí mismas.  

El tema de la seguridad no se agota con el nuevo protocolo provincial, sino que a él se suma la creación de las Policías Municipales de Prevención Local y la compra de equipamiento a Israel, por U$S 8,5 millones, un proceso que, según el ministro de Seguridad Claudio Maley, implica la primera etapa del Plan de Equipamiento Global. En ese aspecto, desde la Casa de Gobierno se informó que hay varios países que utilizan el sistema armamentístico denominado “IWI”, que es el que aplicará Tucumán. Entre otros, se mencionó a México, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y los Estados Unidos. Además, se usa en Estados Unidos, Canadá, India y en varios países africanos.

Otras acciones

Las Policías Municipales tendrán como objetivo principal prevenir el delito por medio del acercamiento entre la policía y la comunidad. La instrucción de los actuales vigías demandará entre 12 y 24 meses, antes de reconvertirlos en policías comunitarios, indicó Maley. Paralelamente, está previsto que el año que viene se capaciten e ingresen a la fuerza unos 300 agentes de los cuales, la mitad será para reforzar el área vial, otros 50 para inteligencia criminal, la misma cantidad para bomberos (en Capital y en Concepción) y 50 para combatir el narcotráfico.

“Hay que destacar la voluntad y decisión política de distintos sectores políticos de avanzar para cuidar y proteger los tucumanos”, afirmó el gobernador, Juan Luis Manzur, en una entrevista con LA GACETA. “Hay una decisión política firme, no sólo del oficialismo, sino de otros sectores que nos acompañarán. (La seguridad) Es un tema de la sociedad en su conjunto”, agregó.

El Poder Ejecutivo trata de dotar a su fuerza policial de los elementos necesarios para prevenir y combatir el delito. La Legislatura le aprobó el marco jurídico para avanzar en una reforma estructural de la seguridad, mientras reclama que el Poder Judicial también ponga límites a los que cometen delitos.

Tras la sanción del paquete de medidas para fortalecer la seguridad en la provincia, el gobernador evitó entrar en polémicas respecto de los cuestionamientos formulados por la oposición sobre el monto invertido por el Estado y el precio que se abonará por el armamento, más alto que otros valores de mercado, según los legisladores. “Lo que sí tengo que garantizar es darle las mejores herramientas de trabajo a los agentes, como las que tienen las principales policías del mundo”, se limitó a contestar el titular del Poder Ejecutivo.

En tanto, el ministro de Seguridad de la provincia indicó que la actual gestión de gobierno “ha decido invertir seriamente en su policía, constituyendo la adquisición decidida por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la primera etapa de un Plan de Equipamiento Global”. Puntualizó, además, que el programa comprende el fortalecimiento del parque automotor y la actualización del Sistema Integrado 911, con una red de comunicación encriptada para toda la provincia.